Guatemala espera fin de embargo militar de EE.UU

Guatemala, 22 dic (PL) El restablecimiento de la ayuda militar estadounidense a Guatemala puede darse en 2013, en tanto Washington mantiene sus condiciones para lograrlo.

  Las autoridades norteamericanas implantaron un embargo en esa materia en la década de 1980, cuando consideró al Gobierno un violador de los derechos humanos, con lo cual les niegan al país participar en su programa de financiamiento castrense.

Desde entonces prohíbe cooperación de todo tipo con el Ejército de esta nación centroamericana, incluido el suministro de armamento.

Ahora el presidente Alvaro Colom anunció avances en el Congreso de aquel país en la intención de levantar esa medida, pero está supeditado a varios aspectos.

Tras su visita reciente a Washington, Colom dijo que representantes del gobierno le dieron a conocer la posibilidad en el poder legislativo de iniciar el proceso para ello, lo cual pudiera culminar en 2013.

Para llegar a ese término se impone mantener los avances en la lucha contra el crimen organizado y la defensa a los derechos humanos, así como diseñar una estrategia conjunta.

Sobre esto, analistas resaltan los riesgos por cómo los resultados serán evaluados a partir de la perspectiva unilateral estadounidense.

Desde la imposición de la medida, en pleno apogeo del conflicto armado interno, el gobierno norteamericano ha puesto requisitos para poder optar por aquel programa de financiamiento, varios de los cuales Colom asegura se cumplieron durante su gestión.

Mencionó la liberación de archivos militares, especialmente los contentivos de los planes llamados Firmeza 83, Sofía 82 y Operación Ixil, diseñados por el Ejército en su combate a la guerrilla que condujeron a un buen número de matanzas de la población indígena.

Igualmente, se refirió al comienzo de procesos judiciales para militares de la época acusados de genocidio en aquellas masacres cometidas durante la guerra.

Respecto a la lucha contra el crimen organizado, el mandatario destacó el gran incremento en su administración en las capturas de narcotraficantes e incautaciones de drogas y bienes de esas bandas.

En este tema, la oficial Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) cita un documento según el cual el levantamiento del embargo sucederá si el Ejército tiene una misión definida y centrada en la seguridad fronteriza y las amenazas en la sociedad guatemalteca.

Además, pasa por la implementación de una estrategia de reforma que tenga apoyo de la sociedad.

Esta tarea, afirma la AGN, le competerá al próximo gobierno, a partir del 14 de enero de 2012, que también deberá mantener lo logrado en la administración de Colom.

Quien lo sucederá en el cargo, el exgeneral Otto Pérez Molina, reconoció los avances y previó un fortalecimiento en esas áreas durante su mandato, por lo cual dijo no habrá problemas en cumplir los requisitos impuestos.

Recordó que en estos años Guatemala no ha necesitado de Estados Unidos para adquirir armamento, pero el levantamiento del embargo servirá para tener acceso a programas de aquel país.

De ellos mencionó entrenamiento castrense, venta de equipo y armas a mejores precios, y asistencia militar mediante donaciones.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=461976&Itemid=1

Los BRICS entre geoeconomía y geopolítica

Por Tiberio Graziani

En otoño de 2011, el analista Jim O’Neill del Banco de Inversiones Goldman & Sachs, sobre la base de datos macroeconómicos de algunos países emergentes, en particular concernientes a la demografía, la tasa de crecimiento y los recursos naturales estratégicos, certificaba con el acrónimo BRIC un nuevo agregado de potencial geoeconómico. Los países que fueron tomados en cuenta eran, como ya se sabe, Brasil, Rusia, India y China. Según O’Neill estas naciones verosímilmente habrían dominado la economía mundial del siglo que está iniciando. Por consiguiente se hacía necesario englobarlas en la economía mundial hegemonizada, después del colapso soviético, en el sistema occidental bajo conducción americana. Los países BRIC, como sucesivamente se los denominó, buscaban desde aquel momento, pero unilateralmente, una propia colocación geopolítica en el tablero global. Algunos de ellos, en particular Brasil, India y China, intentaban aumentar sus propios niveles de libertad en el campo mundial haciendo hincapié en una articulada serie de alianzas económicas y comerciales en el ámbito regional e internacional. Las tasas de crecimiento elevadas de estas naciones-continentes, indudablemente, constituía el combustible necesario para un nuevo rol en el escenario post bipolar. También Rusia, bajo la dirección de Putin, intentaba reafirmar, cuando menos en el espacio ex-soviético, su propia primacía, después de la desastrosa presidencia de Yelsin.

En el transcurso de pocos años, la nueva agregación geoeconómica se ha convertido, de simple hipótesis analítica, útil para la descripción de los escenarios económicos-financieros del siglo XXI, en un actor global de hecho. La agenda de los valores del forum de los países BRIC a esta altura contiene todos los puntos cruciales de la economía mundial: desde la cuestión climática a la de la cesta de las divisas, desde aquella concerniente a los procesos de modernización y desarrollo innovador a los que atañe a la seguridad de particulares sectores industriales; además de estos temas, los BRIC se pronuncian con inmediatez y determinación, también por lo que concierne a los dossier “calientes”, como aquellos que tienen que ver con los conflictos internacionales. Durante el 2011, tan sólo para ofrecer algunos ejemplos, los BRIC han tomado partido sobre los casos de agresión a Libia y sobre el aislacionismo de Siria, principalmente actuado por los euroatlánticos, el haber expresado su voto a favor del reconocimiento de Palestina en el ámbito de la UNESCO y haber solicitado la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. La coordinación entre los países del club BRIC, fortalecida en 2010 con la inclusión de Sudáfrica[1], ha asumido por consiguiente un carácter cada vez más “político”, al punto de de incidir profundamente sobre los actuales equilibrios mundiales. Desde una perspectiva general podemos observar que la sola constitución del nuevo club de hecho ha acelerado la transición hacia el sistema multipolar e introducido las premisas para su consolidación a nivel continental. La agrupación BRICS parece confirmar, además, la hipótesis geopolítica, adelantada en estas mismas páginas[2], según la cual los pilares del nuevo ordenamiento in fieri estarían constituidos por América indiolatina y por Eurasia.De hecho, los BRICS no sólo influencian, como ya se sabe, a los sectores económicos, financieros e industriales[3], sino también a aquellos geoestratégicos y, por último, a los que conciernen al orden jurídico internacional.

El club BRICS y el ámbito geoestratégico
Por lo que se refiere el ámbito geoestratégico, vale la pena considerar que la coordinación entre los países BRICS representa de hecho un eje casi diagonal – proveniente del lado oriental del hemisferio septentrional (Eurasia) al occidental del hemisferio meridional (América indiolatina) – que podríamos definir “asimétrico”, respecto a aquellos definidos respectivamente por la trayectoria horizontal (Este – Oeste) y vertical (Norte – Sur), a los que nos había acostumbrado la prensa de propaganda de los períodos bipolar y unipolar. Este eje asimétrico NE – SO, articulado en tres núcleos constituidos respectivamente por el polo eurasiático, por el vértice sudafricano y por el polo brasileño, previsiblemente desmembrará, en el medio y largo plazo, las líneas de intervención del sistema occidental bajo conducción americana, aún hegemónica desde un punto de vista militar.El orden BRICS, por ahora solamente diplomático y económico, sin embargo, debido a su potencial militar[4] y por su posición geoestratégica, podría constituir una primera respuesta organizada hacia la “marcha” de los EUA que, avanzando a lo largo de la directriz “horizontal” atlántico mediterránea, intenta dirigirse hacia los países de Asia Central. La presión estadounidense hacia la masa euroafroasiática, vale la pena recordarlo, ha adquirido en los últimos doce años un carácter marcadamente militar. La militarización de la política exterior del sistema Usacéntrico, actuada por la varias administraciones de allende el océano, desde Bush padre a Obama, constituye el principal elemento de la praxis geopolítica de todo el sistema occidental, tendiente a la fragmentación de particulares áreas estratégicas como las del Cercano Oriente y el Norte de África[5].

Desde el punto de vista diplomático, económico y militar el club BRICS se presenta desequilibrado a favor de su componente eurasiática. Esta situación por lo menos abre dos posibles escenarios. Por un lado el desajuste podría representar, ya desde el medio plazo, un factor de tensión en el interior de la coordinación política de la nueva agregación, con una vuelta hacia el amparo estadounidense por parte de Brasil y tal vez de Sudáfrica. Una segunda perspectiva, tal vez la más realista, evalúa el actual desequilibrio como motivo de aceleración de la integración pro continental de América meridional, fundada en el polo Brasil-Argentina-Venezuela. En este último caso, por otra parte deseable, puesto que reforzaría el escenario multipolar en fase de consolidación, el elemento más débil de la actual composición del conjunto BRICS, es decir, la República Sudafricana, asumiría, en virtud de su particular posición geográfica, una evidente función de equilibrio geoestratégico en el interior del nuevo sistema mundial.

Un nuevo modelo de cooperación multipolar
Por lo que concierne a la incidencia por parte de los países del BRIC en el orden jurídico internacional, concordamos con lo que asegura Paulo Borba Casella, profesor de derecho internacional en la Universidad de São Pulo (Brasil), según el cual nos hallamos ante un modelo de cooperación innovador, independiente y original. Para el docente brasileño, “el carácter innovador de la perspectiva BRIC reside en el hecho de que estos países se pueden ocupar de sí mismos y al mismo tiempo formular un nuevo modelo de inserción internacional y de cooperación. La perspectiva es ésta. Lo que se precisa es ponerla en práctica”[6]. El club de los países BRICS de hecho introduce una praxis de cooperación que, respetando las identidades culturales de sus propios miembros, no se conjuga a la perfección con los planteamientos universalistas de las estructuras internacionales como, por citar algunas de ellas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), basados, como es sabido, en criterios individualistas y mercantiles propios de las concepciones de carácter occidental.

El nuevo club, aun cuando haya surgido por evidentes razones económicas, sin embargo parece evolucionar hacia una concepción más concreta de las relaciones entre los Estados, fundada en un sustrato cultural afín que podríamos definir de tipo solidario[7], atento hacia la “cosa pública” y a los intereses concretos de las variadas comunidades etnoculturales que pueblan las respectivas naciones. La nueva perspectiva que el modelo BRICS introduce, forzosamente chocará con la otra “reglamentación mundial” (la global governance de la escuela angloamericana) la cual “radica en la concepción individualista de la sociedad y en el pensamiento único “democrático”, rehusando las diversidades culturales de las distintas poblaciones (aunque no en términos instrumentales como el de la doctrina del “choque de civilizaciones”)[8]. De hecho, el nuevo modelo de cooperación promovido por los países BRICS atestigua el fin o la reorientación de la ONU y la decadencia o la reestructuración de las organizaciones mundiales como el FMI, el BM y la Organización Mundial de Comercio.


*Tiberio Graziani es director de “Eurasia” y presidente del IsAG – Instituto de Altos Estudios Geopolíticos y de Ciencias Auxiliarias.

La Guerra de Irak, una invención oportunista

Por Walter Murcia

En el presente ensayo se analiza la Guerra de Irak, también llamada II Guerra del Golfo, Operación Libertad, Ocupación o Invasión de Irak. En esta guerra se puso de manifiesto la ambición de Estados Unidos (EE.UU.) por fortalecer su identidad hegemónica sin importar los costos. A pesar, que se percibía un ambiente de relativa “paz” en el escenario internacional post Guerra Fría. La Guerra de Irak se enmarcó en la lucha global contra el terrorismo que lideró la Administración Bush a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S). Dichos atentados fueron catalogados como ataques terroristas asociados al fundamentalismo islámico. Se instaló en el imaginario colectivo, una especie de un nuevo Pearl Harbor. Esto vino acompañado también, de un sentimiento de inseguridad y miedo, no solo en la sociedad norteamericana, sino que trascendió a todo el mundo. Desde la política exterior norteamericana se fueron recreando nuevos fantasmas que recorrerían el mundo, como el terrorismo, las Armas de Destrucción Masiva y los “rogue states”.

Desde las relaciones internacionales, esta guerra que cumple casi 10 años, es posible analizarla desde el enfoque constructivista. Wendt,[1] plantea que el constructivismo es una teoría social para entender las relaciones internacionales, donde los intereses e identidades son constituidos intersubjetivamente, es decir, son el resultado de un proceso continuo de interacciones entre los Estados. Como los realistas, los constructivistas también consideran el poder como un elemento importante. Pero la diferencia radica en que los realistas lo entienden en términos materiales y para los constructivistas la fuente principal del poder está en las ideas. Por ello, los intereses, ideas, percepciones, identidades y el “speech act” (discurso) que tengan los gobiernos serán fundamentales en el proceso de toma de decisiones de la política exterior. En ese sentido, la política exterior de la Administración Bush, muy influenciada por la elite neoconservadora recreó su identidad a través de la construcción de nuevos enemigos, principalmente, el terrorismo.

A pesar que el constructivismo es una teoría de la política internacional y no para el análisis de la política exterior, se sustraen ciertos elementos para identificar la construcción de la identidad de Estados Unidos y del “Otro” que corresponde, para efectos de este análisis, a Irak. A nivel discursivo, la identidad es utilizada para moldear el significado de una palabra en oposición a otras. A nivel psicológico, la identidad se relaciona con la construcción del “Yo”. A nivel social, la identidad dibuja la representación de un “nosotros”. La identidad estatal es construida principalmente a través del discurso político, la cual se fortalece muchas veces en contextos de crisis.

Wendt plantea que existen tres alternativas sobre la percepción que un país puede tener en cuanto a sus relaciones con sus pares. Los Estados interactúan sobre la base de enemistad, rivalidad o amistad.[2] Sobre esta base, un Estado actúa frente a otro dependiendo si lo percibe como amigo, rival o enemigo. Si es enemigo, la relación se puede tornar conflictiva, recurriendo a la guerra. Para el caso particular que interesa, EE.UU. percibió a Irak como una amenaza, asignándole una identidad de enemigo y estableciendo el objetivo de derrocar el régimen de Hussein. Como señala Robert Jervis, las relaciones entre actores, no son en sentido puro, tal cual existen, sino entre las imágenes de los mismos. Por ello, la percepción juega un papel determinante. Jervis señala dos entornos que coexisten: operativo y psicológico. El primero, sería la realidad tal y como existe, mientras que el segundo es la realidad tal y como es percibida por los actores[3].

No se pretende explicar todos los factores que incidieron en esta guerra, ni hacer una cronología de los hechos más importantes. Pero si explicar el proceso de “securitización” que llevó a ubicar como amenaza para la seguridad de EE.UU. y del mundo, al régimen de Saddam Hussein y a tomar “medidas extraordinarias”, como fue el uso del poder militar para atacar Irak, a pesar de no tener la legitimidad necesaria y el respaldo de la ONU. El enfoque de securitizacion, propuesto por la Escuela de Copenhague, considera que la seguridad es una construcción social, por tanto se puede indicar si un tema ha sido securitizado. Eso significa que la amenaza es de tal magnitud y gravedad que si no se resuelve con estatus de prioridad, no se podrá resolver ningún otro asunto. En consecuencia, la securitización puede ser vista como la politización extrema de un problema. Desde este enfoque, la seguridad se refiere a “una amenaza existencial a un objeto de referencia” pero es un actor “securitizador” el que define la amenaza en términos existenciales y, por lo tanto, “propone medidas de emergencia más allá de las existentes reglas del juego que, en otras situaciones, se hubieran respetado”[4].

La Administración Bush, como actor securitizador se valió de diferentes recursos para influir en la opinión pública nacional como internacional para obtener los apoyos necesarios que dieran la legitimad de la guerra. Desde los discursos, los informes, las estrategias, hasta el rol de los “mass media” fueron claves en el proceso de securitización y la construcción social de la amenaza existencial que representaba el régimen de Hussein, al cual se le atribuyó conexiones con el terrorismo y las ADM. Los discursos desempeñan un papel fundamental en la construcción y legitimación de las representaciones y percepciones de los acontecimientos y las identidades. Siguiendo a la Escuela de Copenhague, lo anterior conlleva a movilizar a los ciudadanos en torno a la voluntad de las elites nacionales y grupos de poder.

Este ensayo sostiene que la instrumentalización y explotación política de valores, creencias, símbolos y mitos del imaginario social fue una constante en la construcción de la guerra de Irak.

La Construcción del “Otro”
Con el fin de la Guerra Fría y la disolución de la amenaza soviética, se refuerza la preeminencia de los EE.UU (“el momento unipolar”). Un solo Estado se proclamaba vencedor de la Guerra Fría, y se encontraba sin enemigos. Pero eso no significaba que hubiese desaparecido la imagen del enemigo. Al contrario, estaba en ciernes una búsqueda generalizada del enemigo perdido.[5] Este escenario sufre una metamorfosis a partir del 11-S, ataques que representaron un golpe simbólico al sistema de valores de EE.UU. y del orden occidental, pero también una oportunidad.

Como afirma Juan Tokatlian, “La construcción del enemigo ha sido vital para la formulación de la política exterior de los EE.UU. durante buena parte del siglo XX, y ha sido una construcción fundamental para que EE.UU. tuviera una política consistente. Cuando careció de enemigos, se dispersó y tuvo políticas erráticas”.[6] Esto explica la ambigüedad en la definición de los intereses nacionales de EE.UU. después de la Guerra Fría. El derrumbamiento de la URSS generó una inestabilidad en la auto-percepción de EE.UU.

Con el 11-S quedo demostrado que EE.UU. no estaba preparado para responder a un ataque de dicha naturaleza, por el hecho que tradicionalmente se consideraba como una amenaza aquella agresión que proviniera de un Estado, y no de un actor no estatal. Los ataques terroristas marcan un punto de inflexión en las estructuras y mecanismos de seguridad de los EE.UU, debido a que ya no se trataba de una guerra contra un estado, sino contra actores no estatales con influencia internacional, de accionar asimétrico, como son las redes terroristas. Tal como apunta Kaldor[7], para entender las nuevas guerras, “la violencia entre estados se encuentra en un nivel bastante bajo, ya que ha sido transformada por un nuevo tipo de guerras: guerras civiles, de baja intensidad, de larga duración, en la periferia del sistema, de intereses difusos y cambiantes, así como la guerra contra el terrorismo”.

Haciendo una lectura del 11-S, el Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, se refirió a la necesidad de "imponer un nuevo vocabulario y diferentes construcciones", distintas a las tradicionales: "EE.UU. no fue atacado por tradicionales ejércitos, sino por enemigos ocultos. Los ataques representaron una nueva forma de guerra (...) fueron una alerta de que estamos entrando en un nuevo período peligroso en el cual la invulnerabilidad ha sido reemplazada por una nueva era de vulnerabilidad; Debemos pasar de una mentalidad y un planeamiento "basado en amenazas" a una mentalidad y un planeamiento "basado en capacidades". Es decir, no sólo quién es el enemigo, sino cómo nos atacará"[8]. Por ello, para la Administración Bush y dada la dinámica de las nuevas amenazas y sus actores, era necesario redefinir las doctrinas y políticas debido a que no se podía continuar con la estrategia de disuasión y contención. De forma que se impuso una agenda exterior basada estrictamente en la seguridad.

El mismo día de los ataques, el presidente Bush se dirigió en un breve discurso televisado a su nación declarando que "los Estados Unidos buscarán y castigarán a los responsables de estos actos cobardes," (…) "la resolución de nuestra gran nación está siendo probada. Pero no cometan errores: Demostraremos al mundo que pasaremos esta prueba”. “Estados Unidos ha sido blanco de un ataque porque es el faro más brillante de la Libertad y el Progreso en el mundo. Y nadie hará que esa luz se apague. Hoy, nuestra nación ha visto la maldad, lo peor de la naturaleza humana” [9]. En dicho discurso hizo su primer acercamiento de lo que un año después sería la Doctrina Bush: “No haremos distinción entre los terroristas que cometieron estos actos y aquellos que los hospedan”[10].

A partir del 11-S, EE.UU. fue desarrollando su identidad en base a la amenaza que representaba el terrorismo, extendiendo la agenda de securitización, a aquellos países que diran refugio a células terroristas. Tal como lo dejó claro Bush, un día después de los atentados:”Los deliberados y mortíferos ataques que fueron perpetrados contra nuestro país fueron más que actos de terror. Fueron actos de guerra. Esto requerirá a nuestro país unirse en una firme determinación y resolución... La Libertad y la Democracia están bajo ataque... El enemigo atacó no sólo a nuestra gente sino a toda la gente amante de la libertad, en todas partes del mundo.... Esta será una lucha monumental del Bien contra el Mal. Pero el Bien prevalecerá”[11].Vale decir que se resalta la idea del terrorismo, a pesar que no hay consenso en su definición, pero se le compara con actos de guerra. El uso peyorativo con el que se utiliza al terrorismo, le permite a EE.UU. justificar cualquier acción que implique el uso de la fuerza. Para este país, las guerras han sido parte de su identidad hegemónica.

Como una de las lecturas que la Administración Bush hace sobre los atentados del 11-S, es que se trataba de una guerra entre el “Bien y el Mal”, que al representar EE.UU. el “Bien” tiene una responsabilidad de defender la libertad y la democracia, y gradualmente se irían justificando sus enemigos. El 13 de septiembre de 2001, el presidente Bush mencionó que "los que ayudaron o abrigaron a los terroristas serán castigados. La enormidad de su mal lo exige así."[12] Al día siguiente, Bush amplió los objetos referentes declarando que, "nuestra responsabilidad en la historia está clara: responder a estos ataques y librar al mundo del mal”[13]. Sin embargo, dado que se atribuyó a actores no estatales como responsables de los atentados, era necesario extender el objeto de la respuesta. Unos días después, el presidente Bush declaró "después de todo, nuestra misión no es sólo con Osama Bin Laden y la organización Al Qaeda. Nuestra misión es luchar contra el terrorismo". Ese discurso legitimaba a AlQaeda como enemigo, así como, conllevo al ataque contra Afganistán removiendo a los talibanes del poder y calificando a este tipo de estados como “regímenes hostiles”, declarando que “cada nación en cada región ahora tiene una decisión” “o están con nosotros o están con los terroristas.”[14]

En el proceso de construcción del enemigo la Administración Bush recurre a una serie de valores y creencias culturales e ideológicas que están fuertemente arraigados en el imaginario social de su nación, así como en la cultura occidental. Los imaginarios sociales estructuran la memoria histórica, la experiencia social y construyen la realidad. Sin estas formas simbólicas, cargadas de significados y sentidos comunes compartidos, es difícil sostener los sistemas de racionalización ideológica en una sociedad[15]. El 11-S y el terrorismo en sí, no reflejan un cambio sistémico en el sistema internacional, pero si fue funcional para la redefinición de la política exterior de la Administración Bush, que a través de la manipulación del miedo y la incertidumbre que estaba presente en la sociedad estadounidense, activaron los mecanismos que toda gran potencia posee para acabar con el enemigo, para ello era necesario sobredimensionar las amenazas. Por ello, el presidente Bush en sus discursos, aludió a diferentes objetos referentes, pero se resaltaron también valores cristianos, para tener el apoyo de la sociedad estadounidense, más que todo de la audiencia protestante y conservadora. “La libertad y el miedo, la justicia y la crueldad, han estado siempre en la guerra. Y sabemos que Dios no es neutral entre ellas”[16]. El terrorismo y las nuevas amenazas que fueron tomando forma e identidad, pasaron por un proceso de identificación donde a través del discurso se hizo evidente el objetivo de securitizar. Fue así que el discurso, representó uno de los mecanismos fundamentales para ampliar la agenda de amenazas existenciales. Se argumentó además, que se trataba de una guerra contra la “civilización”; pero acaso, ¿existe solamente una civilización?, de manera autoritaria, el presidente Bush y sus asesores neoconservadores determinaron que “los ataques del 11-S constituyeron en realidad un ataque contra todos los países civilizados”, lo cual forma parte de una serie de oposiciones binarias para apropiarse del lado positivo: lo que no es civilización se identifica con la ‘barbarie’, esto es era el mundo islámico[17]. 

La cuestión “Irak”

Se recurrió a profundizar el “nosotros”, otorgándose una identidad de los buenos “el eje del bien”, de esa manera se iba preparando el camino para construir la identidad del “otro”, es decir, de los “malos”, en este caso Irak. Dentro de la dinámica securitizadora siguieron ciertas políticas y discursos para exaltar los valores norteamericanos, cuyo efecto sirvió para aumentar los apoyos y cohesión interna de los grupos. Progresivamente, el enemigo iba tomando forma, Bush, un año después del 11-S, incorporó una dimensión significativa que serviría como sostén para vincular al régimen de Saddam Hussein, normativa y conceptualmente, con la amenaza terrorista.

Se asoció al “enemigo” con aquellos Estados que desarrollaban Armas de Destrucción Masiva (ADM). Durante su discurso de West Point del 1 de junio de 2002, el presidente Bush declaró: “Hoy nuestros enemigos ven las ADM como una opción. Para los “rogue states” (estados canallas) estas armas son herramientas de intimidación y agresión militar contra sus vecinos. Estas armas pueden también permitir a estos Estados intentar chantajear a los EE.UU. y sus aliados para evitar nuestro rechazo a su comportamiento agresivo. Tales Estados ven estas armas como la mejor forma de alcanzar la superioridad convencional de los EE.UU.”[18]

Ese mismo día, se incorporó también al discurso el concepto de Guerra Preventiva, declarando: "no podemos defender Norteamérica esperando lo mejor... Si esperamos que las amenazas se materialicen completamente, habremos esperado demasiado... Debemos llevar la batalla al enemigo, interrumpir sus planes, y enfrentar las peores amenazas antes de que ellas emerjan"[19]. Estas declaraciones iban abonando y de alguna manera advirtiendo lo que se venía, y la posterior aplicación de medidas extraordinarias. Se argumentó a la supervivencia, como justificación de la aplicación de la National Security Strategy of the United States of America (NSS 2002) más conocida como Doctrina Preventiva de la Seguridad Nacional. Esta doctrina plantea atacar primero antes de ser atacado, eliminando enemigos o futuras amenazas, o decidir iniciar una guerra bajo la prerrogativa de “la autoridad soberana de los EE.UU.”

En esa línea, el presidente Bush abogó por la violación de una de las normas más elementales del derecho internacional, la agresión externa. Así como, relaciono la postura de EE.UU. en la Guerra Fría con la guerra contra el terror, y afirmaba también la posición unilateralista como “benevolente”, por el hecho de representar los valores morales universales: "porque la guerra contra el terror requerirá resolución y paciencia, también requerirá un propósito moral firme. De esta manera nuestra lucha es similar a la Guerra Fría.... La verdad moral es la misma en cada cultura, en todo momento, y en cada lugar... Estamos en un conflicto entre el bien y el mal, y EE.UU. llamará al mal por su nombre."[20], llámese Corea del Norte, Afganistan, Irán y particularmente Irak, que fueron denominados como el “eje del mal”.

Esa concepción apocalíptica de la política exterior de la lucha entre “el bien y el mal”, o en palabras del presidente Bush, “o se está con ellos o con nosotros” encuentra basamento en un moralismo absolutista basado en la religión protestante. Además del 11-S, hay otros factores que influyeron para la construcción de la identidad de EE.UU., así como para la formulación de nuevas doctrinas como la NSS 2002. Entre estos factores se encuentra el peso político e influencia de la ideología neoconservadora, especialmente el “think tank”, Proyecto para un Nuevo Siglo Americano (PNAC), del cual surge la Doctrina Bush de las guerras preventivas. La visión de este think tank, financiado por la industria armamentística y petrolera en Medio Oriente, es que EE.UU. tenía que ejercer mayor preponderancia, dado el momento unipolar, sustentado en la supremacía militar. Las ideologías aportan un cierto confort psicológico al individuo, ya que eliminan gran parte de la incertidumbre que supone vivir en un mundo complejo, facilitan su proceso cognitivo y le aportan una explicación asumible de la realidad, y de cuáles deben ser sus pautas de actuación.[21]

De hecho, la elite neoconservadora del PNAC, una semana después del 11-S publicaron una carta abierta al presidente Bush en la cual consideraban fundamental la ofensiva internacional que EE.UU. activaría en la lucha contra el terrorismo y otras amenazas: “Estamos de acuerdo en que el objetivo clave, lo que no significa que sea el único objetivo, de la actual guerra al terrorismo debe ser, capturar o matar a Osama Bin Laden, y destruir su red de asociados. (…) Puede ser que el gobierno iraquí haya facilitado algún tipo de asistencia al reciente ataque en los EE.UU. Pero incluso si las evidencias no vinculan directamente a Irak con el ataque, cualquier estrategia que apunte a la erradicación del terrorismo y sus patrocinadores debe incluir un decidido esfuerzo para remover a Sadam del poder en Irak. Un fracaso a la hora de acometer este esfuerzo constituye una temprana y quizás decisiva rendición en la guerra al terrorismo internacional”.[22]

Esta visión se materializó en la NSS 2002 que reafirma el derecho de EE.UU. a tomar “acciones preventivas para defenderse, incluso en el caso de que se desconozca la hora y el lugar en que se cometerá el ataque enemigo. La declaración de Bush que precede al documento de la NSS 2002 establece que “finalmente, los EE.UU. usarán este momento de oportunidad para extender los beneficios de la libertad a través del mundo” (Bush, 2002: iv) lo cual refleja la influencia de la ideología neoconservadora para sacar provecho de esa ventana de oportunidad como fue el 11-S, para considerar no solo al terrorismo como nuevo enemigo sino también aquellos Estados que se opusieran a sus intereses o desafiaran su statu quo de preeminencia mundial.

La identidad que fue construyendo EE.UU. se puede atribuir a la influencia de la visión y pensamiento neoconservador. Al autoproclamarse un rol universalista, mesiánico y unilateralista para salvar al mundo del “mal”. La Administración Bush basó su guerra en la defensa de objetos referentes de diferente índole, pero sobre todo utilizó categorías como la democracia, la libertad, la seguridad, que constituían variables importantes en el discurso de securitización dirigido hacia las audiencias.

Irak ha sido un problema sin resolver para EEUU. El interés de Irak no nace con el 11-S, desde el fin de la primera Guerra del Golfo (1990-1991) ya había una campaña de difusión desde el gobierno y los medios de comunicación de proyectar una imagen de Hussein como tirano que constituía una amenaza existencial. Para 1998, el PNAC insistió a la Administración Clinton, que el cambio de régimen en Irak debía ser un objetivo prioritario de la política exterior estadounidense, por el hecho que representaba una amenaza para “la seguridad y los intereses norteamericanos” a la vez que mencionaban el peligro que “una significante porción de las fuentes mundiales de petróleo” se mantuviera en manos enemigas[23]. Para ello apoyaban una intervención armada en Irak argumentando el unilateralismo. Irak tenía una función que cumplir en la ideología neoconservadora desde antes del 11-S, así como, ya se hacía referencia a operar fuera del marco de la ONU (romper reglas).

Para la Administración Bush, la “cuestión Irak” ya era tema de agenda desde antes de llegar al poder. Con el 11-S, Irak se ubicaría dentro del “eje del mal”. Los principales argumentos que la Administración Bush utilizó para movilizar la securitización de Irak fueron la violación a las 16 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), la posesión de ADM, las violaciones a los derechos humanos y la relación con las redes terroristas, especialmente AlQaeda.

En palabras de Bush: “Irak sigue haciendo alarde de su hostilidad hacia (EE.UU.) y apoyando el terror. El régimen iraquí ha conspirado para desarrollar ántrax, gas nervioso y armas nucleares desde hace más de una década (…) Éste es un régimen que aceptó las inspecciones internacionales y luego expulsó a los inspectores. Éste es un régimen que tiene algo que ocultar al mundo civilizado. Estados como éstos, y sus aliados terroristas, constituyen un “eje del mal” que se arma para amenazar la paz del mundo”[24].

Las intenciones de la Administración con respecto a Irak se confirmaron en septiembre de 2002, en Naciones Unidas, donde argumentaron, la violación por parte de Irak de las resoluciones internacionales, planteando que la “comunidad internacional” debía responder a ese desafío: “Si este régimen fuera a proveer estas armas a sus aliados terroristas, entonces los ataques del 11-S, sería un preludio a horrores mucho mayores(...) Debemos elegir entre el mundo del miedo y el mundo del progreso. No podemos hacer una pausa y no hacer nada mientras que los peligros aumentan. Debemos pararnos por nuestra seguridad y por los derechos y las esperanzas de la humanidad. Por herencia y por opción, los EE.UU. lo harán”[25].

A nivel nacional, Bush representó a Hussein como un dictador cruel y maléfico, basándose en la invasión de Kuwait, así como, difundía el miedo a una posible guerra nuclear. Eso generó, en alguna medida, mayor nivel de respaldo de la opinión pública norteamericana para librar la guerra para derrocar al “dictador”. A través del discurso de las diferentes administraciones estadounidenses, se le personificó a Hussein, incluso hasta su muerte, como un demonio. La propaganda mediática y gubernamental fue fundamental para la movilización de la securitización sobre la amenaza que representaba Irak. Después de septiembre de 2002, los EE.UU. era el único país del mundo donde el 60% de la población creía que Irak era una amenaza inminente. Así como, el 50% de la población de EE.UU en 2003, estaba persuadida de que Irak fue el responsable del 11-S[26]. Esto demuestra desde una perspectiva constructivista que la seguridad, así como toda amenaza se construye políticamente. Siguiendo a Buzan, securitizar un asunto es necesariamente una cuestión política. Se reforzó la identidad unilateralista de Estados Unidos. Esto reflejaba el característico punto de no retorno de todo proceso de securitización: “si no lo resolvemos, todo lo demás será irrelevante”[27].

La Administración Bush buscó convencer a la ONU para obtener apoyo moral y la legitimidad necesaria para la preservación de “sus” objetos referenciales. En varios discursos Bush reconoce “creer” en la misión de la ONU, pero que las naciones “libres” han esperado muchos años para el desarme del régimen de Irak y no han sido retribuidos en su “buena fe”[28]. Bush también justificaba la solicitud de apoyo de las naciones, garantizándoles mayor seguridad después de la transformación de Irak. La imagen de Saddam que se difundía ante la opinión pública internacional era de líder irracional. Ante las presiones de la Administración Bush, el 8 de noviembre de 2002 se aprobó por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la resolución 1441 que respaldaba las condiciones de EE.UU. por la cual se declaró a Irak en violación de sus obligaciones internacionales, se le impuso un régimen reforzado de inspecciones y se le advirtió de “graves consecuencias” en caso de no acatar.

A pesar que a inicios de 2003, la ONU confirmaba que no habían encontrado pruebas que demostrarán la posesión de ADM. De alguna forma, el lenguaje “ambiguo” de la resolución favoreció a EE.UU., con ello, la diplomacia continuaría por otros medios, como señaló Clausewitz en su momento, “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. En marzo de 2003, EE.UU. actuó como un actor revisionista y ataco unilateralmente a Irak, justificando el incumplimiento de la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU). La Administración Bush decidió utilizar la fuerza contra Irak, valiéndose de la potestad que le otorgó el Congreso y del apoyo parcial de la opinión pública estadounidense. EE.UU. actuó como un actor revisionista respaldado en su NSS 2002, restando importancia de la aprobación del CSNU, quienes en su mayoría condenaron la acción unilateral de guerra que violaba la Carta de la ONU.

La llamada Operación “Iraqi Freedom” contó con el apoyo de una coalición de países, especialmente de Inglaterra. La operación tardó alrededor de 44 días para derrocar el régimen baathista. Irak se presentó como una antítesis a la identidad de EE.UU. la cual se fue moldeando como amenaza existencial a ciertos objetos referentes (seguridad nacional/internacional, la libertad, la “civilización”, el “bien”…).

A pesar que se amplificó la amenaza, Irak resulto ser vulnerable, de rápida ocupación y no representaba una gran potencia nuclear, como la Administración Bush lo sostenía. El 1 de mayo de 2003, desde el portaviones Abraham Lincoln (símbolo del poderío militar), el presidente Bush anunciaba “misión cumplida” para anunciar el fin de las grandes operaciones militares en Irak. El presidente Bush vestido de piloto, filmado por las principales cadenas de noticias, a través de las cuales se difundiría la imagen del líder “guerrero”. En su discurso, se refirió precisamente a las imágenes que proyectaron los media post-Operación, estatua de Saddam cayendo, Iraquíes celebrando la “libertad”, etc. No queda duda que las imágenes han sido cruciales en la construcción de la guerra contra el terror. Las imágenes televisadas del 11-S hasta los bombardeos en Irak, quedaran registradas en la psiquis colectiva de la aldea global, gracias a los medios de comunicación que tienen la capacidad de difundir al instante los acontecimientos, pero sin oportunidad de comprenderlos por la cantidad y volatilidad de la información. En el contexto de guerra, la imagen adquiere una nueva función: la de articular narrativas, lo que, en última instancia, puede hacerla coincidir con el propósito último de la propaganda: “beneficiar a quien la origina” [29]. 

Los medios de comunicación, principalmente las cadenas estadounidenses, funcionaron también como actores y mecanismos securitizantes con una gran influencia en la percepción de esta guerra. A pesar que desde el 11-S, la guerra contra el terror, se colocó como un boom mediático, y paso a ser manejado como un espectáculo para las principales cadenas de televisión estadounidense. Existían otras visiones de otros medios, a diferencia de la I Guerra del Golfo, y reflejó la cruda realidad de la guerra y sus consecuencias para la población de Irak. La disponibilidad de información alternativa influyó en el rechazo de la opinión pública internacional, así como norteamericana, por lo cual la imagen de triunfo de EE.UU. en esta guerra, no fue internalizada como se esperaba.

Conclusiones

El 11-S representó una ventana de oportunidad para el proceso de securitización de Irak, por el hecho de construir un nuevo enemigo. Para ello, la Administración Bush recurrió a todos los recursos para ir desdibujando al nuevo enemigo y con ello justificar la redefinición de la política exterior, materializada en la NSS 2002 y 2003. El régimen de Irak fue tomando forma a medida que se le vinculó con el terrorismo, las ADM, “rogue states”. Así como, a través de la representación de una imagen de Saddam Hussein, como enemigo de la libertad y la paz mundial. La construcción discursiva de Irak dependió de una mezcla de diferentes tradiciones de la política exterior estadounidense para la redefinición de EE.UU. en el mundo. Del aislacionismo se desprende el rol unilateral; al realismo, se le atribuye la guerra preventiva (sin prudencia); y la imagen mesiánica de EE.UU. para extender la democracia a todo el planeta, corresponde al liberalismo e idealismo. Toda esta retórica discursiva empleada por la Administración Bush facilitó el proceso de securitización del régimen de Saddam Hussein, para pasar de una identificación de la amenaza al movimiento de securitización que consistía en obtener el apoyo y legitimidad para la guerra.

La doctrina de guerra preventiva fue colocada ante la opinión pública como la mejor forma de derrocar a Saddam Hussein, tras el argumento de “supervivencia”, que el riesgo de no actuar a tiempo, contra amenazas terroristas, traería graves consecuencias para la seguridad nacional de EE.UU. y del mundo. Para la dinámica securitizadora de la amenaza, la Administración Bush se basó en este tipo de discursos para fomentar el miedo y aumentar el grado de amenaza que representaba Irak. El discurso fue fundamental en las diferentes etapas del proceso de securitización (definición, movilización y la implementación de medidas extraordinarias) para que la audiencia (tanto nacional como internacional) aceptara la invasión a Irak.

Un factor facilitador de la securitización a nivel interno fue el discurso de guerra que se “vendió” como una excusa por el 11-S. Para Bush, construirse la imagen del presidente de “guerra”, entre apoyos y fuertes críticas, le aseguró la reelección. Muchos de los que votaron por Bush en 2004 resaltaban su liderazgo y fe religiosa. El factor religioso fue usado por Bush para dar mayor sentido a la guerra.

En el discurso de Bush, no quedaba claro si la guerra era contra el terrorismo, contra Irak o contra Hussein. No obstante, la securitización de Irak se centró en la posesión de Armas de Destrucción Masiva (ADM), las cuales nunca se encontraron. Esa discrepancia de objetos referentes generó resistencias en la audiencia internacional, particularmente de Francia y Rusia, miembros permanentes del CSNU, así como, a nivel de la opinión pública internacional, se realizaron diferentes campañas y concentraciones en diferentes países en desacuerdo a la guerra. A pesar de ello, esta circunstancia no fue un impedimento para que EE.UU. actuase al margen de la ONU, y con el apoyo de una coalición “ah-hoc”, atacar Irak. Priorizando una lógica unipolar con ambiciones imperialistas.

En los discursos de Bush siempre estuvo presente la supuesta defensa del interés mundial. Pero no era más que un recurso, una “noble mentira” para justificar la guerra. El por qué de la invasión a Irak, trasciende el derrocamiento del régimen hacía causas más geopolíticas y económicas. Probablemente, los objetos referenciales reales, no la libertad ni la paz, que se podían leer entre líneas aludían a lograr un reposicionamiento de EE.UU. y aliados, en Medio Oriente y Eurasia, y así expandir sus intereses de todo tipo enmascarados en una cruzada “moral”. La Administración Bush mostró un claro interés por el control de recursos como el petróleo. Irak es el segundo país con mayores reservas de “oro negro” en el mundo. Atrás de la ideología y la remoción del “tirano” existían beneficiosos contratos de reconstrucción, apertura y control de la economía iraquí y de sus reservas de petróleo. Por estos factores y muchos otros, era necesario construir una narrativa del peligro de Irak para justificar una guerra necesaria desde los intereses de la elite de EE.UU.

Estos acontecimientos tuvieron fuertes consecuencias para el orden internacional, por el hecho que EE.UU. construyó y fortaleció su imagen hegemónica-imperial “benevolente” pero fue percibido como un Estado revisionista. Además, pasó a considerarse una amenaza para el propio el orden liberal occidental vigente, quebrando las reglas de forma ilegítima. La guerra de Irak evidenció también un multilateralismo débil, en particular la ONU que fue incapaz de tomar una posición clara sobre la guerra. Pero se probó que el derecho internacional es una cuestión de argumentación. Es clara la necesidad de una reforma profunda a la ONU, especialmente el Consejo de Seguridad, dado que EEUU es el miembro más poderoso e interviniente al interior del mismo, lo que muchas veces ha obstruido el funcionamiento o buena aplicación de los capítulos de la Carta de Naciones Unidas, debido a su poder de veto. La legitimidad de la capacidad de EE.UU. para anticiparse a amenazas fue refrendada tras la Guerra de Irak por el Grupo de Alto Nivel de la ONU y respaldada, en buena medida por la idea de la “responsabilidad de proteger”. Bush vendió la idea de la guerra, como un bien público global.

Las políticas emprendidas por la Administración Bush generaron rechazo y hostilidad. La identidad de liderazgo de EE.UU. y su “soft power” del fomento de las democracias, se debilitaron y ha cosechado más enemigos cargados de fundamentalismo anti-estadounidense, lo cual fortalece la virulencia del terrorismo, fenómeno que se hace cada vez más complejo debido a la globalización.

La Operación Libertad liderada por EE.UU. en Irak nunca se completó. Después de dar por terminada la breve campaña militar para derrocar al régimen, el presidente Bush en su discurso, la denominó, “misión cumplida”. Pero el “nation building” quedo a medio camino. La administración Bush creó una profecía autocumplida sobre Irak. Después de la intervención, hasta nuestros días, le siguió un escenario de guerra interna y de insurgencia donde lo que reina es el desastre y la ingobernabilidad, convirtiéndose Irak en un ambiente propicio para el accionar de las redes terroristas. La promesa de “libertad” para Irak se esfumó. --
[1] Wendt, Alexander. Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics (1992)

[2] Wendt, Alexander. Social Theory of International Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

[3] Jervis, Robert. Perceptions and misperceptions in International Politics, Princeton University Press, 1976, p. 13

[4] Buzan, B., Wæver, O. & de Wilde, J. Security: A new framework for analysis. Boulder: Lynne Rienner. 1998

[5] Beck, Ullrick, “La democracia y sus enemigos. Textos escogidos”, pag. 12. Ed. Paidos, Barcelona, 1995

[6] Tokatlian, Juan. “No debemos buscar rivales, sino socios” Períodico La Nación del 10/12/05 disponible en: http://www.lanacion.com.ar/EdicionImpresa/politica/nota.asp?nota_id=763535.

[7] Kaldor, Mary. Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global, Madrid, Tusquets. 2001

[8] Rumsfeld, Donald. Beyond this War on Terrorism. The Washington Post, November 1, p. A35

[9] Bush, George W. Discurso del Presidente durante su arribo a la Base Aérea de Barksdale. 11 de septiembre de 2001. Disponible en: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010911.1-html.

[10] Bush, George W. Address to the Nation (Remarks in Washington, DC: September 11, 2001). Disponible en http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010911-16.html.

[11] Bush, George W. Observaciones del Presidente, 12 de septiembre de 2001. Disponible en: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010912-4.html.

[12] Bush, George W. Discurso durante el Día Nacional de la Plegaria y el Recuerdo por las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. 13 de septiembre de 2001. Disponible en: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010913-7.html.

[13] Ibidem

[14] Bush, George W. Discurso del Presidente sobre el terrorismo en el Congreso. 21 de septiembre de 2001. Disponible en: www.nytimes.com/2001/09/21/national/21BTEX.html.

[15] Lozada, Mireya. El otro es el enemigo: imaginarios sociales y polarización. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, V. X. 2, pp. 195. 2004.

[16] Bush, George W. Discurso del Presidente sobre el terrorismo en el Congreso. 21 de septiembre de 2001. Disponible en: www.nytimes.com/2001/09/21/national/21BTEX.html.

[17] León Gross, Teodoro. El lenguaje y la guerra. Subordinación de los medios al discurso político ante el ataque sobre Irak. Disponible en: http://www.ehu.es/zer/zer15/articulo_2.htm

[18] Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction. Diciembre de 2002. Disponible en: http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-wmd.pdf

[19] Bush, George W. Discurso del Presidente durante graduación de la Academia Militar. 1 de junio de 2002, Disponible en: http://www.whitehouse.gov.news/releases/2002/06/20020601-3.html.

[20] Idem

[21]Torres, Manuel. La Influencia de la Ideología Neoconservadora de la gestación y conducción de la Guerra de Irak. 1 UNISCI Discussion Papers, Nº 15 . Octubre 2007. Disponible en: http://www.ucm.es/info/unisci/revistas/UNISCI15_Torres.pdf

[22] Project for the New American Century. Letter to President Bush on the War on Terrorism. September 2001. Disponible en: http://www.newamericancentury.org/Bushletter.htm

[23] Dallanegra Pedraza, Luis. La invasión de EUA a Irak. Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Salvador. Julio 2003. http://www.salvador.edu.ar/csoc/idicso/docs/sdti006.pdf

[24]Bush, George W. Discurso “Estado de la Unión", 29 de enero de 2002. Disponible en: http://www.usembassy.org.ec/lincolnirc/esp/temasactualidad/2001/wwwftemaa12.pdf

[25] Bush, George W. Discurso ante las Naciones Unidas sobre Irak. 12 de septiembre de 2002. Disponible en http://www.nytimes.com/2002/09/12/politics/12AP-PTEX.htm.

[26] Chomsky, Noam. 2003. “Irak es justamente una prueba de calentamiento”, entrevista de Noam Chomsky con V.K. Ramachandran, 21 de marzo de 2003.Disponible en: http://sisyphe.levillage.org

[27] Buzan, B., Wæver, O. & de Wilde, J. Security: A new framework for analysis. Boulder: Lynne Rienner. 1998

[28] Bush, George W. Address to the Nation on War with Iraq (Remarks in Washington, DC: March 17, 2003), disponible en http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030317-7.html.

[29] Taylor, Philip M. “Propaganda and Information Operations”, Taiwan Defense Affairs, 2, 1, pp. 80. 2001

Declaración de organizaciones de la sociedad civil centroamericana e internacional ante los gobiernos de Centroamérica, el SICA y la Cooperación Internacional

Representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil centroamericana e internacional relacionadas con los temas de seguridad ciudadana y prevención de la violencia, reunidos en Guatemala el 20 y 21 de junio, con el auspicio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), de DIAKONIA (Suecia) y de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ) y, ante la oportunidad que brinda la próxima reunión del Sistema para la Integración Centroamericana (SICA) para abordar el tema de Seguridad Ciudadana en Centroamérica, reconocemos que:

Junto con la pobreza e inequidad, el crimen y la violencia están entre los principales problemas que afronta la sociedad centroamericana. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Latinoamérica es la segunda región más violenta del mundo, con una tasa de homicidios dos veces más alta que el promedio mundial y comparable con las tasas de regiones en África devastadas por las guerras. La violencia es la principal causa de muerte entre Latinoamericanos de 15 a 44 años de edad.

Por su parte, Centroamérica, particularmente Honduras, El Salvador y Guatemala, se ha convertido en la región del mundo con mayores niveles de violencia ordinaria. Según datos del informe sobre Desarrollo Humano para América Central del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a pesar de las diferencias notables entre países, la tasa promedio de homicidios para 2008 fue de 33 asesinatos por cada cien mil habitantes, tres veces mayor que el promedio mundial.

El incremento de la violencia es notablemente más preocupante en la región conocida como el ‘triángulo norte’ donde las tasas de homicidio llegaron a 58 en Honduras, 52 en El Salvador y 48 en Guatemala ese mismo año. La violencia proviene de diversas fuentes incluyendo el crimen callejero, la violencia intrafamiliar, las pandillas juveniles, el narcotráfico y las bandas del crimen organizado.

El efectivo abordaje de la inseguridad, la prevención de la violencia y la seguridad pública son temas de mayor preocupación en Centroamérica. Los Gobiernos y entidades regionales están desarrollando programas sobre el tema. Por su parte, la cooperación internacional está proporcionando apoyo y asistencia técnica y la sociedad civil - las universidades, las organizaciones comunitarias, las redes de servicio social y las iglesias, entre otras organizaciones - está activamente involucrada en programas de prevención de la violencia e iniciativas contra el crimen. Sin embargo, el rápido incremento de la violencia en todas sus manifestaciones en la región ha dificultado la elaboración de estrategias de largo plazo y la coordinación entre los distintos sectores gubernamentales y no gubernamentales para implementar políticas con el propósito de mejorar la situación de inseguridad y reducir las tasas de criminalidad y de violencia.

Otro obstáculo para el avance de políticas más integrales ha sido el énfasis que han puesto algunos gobiernos de la región en la aplicación de políticas de mano dura que han resultado ser ineficaces y contraproducentes para frenar el problema de la violencia y mejorar los índices de seguridad.

Sabemos que, reconociendo la gravedad de la situación de seguridad ciudadana, varios donantes bilaterales y multilaterales (España, Estados Unidos, Suecia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Canadá, Japón, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización Panamericana de la Salud) están desarrollando y financiando una variedad de programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana, Estado de Derecho, aplicación de la ley, pandillas, y prevención de la violencia juvenil, intrafamiliar y violencia contra la mujer. Estos programas y proyectos están encaminados a apoyar tanto iniciativas nacionales y regionales, como programas a nivel local y de la sociedad civil; además, están propiciando la participación de la misma en la toma de decisiones en el esfuerzo del Sistema de la Integración Centroamericana.

Por tanto:

a) Reconocemos a los Gobiernos centroamericanos, a la comunidad donante y al SICA por el desarrollo de esfuerzos para articular una estrategia regional de seguridad ciudadana, acorde a la realidad de nuestros países, que debería incorporar iniciativas desde el ámbito local hasta el ámbito nacional y regional en correspondencia con la necesidad de mejorar los procesos de análisis, planificación y coordinación.

b) La efectividad y sostenibilidad de esta estrategia requiere que los Gobiernos, la cooperación bilateral y multilateral y la sociedad civil desarrollen una visión integral, consensuada, coordinada y de largo plazo para garantizar la seguridad ciudadana y la reducción de la violencia en la región.

c) Esta estrategia requiere además articular la gama de experiencias, servicios y destrezas institucionales ya existentes que hacen énfasis en el fortalecimiento institucional, las reformas policiales, el fortalecimiento del sector judicial, y programas de prevención y rehabilitación. Todo ello desde el ámbito local hasta el ámbito nacional y regional.

d) La estrategia debería obligar a revisar el rol funcionalmente asignado a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y el crimen organizado, tareas que deben ser cumplidas exclusivamente por los cuerpos de policía y sus equipos especializados, a la luz de las disposiciones constitucionales vigentes.

Proponemos las siguientes líneas para la acción:

A nivel gubernamental.

Que los Estados establezcan reformas fiscales destinadas a fortalecer la inversión pública para la seguridad ciudadana, obtener recursos humanos especializados, materiales y financieros para abordar el problema desde la prevención integral, reducción del daño, rehabilitación y reinserción social.

Las acciones que están siendo desarrolladas mediante este proceso tienen que empezar por reconocer que la reducción de la violencia y la criminalidad y el mejoramiento de la seguridad ciudadana requieren de un enfoque integral que trasciende el problema del narcotráfico y otras expresiones de la criminalidad organizada.

Los Estados deben declarar la adicción a substancias psicotrópicas como un problema de salud pública, promoviendo, asimismo, programas preventivos y de reducción del daño en centros de salud, escuelas, comunidades y medios de comunicación.

A nivel de la empresa privada

El sector privado debe sumarse a los esfuerzos gubernamentales en la prevención de la violencia y el combate al crimen. Su contribución a través de las políticas fiscales, de la responsabilidad social corporativa y de numerosas iniciativas privadas son fundamentales para fortalecer la prevención de la violencia y seguridad ciudadana.

Los medios de comunicación social deben dar un tratamiento menos sensacionalista al tema de la violencia y la criminalidad y deben acompañar la construcción de una cultura de paz que fomente una convivencia armónica y pacífica.

A nivel de la sociedad civil

Los organismos de la sociedad civil, las iglesias, los grupos comunitarios, los investigadores y los activistas que trabajan con jóvenes y la niñez en riesgo, en fortalecer las comunidades, y que brindan asesoría en estrategias para el fortalecimiento institucional, son un sector clave en el esfuerzo por prevenir la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana. Se debe propiciar la participación activa y sistemática de estos grupos, cuyas estrategias han incidido efectivamente en mejorar la situación a nivel comunitario. Además, es fundamental la aplicación de estrategias y alianzas a nivel comunitario, especialmente en zonas de riesgo o zonas críticas para que sean parte activa en la solución del problema.

Cultura de paz

Hay muchos esfuerzos importantes en la prevención social de la violencia en Centroamérica. Pero se requiere colocar estos esfuerzos en el marco más amplio de la construcción de una cultura de paz.

En primer lugar, los Estados deben reforzar el cumplimiento efectivo de los instrumentos internacionales relativos a la niñez, la adolescencia y la juventud, en la formulación y aplicación de las políticas públicas integrales, para lo cual deben garantizar una asignación presupuestaria descentralizada que impulse el desarrollo local y permita la articulación de las diversas instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil.

Se requiere también trascender los esfuerzos aislados en la prevención de la violencia para dar lugar a una estrategia cultural y educativa de largo plazo que involucre la participación de los Estados y de la sociedad civil y que cuente con una inversión social planificada. Los fundamentos de esta estrategia cultural están en la observación y cumplimiento integral de los derechos humanos, en la incorporación en las políticas públicas de los enfoques de género y construcción de una masculinidad desligada de la violencia, y en el respeto y reconocimiento a las diversidades étnicas y sexuales. Parte esencial de esta estrategia es una reforma educativa que incluya contenidos educativos orientados a la prevención de la violencia desde la familia y la escuela, programas de retención escolar, programas dirigidos a promover la resolución de conflictos, de reinserción social y atención a jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley y programas de generación de empleo.

Fortalecimiento institucional

El fortalecimiento de las instituciones responsables de la aplicación de la ley es fundamental para la provisión de la seguridad ciudadana en Centroamérica. La creación de unidades antinarcóticos o antipandillas especializadas no es sostenible en el marco de una institucionalidad tan precaria como la existente. El enfoque de un fortalecimiento institucional articulado e integral, a nivel nacional y regional, debe empezar por la cadena de operadores de justicia, para garantizar su independencia operativa y financiera y un funcionamiento eficaz, que contribuya a la erradicación de la corrupción y la impunidad, y en algunos casos a la necesidad de depurarlos.

La estrategia de seguridad ciudadana de Centroamérica debe conducir a la profesionalización de la policía, incluyendo la creación y/o el mejoramiento de la carrera policial, los mecanismos de control interno y externo, la orientación transversal de policía comunitaria, el enfoque de género y derechos humanos; la inteligencia policial y la investigación criminal. A su vez es necesario fortalecer la capacidad de los Estados para el control efectivo del tráfico de armas de fuego y sus municiones, acompañado de la promoción de campañas de desarme y destrucción de armas a nivel comunitario, municipal, local y nacional.

La privatización de la seguridad es un tema complejo generado a partir del debilitamiento de los cuerpos policiales. Los Estados deben intentar revertir un proceso que ha permitido que la seguridad privada invada los espacios y funciones de la seguridad pública, facilitando la adopción de acciones que aprovechen la capacidad instalada de las empresas de seguridad privada a través de la coordinación y el control institucional.

El respeto a los derechos humanos y a las garantías procesales es imprescindible en la seguridad ciudadana. Hay una historia lamentable en la región de abusos a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad pública y las fuerzas armadas. Los donantes deben estudiar cuidadosamente las denuncias de abusos asegurándose que su apoyo no termine patrocinando la violación de los derechos fundamentales.

Se requiere crear y fortalecer mecanismos internos y externos de control de los centros penitenciarios. Es necesario rescatar el enfoque de reeducación y reinserción revisando la situación social de los privados de libertad. Los centros de máxima seguridad para criminales altamente peligrosos, deben implementar el enfoque de justicia penal restaurativa, que les prepare para una reinserción social más efectiva y eficiente.

Monitoreo y evaluación

El desarrollo de una estrategia centroamericana para la seguridad ciudadana que ha empezado requiere un proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación que garantice la participación efectiva de la sociedad civil con experiencia en el tema de prevención de violencia y seguridad ciudadana tanto en referencia a la Comisión Regional de Seguridad Ciudadana como la Comisión de Prevención de Violencia Juvenil del SICA.

A su vez, cualquier mecanismo de seguimiento resultante de la Conferencia Internacional debe incluir un mecanismo independiente de consulta y participación de organizaciones de la sociedad civil centroamericana con experiencia en temas de prevención de la violencia y seguridad ciudadana.

Por tanto, demandamos condicionar la cooperación a:

a) Una estrategia de comunicación abierta desde los Gobiernos y la región sobre el tema de seguridad ciudadana en donde la participación de los diferentes sectores sea tomada en cuenta, especialmente la de los jóvenes y las comunidades más afectadas.

b) Que se hagan planteamientos integrales que incluyan la prevención, reducción del daño, rehabilitación social de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades, evitando la militarización como alternativa para la disuasión y fortalecimiento la institucionalidad e inteligencia policial en lo local, nacional y regional. Dada la importancia de la prevención social en la construcción de una cultura de paz, demandamos que la tercera parte de los recursos asignados de la Estrategia estén orientados a la prevención social, reducción del daño, rehabilitación y reinserción.

c) Una reforma fiscal que permita generar ingresos para abordar el fenómeno de la violencia desde una perspectiva integral.

d) La conformación de equipos especializados en un abordaje científico del fenómeno de la violencia en todas sus manifestaciones, lo que implica inversión en recursos humanos capacitados y que se tome en cuenta las experiencias existentes en las organizaciones de la sociedad civil.

e) Fortalecer la institucionalidad haciendo la depuración necesaria de las personas que en los diferentes estamentos del Estado se han plegado a la corrupción.

f) Que el consumo de drogas sea tomando en cuenta desde una perspectiva de salud pública, enfocando la importancia en la prevención y en la reducción del daño como estrategia y no solo enfocarlo desde la cero toleranciay considerando alternativas de despenalización.

g) Que el crimen organizado (narcoactividad, tráfico de armas, de personas y otros) sea abordado tomando en cuenta la realidad geopolítica y Centroamericana impulsando un modelo adecuado a la región.

Ciudad de Guatemala, 21 de junio de 2011

Internacional: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); DIAKONIA (Suecia); Plataforma Holandesa. Regional: Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ).Guatemala: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG); Asociación Manos que te Apoyan (AMA); Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud (SODEJU-FUNDAJU); Religiosos Terciarios Capuchinos; Asociación para la Prevención del Delito (APREDE); Grupo Ceiba; Fundación Demos; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); Fundación Myrna Mack (FMM); Alianza Joven; Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (IMASP); Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES); INTERPEACE. El Salvador: Centro de Formación y Capacitación para los Procesos de Atención a Situaciones de Sufrimiento Social (CFC PASSOS); Equipo Nahual; Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IUDOP-UCA); Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO); Fe y Alegría El Salvador; Movimiento de Jóvenes Encuentristas (MOJE); Servicio Social Pasionista (SSPAS); Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA); Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” CEMUJER; Sistema de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo Local (SACDEL); Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU); Fundación Quetzalcoatl.Honduras: Casa Alianza; Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT); Asociación Jóvenes Hondureños Adelante Juntos Avancemos (JHA-JA); Centro para la Inclusión Social y la Democracia Participativa; Proyecto Paz y Justicia. Nicaragua: Centro de Prevención de la Violencia (CEPREV); Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).Costa Rica: Fundación Arias para la Paz.

La Guerra Global contra las Drogas ha fracasado (Informe 2011 - Comisión Global de Políticas de Drogas)

La guerra global contra las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Cincuenta años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta años después que el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas se necesitan reformas urgentes en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales.

Resumen Ejecutivo

El propósito de la Comisión Global de Políticas de Drogas es llevar al nivel internacional una discusión científicamente fundada acerca de las maneras humanas y efectivas de reducir el daño causado por las drogas a las personas y a las sociedades. Sus metas son revisar los supuestos básicos, efectividad y consecuencias del enfoque de la “guerra a las drogas”; evaluar los riesgos y beneficios de diferentes respuestas nacionales al problema de las drogas; y formular recomendaciones practicables para una reforma constructiva de la legislación y las políticas.

La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Cincuenta años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta años después que el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales.

Los inmensos recursos destinados a la criminalización y a medidas represivas orientadas a los productores, traficantes y consumidores de drogas ilegales, han fracasado en reducir eficazmente la oferta o el consumo. Las aparentes victorias en eliminar una fuente o una organización de tráfico son negadas casi instantáneamente por la emergencia de otras fuentes y traficantes. Los esfuerzos represivos dirigidos a los consumidores impiden las medidas de salud pública para reducir el VIH/SIDA, las muertes por sobredosis, y otras consecuencias perjudiciales del uso de drogas.

Los gastos gubernamentales en infructuosas estrategias de reducción de la oferta y en encarcelamiento reemplazan a las inversiones más costo-efectivas y basadas en la evidencia orientadas a la reducción de la demanda y de los daños. Nuestros principios y recomendaciones pueden resumirse como sigue:

• Terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de las personas que usan drogas pero que no hacen ningún daño a otros. Desafiar los conceptos erróneos comunes acerca de los mercados de drogas, el uso de drogas y la dependencia de drogas en lugar de reforzarlos.
• Alentar a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos. Esta recomendación se aplica especialmente al cannabis, pero también alentamos otros ensayos de descriminalización y regulación legal que puedan conseguir estos objetivos y proveer modelos para otros.
• Ofrecer servicios de salud y tratamiento a los que los necesiten. Asegurar que esté disponible una variedad de modalidades de tratamiento, incluyendo no sólo los tratamientos con metadona y buprenorfina, sino también programas de tratamiento asistido con heroína que han probado ser exitosos en muchos países europeos y en Canadá. Implementar programas de intercambio de jeringas y otras medidas de reducción de daños que han probado su efectividad en reducir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sanguínea, así como las muertes por sobredosis.
• Respetar los derechos humanos de las personas que usan drogas. Abolir las prácticas abusivas llevadas a cabo en nombre del tratamiento –tales como la internación forzada, los trabajos forzados, y los abusos físicos o psicológicos- que contravienen los principios y normas de derechos humanos o que eliminan el derecho a la autodeterminación.
• Aplicar en gran medida los mismos principios y políticas antes expuestos a las personas involucradas en los segmentos inferiores de los mercados ilegales de drogas, tales como campesinos, correos, y pequeños vendedores. Muchos de ellos han sido víctimas de violencia e intimidación o son dependientes de drogas.
• Arrestar y encarcelar decenas de millones de estas personas en las recientes décadas ha llenado las prisiones y destruido vidas y familias, sin por ello reducir la disponibilidad de drogas ilegales o el poder de las organizaciones criminales. Pareciera no haber límite al número de personas que se vinculan con esas actividades para mejorar sus vidas, proveer a sus familias, o para escapar de la pobreza.
• Focalizar las acciones represivas en las organizaciones criminales violentas, pero hacerlo de manera de socavar su poder y su alcance, mientras se da prioridad a la reducción de la violencia y la intimidación. Los esfuerzos para imponer el cumplimiento de la ley no debieran focalizarse en reducir los mercados de drogas per se, sino más bien en reducir sus daños en los individuos, las comunidades y en la seguridad nacional.
• Invertir en actividades que puedan prevenir en primer lugar que las personas jóvenes usen drogas y a la vez prevenir que los que las usan desarrollen problemas más serios. Evitar mensajes simplistas al estilo de “sólo di que no” y políticas de “tolerancia cero”, y alentar los esfuerzos educativos asentados en información creíble y en programas preventivos que focalicen en las habilidades sociales y la influencia de los pares. Los esfuerzos preventivos más exitosos son aquellos dirigidos a grupos específicos en riesgo.Comenzar con la transformación del régimen mundial de prohibición de drogas. Reemplazar las políticas y las estrategias de drogas orientadas por la ideología y la conveniencia política, por políticas económicas responsables y estrategias basadas en la ciencia, la salud, la seguridad y los derechos humanos – y adoptar criterios apropiados para su evaluación.
• Revisar la clasificación de drogas que ha resultado en obvias anomalías como la defectuosa categorización del cannabis, la hoja de coca y el MDMA (éxtasis). Asegurar que las convenciones internacionales sean interpretadas y/o revisadas para adaptarlas a una sólida experimentación con la reducción de daños, la descriminalización y las políticas de regulación legal.
• Romper el tabú acerca del debate y la reforma. Ahora es el tiempo de actuar.

Introducción

La guerra mundial a las drogas ha fracasado. Cuando la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas nació hace 50 años, y cuando el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano hace 40 años, los políticos creían que las acciones severas para el cumplimiento de la ley contra los que estaban involucrados en la producción de drogas, su distribución y su uso, conducirían a una constante disminución del mercado de drogas controladas como la heroína, la cocaína, el cannabis, y al eventual logro de un “mundo sin drogas”.

En la práctica, la escala global de los mercados de drogas ilegales –ampliamente controlados por el crimen organizado- ha crecido de modo espectacular en este período. Mientras que no están disponibles estimaciones exactas del consumo global en el período completo de 50 años, un análisis solamente de los últimos 10 años muestra un extenso y creciente mercado. (1)

Estimaciones de Naciones Unidas indican que el consumo anual de opiáceos entre 1998 y 2008 aumentó 34,5% (de 12,9 a 17,35 millones de consumidores); 27% el de cocaína (de 13,4 a 17 millones) y 8,5% el de cannabis (de 147,4 a 160 millones).

A pesar de la creciente evidencia en cuanto a que las actuales políticas no están alcanzando sus objetivos, la mayoría de los organismos políticos a nivel nacional e internacional han tendido a evitar un examen o debate abierto en cuanto a alternativas.

Esta falta de liderazgo en políticas de drogas ha motivado el establecimiento de nuestra Comisión, y nos orienta en nuestra visión que este es el tiempo correcto para una revisión seria, exhaustiva y de gran alcance de las estrategias para responder al fenómeno de las drogas. El punto de partida para esta revisión es el reconocimiento que el problema mundial de las drogas es un conjunto de desafíos sanitarios y sociales interrelacionados a ser administrados, antes que una guerra a ser ganada.

Los miembros de la Comisión han acordado en cuatro principios fundamentales que debieran guiar las estrategias y las políticas de drogas nacionales e internacionales, y han hecho once recomendaciones para la acción.

Principios

1. Las políticas de drogas deben basarse en sólida evidencia empírica y científica. La principal medida de éxito debería ser la reducción de daños a la salud, la seguridad y el bienestar de los individuos y la sociedad.

En los 50 años desde que las Naciones Unidas iniciaron un sistema de prohibición de drogas verdaderamente global, hemos aprendido mucho sobre la naturaleza y los patrones de producción, distribución, uso y dependencia de drogas, y sobre la eficacia de nuestros intentos para reducir estos problemas. Aunque podría ser comprensible que los arquitectos del sistema confiaran en el concepto de erradicación de la producción y el uso de drogas (a la luz de la evidencia limitada disponible en la época), no hay excusa, sin embargo, para ignorar la evidencia y la experiencia acumuladas desde entonces. Las políticas y estrategias de drogas continúan demasiado frecuentemente orientadas a todos los niveles por perspectivas ideológicas o conveniencia política, y prestan demasiada poca atención a las complejidades del mercado de drogas, el uso de drogas y la adicción a drogas.

Un eficaz diseño de políticas requiere una clara articulación de los objetivos de la política. La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes dejó en claro que el máximo objetivo del sistema era el mejoramiento de la “salud y el bienestar de la humanidad”.

Esto nos recuerda que las políticas de drogas inicialmente se desarrollaron e implementaron con la esperanza de alcanzar resultados en términos de una reducción de los daños a los individuos y la sociedad –menos crimen, mejor salud, y más desarrollo económico y social. Sin embargo, hemos estado evaluando nuestro éxito en la guerra a las drogas principalmente con medidas totalmente diferentes – que informan sobre procesos, como el número de arrestos, las cantidades incautadas, o la severidad de los castigos. Estos indicadores pueden decirnos cuan exigentes estamos siendo, pero no nos dicen cuan exitosos somos en mejorar “la salud y el bienestar de la humanidad”.

2. Las políticas de drogas deben basarse en los principios de derechos humanos y salud pública. Deberíamos terminar con la estigmatización y la marginalización de las personas que usan ciertas drogas y de aquellos que están involucrados en los niveles más bajos del cultivo, la producción y la distribución, y tratar a las personas dependientes de drogas como pacientes, no como delincuentes.

Ciertos principios fundamentales sostienen todos los aspectos de la política nacional e internacional. Están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en muchos tratados internacionales que le siguieron. De particular relevancia para la política de drogas son los derechos a la vida, a la salud, al debido proceso y a un juicio justo, a estar libre de tortura o tratamiento cruel, inhumano o degradante, de esclavitud, y de discriminación. 

Estos derechos son inalienables, y la obligación hacia ellos tiene prioridad sobre los otros acuerdos internacionales, incluyendo las convenciones de control de drogas. Como afirmó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, “Las personas que usan drogas no pierden sus derechos humanos. Con demasiada frecuencia, los usuarios de drogas sufren discriminación, son forzados a aceptar tratamiento, marginalizados y a menudo dañados por enfoques que acentúan la criminalización y el castigo mientras minimizan la reducción de daños y el respeto por los derechos humanos”. (2)

Un número de medidas de salud pública bien establecidas y probadas (3) (a las que generalmente se hace referencia como reducción de daños, un enfoque que incluye intercambio de jeringas y tratamiento usando los comprobados medicamentos metadona o buprenorfina) pueden minimizar los riesgos de muertes por sobredosis de drogas y la transmisión de VIH y otras infecciones sanguíneas. (4)

Sin embargo, los gobiernos a menudo no implementan del todo estas intervenciones, preocupados porque al mejorar la salud de los usuarios de drogas, estarían socavando un mensaje “estricto sobre drogas”. Esto es ilógico – sacrificar la salud y el bienestar de un grupo de ciudadanos cuando se dispone de medidas eficaces de protección de la salud es inaceptable, y aumenta los riesgos enfrentados por la comunidad más amplia.

Los países que implementaron tempranamente estrategias de reducción de daños y de salud pública experimentaron tasas consistentemente bajas de transmisión de VIH entre las personas que se inyectan drogas. De manera similar, los países que respondieron a la prevalencia creciente de VIH entre los usuarios de drogas introduciendo programas de reducción de daños han contenido y revertido exitosamente la mayor diseminación de VIH. 

Por el otro lado, muchos países que confiaron en la represión y disuasión como respuesta a las crecientes tasas de transmisión de VIH relacionada con drogas están sufriendo las tasas más altas de VIH entre las poblaciones usuarias de drogas. (5)

Un enfoque indiscriminado al “tráfico de drogas” es igualmente problemático. Muchas personas que toman parte en el mercado de drogas son a su vez víctimas de violencia e intimidación, o son dependientes de drogas. Un ejemplo de este fenómeno son las “mulas” que asumen los roles más visibles y riesgosos en la cadena de suministro y distribución. A diferencia de aquellos a cargo de las organizaciones de tráfico de drogas, estos individuos en general no tienen una historia criminal extensa y violenta, y algunos se involucran en el comercio de drogas principalmente para conseguir dinero para su propia dependencia de drogas. No deberíamos tratar a todos los arrestados por tráfico como igualmente culpables – muchos son coaccionados en sus acciones, o llevados a medidas desesperadas por su propia adicción o situación económica. No es apropiado castigar a estos individuos de la misma forma que a los miembros de grupos violentos de crimen organizado que controlan el mercado.

Por último, muchos países todavía reaccionan ante las personas dependientes de drogas con castigo y estigmatización. En realidad, la dependencia de drogas es una compleja afección de salud que tiene una combinación de causas – sociales, psicológicas y físicas (incluyendo, por ejemplo, duras condiciones de vida, o una historia de trauma personal o problemas emocionales). Tratar de manejar esta compleja afección mediante el castigo es ineficaz – se puede lograr un éxito mucho mayor proporcionando una gama de servicios de tratamiento por drogas basados en evidencia. Los países que trataron a los ciudadanos dependientes de drogas como pacientes necesitados de tratamiento, en lugar de como delincuentes merecedores de castigo, demostraron resultados extremadamente positivos en reducción del crimen, mejoramiento de la salud y superación de la dependencia.

3. El desarrollo y la implementación de políticas de drogas debería ser una responsabilidad compartida global, pero también es necesario tener en cuenta las diversas realidades políticas, sociales y culturales. Las políticas deberían respetar los derechos y las necesidades de las personas afectadas por la producción, el tráfico y el consumo, como se reconoce explícitamente en la Convención sobre Tráfico de Drogas de 1988.

El sistema de fiscalización de drogas de la ONU se levanta sobre la idea de que todos los gobiernos deberían trabajar juntos para enfrentar los mercados de drogas y los problemas relacionados. Este es un razonable punto de partida, y desde luego hay una responsabilidad a compartir entre países productores, de tránsito y consumidores (aunque la distinción cada vez se torna más borrosa, ya que muchos países ya experimentan elementos de los tres).

No obstante, la idea de responsabilidad compartida ha sido con demasiada frecuencia un chaleco de fuerza que inhibe el desarrollo y la experimentación de políticas. La ONU (a través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes), y en particular los Estados Unidos (notablemente a través de su proceso de “certificación”), han trabajado enérgicamente durante los últimos 50 años para asegurar que todos los países adopten el mismo enfoque rígido en la política de drogas – las mismas leyes, y el mismo severo enfoque en su aplicación.

En la medida que los gobiernos nacionales se dan cada vez más cuenta de las complejidades de los problemas, y de las opciones de respuestas políticas en sus propios territorios, muchos han optado por usar las flexibilidades en las Convenciones para probar nuevos programas y estrategias, como las iniciativas de descriminalización o los programas de reducción de daños. Cuando estos suponen un abordaje más tolerante al uso de drogas, los gobiernos han enfrentado la presión diplomática internacional para “proteger la integridad de las 

Convenciones”, aún cuando la política sea legal, exitosa y reciba apoyo en el país.

Un ejemplo actual de este proceso (que se puede describir como “imperialismo del control de drogas”), se puede observar con la propuesta del gobierno boliviano para retirar la práctica de la masticación de la hoja de coca de las secciones de la Convención de 1961 que prohíben todos los usos no médicos. A pesar del hecho que sucesivos estudios han demostrado estudios han demostrado19 que la práctica indígena del masticado de hoja de coca no se asocia con ninguno de los daños de los mercados internacionales de cocaína, y que una clara mayoría de la población boliviana (y de países vecinos) apoya este cambio, muchos de los países ricos “consumidores de cocaína” (liderados por los Estados Unidos) han objetado formalmente la enmienda. (6)

La idea de que el sistema internacional de fiscalización de drogas es inmutable, y que cualquier enmienda – aún razonable o leve – es una amenaza a la integridad de todo el sistema, es corta de miras. Al igual que con todos los acuerdos multilaterales, las convenciones de drogas requieren ser sometidas a una constante revisión y modernización a la luz de circunstancias cambiantes y variables. Específicamente, se les debe permitir a los gobiernos nacionales ejercer la libertad de experimentar con respuestas más adecuadas a sus circunstancias. Este análisis e intercambio de experiencias es un elemento crucial del proceso de aprendizaje sobre la eficacia relativa de diferentes enfoques, pero la creencia de que todos necesitamos tener exactamente las mismas leyes, restricciones y programas ha sido una restricción inútil.

4. Las políticas de drogas deben llevarse a cabo de una manera integral, involucrando a las 

familias, las escuelas, los especialistas de salud pública, los profesionales del desarrollo y los líderes de la sociedad civil, en colaboración con las agencias de orden público y otros organismos gubernamentales relevantes.

Con su fuerte foco en la aplicación de la ley y el castigo, no es sorprendente que las instituciones principales en la implementación del sistema de control de drogas hayan sido la policía, y las autoridades de control de fronteras y militares dirigidas por los Ministerios de Justicia, Seguridad o Interior. En el nivel multilateral, las estructuras regionales o de las Naciones Unidas también están dominadas por estos intereses. Aunque los gobiernos han reconocido cada vez más que las estrategias de aplicación de la ley para el control de drogas necesitan integrarse en un enfoque más amplio con programas sociales y de salud pública, las estructuras para el diseño de políticas, la asignación presupuestaria, y la implementación, no se han modernizado al mismo ritmo.

Esta dinámica institucional obstaculiza el diseño objetivo y basado en evidencia de las políticas. Esto es más que un problema teórico – reiterados estudios (7) han demostrado que los gobiernos logran beneficios financieros y sociales mucho mayores para sus comunidades invirtiendo en programas sociales y de salud, antes que invirtiendo en actividades de reducción de la oferta y aplicación de la ley. Sin embargo, en la mayor parte de los países, la enorme mayoría de recursos disponibles se gastan en el cumplimiento de las leyes de drogas y en el castigo de las personas que usan drogas. (8)

La falta de coherencia es aún más notoria en las Naciones Unidas. El desarrollo del régimen global de fiscalización de drogas involucró la creación de tres cuerpos para supervisar la implementación de las convenciones – la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), y la Comisión de Estupefacientes (CND). Esta estructura se asienta en la premisa de que el control internacional de drogas es ante todo una lucha contra el crimen y los delincuentes. Como es de esperar, hay un intrínseco interés personal en mantener el foco en la aplicación de la ley y los funcionarios de alto rango en estos cuerpos tradicionalmente han estado más familiarizados con este marco.

Ahora que la naturaleza del desafío de la política de drogas ha cambiado, las instituciones deben acompañar este cambio. La política de drogas global debería crearse a partir de las estrategias compartidas de todas las agencias multilaterales interesadas – ONUDD por supuesto, pero también ONUSIDA, OMS, PNUD, UNICEF, ONU Mujeres, el Banco Mundial, y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La marginación de la Organización Mundial de la Salud es especialmente preocupante dado el hecho que a la OMS se le ha dado un mandato específico bajo los tratados de fiscalización de drogas.

Recomendaciones

1. Romper el tabú. Buscar un debate abierto y promover políticas que reduzcan efectivamente el consumo y que prevengan y reduzcan los daños relacionados con el uso de drogas y con las políticas de fiscalización de drogas. Incrementar la inversión en investigación y análisis del impacto de diferentes políticas y programas. (9)

Los líderes políticos y las !guras públicas deberían tener el coraje de articular públicamente lo que muchos de ellos reconocen en privado: que la evidencia demuestra de manera abrumadora que las estrategias represivas no resolverán el problema de las drogas, y que la guerra a las drogas no ha sido y no puede ser ganada.

Los gobiernos tienen el poder de llevar a cabo una combinación de políticas que sean apropiadas para sus propias situaciones, y manejar los problemas causados por los mercados de drogas y el uso de drogas de una manera que tenga un impacto mucho más positivo sobre el nivel del crimen relacionado así como sobre los daños sociales y para la salud.

2. Reemplazar la criminalización y el castigo de las personas que usan drogas por la oferta de servicios de salud y tratamiento para aquellos que los necesitan.

Una idea clave detrás del enfoque de “guerra a las drogas” fue que la amenaza de arresto y castigo severo disuadiría a las personas de usar drogas. En la práctica, esta hipótesis ha sido refutada – muchos países que promulgaron leyes severas e implementaron arrestos y encarcelamiento generalizados a usuarios de drogas y traficantes de bajo nivel tienen niveles más altos de uso de drogas y de problemas relacionados que países con enfoques más tolerantes. De manera similar, los países que han introducido la descriminalización u otras formas de reducción del arresto o el castigo, no vieron elevarse las tasas de uso o dependencia de drogas como se temía.

A la luz de estas experiencias, es claro que la política de severa criminalización y castigo del uso de drogas ha sido un costoso error, y que los gobiernos deberían tomar medidas para reenfocar sus esfuerzos y recursos en orientar a los usuarios de drogas hacia los servicios de salud y asistencia social. Por supuesto, esto no necesariamente significa que las sanciones deberían eliminarse totalmente – muchos usuarios de drogas también cometen otros delitos por los cuales deben responsabilizarse – pero la reacción primordial a la posesión y uso de drogas debería ser la oferta de asesoramiento, tratamiento y servicios de salud apropiados a los individuos que los necesiten, antes que castigos penales costosos y contraproducentes.

3. Alentar que los gobiernos experimenten modelos de regulación legal de las drogas (con cannabis, por ejemplo) que están diseñados para socavar el poder del crimen organizado y salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos.

El debate sobre modelos alternativos de regulación del mercado de drogas ha sido demasiado a menudo constreñido por falsas dicotomías – duro o blando, represivo o liberal. De hecho, todos estamos buscando el mismo objetivo – una serie de políticas y programas de drogas que minimicen los daños a la salud y sociales, y maximicen la seguridad individual y nacional. Es inútil ignorar a aquellos que abogan por un mercado gravado y regulado para las drogas actualmente ilícitas. Esta es una opción política que debería explorarse con el mismo rigor que cualquier otra. (10)

Si los gobiernos nacionales o las administraciones locales creen que las políticas de descriminalización ahorrarán dinero y proporcionarán mejores resultados en salud y sociales para sus comunidades, o que la creación de un mercado regulado podría reducir el poder del crimen organizado y mejorar la seguridad de sus ciudadanos, entonces la comunidad internacional debería apoyar y facilitar tales experimentos de política y aprender de su aplicación. De manera similar, las autoridades nacionales y la ONU necesitan revisar la clasificación de diferentes sustancias.

Las listas actuales, concebidas para representar los riesgos y daños relativos de varias drogas, fueron establecidas hace 50 años cuando había poca evidencia científica sobre la cual basar estas decisiones. Esto resultó en algunas anomalías obvias – cannabis y hoja de coca, en particular, parecen ahora estar incorrectamente clasificadas y esto necesita ser abordado.

4. Establecer mejores mediciones, indicadores y metas para medir el progreso.

El actual sistema de medición del éxito en el campo de la política de drogas falla por su base. (11) El impacto de la mayoría de las estrategias de drogas se evalúa comúnmente por el nivel de cultivos erradicados, arrestos, incautaciones y castigos aplicados a usuarios, cultivadores y traficantes. De hecho, arrestar y castigar usuarios de drogas poco hace para reducir los niveles de uso de drogas, sacar del medio a traficantes de bajo nivel simplemente crea una oportunidad de mercado para otros, y aún las mayores y más exitosas operaciones contra criminales organizados (que llevan años planificar e implementar) han mostrado tener, como mucho, un impacto marginal y efímero en los precios y disponibilidad de las drogas. De modo parecido, la erradicación de cultivos de opio, cannabis o coca simplemente desplaza los cultivos ilícitos a otras áreas.

Se necesita una nueva serie de indicadores para mostrar verdaderamente los resultados de las políticas de drogas, según sus daños o beneficios para los individuos y las comunidades – por ejemplo, el número de víctimas de violencia e intimidación relacionadas con el mercado de drogas; el nivel de corrupción generada por los mercados de drogas; el nivel de delitos menores cometidos por usuarios dependientes; los niveles de desarrollo social y económico en comunidades en las que se concentra la producción, venta o consumo de drogas; el nivel de dependencia a drogas en las comunidades; el nivel de muertes por sobredosis; y el nivel de infecciones de VIH o Hepatitis C entre usuarios de drogas. Los formuladores de políticas pueden y deberían articular y medir el resultado de estos objetivos.

El gasto de recursos públicos por tanto debería enfocarse en actividades que puedan demostrar que tienen un impacto positivo en estos objetivos. En las circunstancias actuales en la mayoría de los países, esto significaría una mayor inversión en programas de salud y sociales, y una mayor focalización de los recursos de aplicación de la ley para tratar la violencia y la corrupción asociadas con los mercados de drogas. (12) En tiempos de austeridad fiscal, ya no podemos permitirnos mantener inversiones multimillonarias que tienen un valor en gran parte simbólico.

5. Cuestionar, más que reforzar, los conceptos erróneos comunes sobre los mercados de drogas, el uso de drogas y la dependencia de drogas.

Actualmente, demasiados políticos refuerzan la idea de que todas las personas que usan drogas son “adictos amorales”, y que todos los involucrados en los mercados de drogas son despiadados cerebros criminales. La realidad es mucho más compleja. Las Naciones Unidas hacen una estimación conservadora de que en la actualidad hay 250 millones de usuarios de drogas ilícitas en el mundo, y que hay millones más involucrados en el cultivo, la producción y la distribución. Sencillamente no podemos tratarlos a todos como delincuentes.

En cierta medida, la renuencia de los políticos para reconocer esta complejidad se arraiga en su entendimiento de la opinión pública sobre estos temas. Muchos ciudadanos corrientes tienen temores genuinos sobre los impactos negativos de los mercados de drogas ilegales, o sobre el comportamiento de las personas dependientes o que están bajo la influencia de drogas ilícitas. Estos temores se basan en algunos supuestos generalizados acerca de los usuarios de drogas y los mercados de drogas, a los que el gobierno y los expertos de la sociedad civil necesitan dirigirse para aumentar la conciencia sobre algunos hechos comprobados (pero en gran parte no reconocidos). Por ejemplo:

La mayoría de las personas que usan drogas no se corresponde con el estereotipo del “adicto amoral y lastimoso”. De los 250 millones de usuarios de drogas estimados en el mundo, las Naciones Unidas estiman que menos del 10 por ciento pueden clasificarse como dependientes, o “usuarios de drogas problemáticos”. (13)

La mayoría de las personas involucradas en los cultivos ilícitos de coca, adormidera o cannabis son pequeños agricultores que pelean para ganarse la vida para sus familias. Las oportunidades alternativas de sustento son inversiones mejores antes que destruir sus únicos medios disponibles de subsistencia.

Los factores que influyen en una decisión individual de comenzar a usar drogas tienen más que ver con la moda, la influencia de los pares, y el contexto social y económico, que con el status legal de la droga, el riesgo de detección, o los mensajes de prevención del gobierno. (14)

Los factores que contribuyen al desarrollo de patrones de uso problemático o dependiente tienen más que ver con traumas o negligencia en la infancia, duras condiciones de vida, marginalización social y problemas emocionales, antes que con debilidad moral o hedonismo. (15)

No es posible sacar a alguien de la dependencia de drogas mediante el temor o el castigo, pero con el tipo adecuado de tratamiento basado en evidencia, los usuarios dependientes pueden cambiar su conducta y ser activos y productivos miembros de la comunidad. (16)

La mayoría de las personas involucradas en el tráfico de drogas son traficantes menores y no los gánsteres estereotipados de las películas – la inmensa mayoría de las personas encarceladas por venta o tráfico de drogas son “peces chicos” en la operación (frecuentemente coaccionadas para transportar o vender drogas), que fácilmente pueden reemplazarse sin interrupción del suministro. (17)

Un discurso político y de los medios más maduro y balanceado puede ayudar a aumentar la conciencia y la comprensión públicas. Específicamente, dar la voz a representantes de agricultores, usuarios, familias y otras comunidades afectadas por el uso y la dependencia de drogas puede ayudar a contrarrestar mitos y malentendidos.

6. Los países que continúan invirtiendo mayormente en un enfoque de aplicación de la ley (a pesar de la evidencia) deberían enfocar sus acciones represivas en el crimen organizado y los traficantes de drogas violentos, para reducir los daños asociados con el mercado de drogas ilícitas.

Los recursos de las agencias de aplicación de la ley se pueden focalizar mucho más efectivamente combatiendo los grupos de crimen organizado que han expandido su poder y alcance a expensas de los beneficios del mercado de drogas. En muchos lugares del mundo, la violencia, intimidación y corrupción que estos grupos cometen es una significativa amenaza a la seguridad individual y nacional y a las instituciones democráticas, por lo que los esfuerzos de los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley para restringir sus actividades continúan siendo esenciales.

No obstante, es necesario revisar nuestras tácticas en esta lucha. Hay una teoría verosímil propuesta por MacCoun y Reuter (18) que sugiere que los esfuerzos de reducción de la oferta son más efectivos en un mercado nuevo y sin explotar, en el que un pequeño número de organizaciones de tráfico controlan las fuentes de suministro. Donde existen estas condiciones, las operaciones de aplicación de la ley diseñadas y concentradas de manera apropiada tienen el potencial para contener la emergencia de nuevos mercados. Enfrentamos tal situación ahora en África Occidental.

Por otro lado, donde los mercados de drogas son variados y están bien establecidos, no es un objetivo realista prevenir el uso de drogas impidiendo la oferta.

También necesitamos reconocer que es la naturaleza ilícita del mercado la que crea mucha de la violencia relacionada – los mercados de productos legales y regulados, aunque no carecen de problemas, no proporcionan las mismas oportunidades para que el crimen organizado obtenga enormes utilidades, haga peligrar la legitimidad de gobiernos soberanos, y, en algunos casos, financie la insurgencia y el terrorismo.

Esto no significa necesariamente que la creación de un mercado legal sea la única manera de socavar el poder y el alcance de las organizaciones de tráfico de drogas. Las estrategias de aplicación de la ley explícitamente pueden intentar dirigir e influir el mercado ilícito al, por ejemplo, crear las condiciones en las que pueda prosperar el suministro a pequeña escala y del tipo de “redes amistosas” privadas, pero tomando medidas enérgicas contra las operaciones a gran escala que implican violencia o inconvenientes para el público general. De manera similar, la demanda de drogas de aquellos dependientes de algunas sustancias (por ejemplo, heroína) se puede satisfacer mediante programas de prescripción médica que automáticamente reducen la demanda en el mercado negro. Tales estrategias pueden ser mucho más efectivas en reducir la violencia y los daños relacionados con el mercado que los infructuosos intentos de erradicarlo completamente.

Por otra parte, las prácticas de aplicación de la ley mal diseñadas en realidad pueden aumentar el nivel de violencia, intimidación y corrupción asociadas con los mercados de drogas. Las agencias de orden público y las organizaciones de tráfico de drogas pueden terminar enredadas en una suerte de “carrera armamentista”, en la que los mayores esfuerzos de los agentes del orden conducen a un incremento similar de la fortaleza y violencia de los traficantes. En este escenario, se crean las condiciones en las que crecen las organizaciones de tráfico más despiadadas y violentas. Desafortunadamente, esto parece ser lo que estamos actualmente presenciando en México y en muchas otras partes del mundo.

7. Promover penas alternativas para vendedores de pequeña escala y vendedores de drogas primarios.

Mientras que la idea de descriminalización se ha discutido fundamentalmente en términos de su aplicación a las personas que usan drogas o que están luchando con la dependencia a drogas, nosotros proponemos que se considere el mismo abordaje para aquellos que son los eslabones más bajos de la cadena de venta de drogas. La mayoría de las personas arrestadas por venta de drogas a pequeña escala no son gángsteres o criminales organizados – son jóvenes explotados para hacer el trabajo riesgoso de la venta callejera, usuarios de drogas dependientes que tratan de ganar dinero para su propio suministro, o correos compelidos o intimidados para transportar drogas a través de las fronteras. En general, estas personas son procesadas con las mismas disposiciones legales que los delincuentes violentos y organizados que controlan el mercado, dando como resultado la aplicación indiscriminada de severas penas.

En todo el mundo, la inmensa mayoría de los arrestos son los de estos “peces chicos” no violentos y de bajo rango en el mercado de drogas – ellos son los más visibles y fáciles de atrapar, y no tienen los medios para pagar para que los saquen de apuros. (19) El resultado es que los gobiernos llenan las prisiones con delincuentes menores que cumplen largas condenas, a un gran costo, y con ningún impacto en la escala o rentabilidad del mercado.

En algunos países, estos infractores incluso se ven sujetos a la pena de muerte, en clara contravención de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Para demostrar su compromiso en la lucha contra las drogas, muchos países implementan leyes y castigos que son desproporcionados con la gravedad del delito, y que aún así no tienen un efecto disuasorio significativo. El desafío ahora para los gobiernos es considerar opciones alternativas a la cárcel para los “peces chicos”, o enmendar sus leyes para establecer una distinción más clara y proporcionada entre los diferentes tipos de actores en el mercado de drogas.

8. Invertir más recursos en prevención basada en evidencia, con un foco especial en la juventud.

Evidentemente, la inversión más valiosa debería dirigirse a actividades que eviten que los jóvenes usen drogas en primer lugar, y que impidan que los usuarios experimentales se conviertan en usuarios problemáticos o dependientes. La prevención del inicio o la escalada es claramente preferible a responder a los problemas una vez que ocurren. Desafortunadamente, la mayoría de los primeros intentos de reducir las tasas globales de uso de drogas mediante campañas de prevención masivas se planificaron e implementaron mal. Aunque la presentación de buena (y creíble) información sobre los riesgos del uso de drogas es valiosa, la experiencia de prevención universal (como las campañas masivas, o los programas escolares de prevención de drogas) ha sido desigual. Los mensajes simplistas como “solamente di no” no parecen tener un impacto significativo. (20)

No obstante, ha habido algunos programas de prevención cuidadosamente planificados y focalizados, que se centran en habilidades sociales y en la influencia de pares, que han tenido un impacto positivo en la edad de iniciación o en los daños asociados al uso de drogas. La energía, creatividad y destreza de la sociedad civil y los grupos comunitarios son de particular importancia en el diseño y puesta en marcha de estos programas – es menos probable que los jóvenes confíen en mensajes de prevención provenientes de agencias estatales.

Los modelos de prevención exitosos se han ocupado de focalizar grupos en riesgo en particular – miembros de bandas, niños bajo custodia gubernamental o con problemas en la escuela o con la policía – con programas mixtos de educación y apoyo social que evitan que una proporción de ellos se conviertan en usuarios de drogas habituales o dependientes. Implementados a una escala suficiente, estos programas tienen el potencial para reducir los números globales de jóvenes que se convierten en dependientes de drogas o que se involucran en la venta a pequeña escala.

9. Ofrecer una gama de opciones amplia y de fácil acceso para el tratamiento y la asistencia de la dependencia a drogas, incluyendo tratamientos de sustitución y de prescripción de heroína, con especial atención a aquellos más en riesgo, que incluya a quienes están en prisiones y otros contextos de encierro.

En todas las sociedades y culturas, una proporción de individuos desarrollará patrones problemáticos o dependientes de uso de drogas, independientemente de las sustancias preferidas en esa sociedad o de su status legal. La dependencia a drogas puede ser una trágica pérdida de potencial para el individuo involucrado, pero es también extremadamente perjudicial para su familia, su comunidad, y, en conjunto, para la sociedad toda.

Prevenir y tratar la dependencia a drogas es por lo tanto una responsabilidad clave de los gobiernos – y una inversión valiosa, ya que el tratamiento efectivo puede proporcionar significativos ahorros en términos de reducción del delito y mejoras en el desempeño en salud y social.

Muchos modelos de tratamiento exitoso – que usan una combinación de tratamiento de sustitución y métodos psico-sociales – se han implementado y probado en una gama de entornos socio-económicos y culturales. No obstante, en la mayoría de los países, la disponibilidad de estos tratamientos se limita a modelos únicos, sólo es suficiente para atender una pequeña fracción de la demanda, o está mal focalizada y falla en centrar los recursos en los individuos más gravemente dependientes. Los gobiernos nacionales deberían por lo tanto desarrollar planes estratégicos integrales para ampliar un menú de servicios de tratamiento de la dependencia a drogas basados en evidencia.

Al mismo tiempo, deberían abolirse prácticas abusivas llevadas a cabo en el nombre del tratamiento – tales como detención forzada, trabajo forzado, abuso físico o psicológico – que contravienen los estándares de derechos humanos al someter a las personas a trato cruel, inhumano y degradante, o al eliminar el derecho a la autodeterminación. Los gobiernos deberían garantizar que sus instalaciones de tratamiento de la dependencia a drogas se basen en la evidencia y cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos.

10. El sistema de las Naciones Unidas debe proporcionar liderazgo en la reforma de la política de drogas global. Esto implica promover un enfoque efectivo basado en evidencia, apoyar a los países para que desarrollen políticas de drogas que se adapten a sus contextos y respondan a sus necesidades, y asegurar coherencia entre las diversas agencias, políticas y convenciones de la ONU.

Mientras que los gobiernos nacionales pueden alejarse a considerable discreción de las políticas represivas, el sistema de fiscalización de drogas de la ONU continúa actuando en gran parte como un “chaleco de fuerza”, limitando la apropiada revisión y modernización de políticas. Durante casi todo el último siglo, fue el gobierno de los Estados Unidos quien encabezó los llamamientos para el desarrollo y mantenimiento de las políticas de drogas represivas. Por eso nos alegramos por el cambio de tono surgido de la actual administración (21) – con el mismo Presidente Obama reconociendo la inutilidad de la “guerra a las drogas” y la validez de un debate sobre alternativas. (22)

Será necesario, sin embargo, que los Estados Unidos den seguimiento a esta nueva retórica con reformas reales, reduciendo su confianza en el encarcelamiento y castigo de los usuarios de drogas, y usando su considerable influencia diplomática para fomentar reformas en otros países.

Las instituciones de fiscalización de drogas de la ONU han actuado en gran medida como defensoras de políticas y estrategias tradicionales. De cara a la creciente evidencia del fracaso de estas estrategias, son necesarias reformas. Ha habido algún alentador reconocimiento de la ONUDD que es necesario balancear y modernizar el sistema, pero también hay fuerte resistencia institucional a estas ideas.

Los países esperan de la ONU apoyo y guía. La ONU puede, y debe, proporcionar el liderazgo necesario para ayudar a que los gobiernos nacionales encuentren una salida al actual impasse político. Hacemos un llamado al Secretario General de la ONU Ban ki Moon y al Director Ejecutivo de la ONUDD Yury Fedotov para que emprendan pasos concretos hacia una estrategia global de drogas verdaderamente coordinada y coherente, que balancee la necesidad de contener la oferta de drogas y luchar contra el crimen organizado, con la necesidad de proporcionar servicios de salud, asistencia social, y desarrollo económico a los individuos y comunidades afectados.

Hay un número de maneras para avanzar en este objetivo. Para empezar, la ONU podría poner en marcha una comisión de amplio espectro para desarrollar un nuevo enfoque; las agencias de la ONU podrían crear estructuras nuevas y más fuertes para la coordinación de políticas; y la ONUDD podría fomentar una coordinación de programas más significativa con otras agencias de la ONU, como la OMS, ONUSIDA, PNUD, o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

11. Actuar con urgencia: puesto que la guerra a las drogas ha fracasado, se necesita cambiar las políticas ya.

Hay signos de apatía en el debate de las políticas de drogas en algunas partes del mundo, ya que los políticos comprenden que las actuales políticas y estrategias están fracasando pero no saben qué hacer a cambio. Existe una tentación de evitar la cuestión. Esto es una abdicación de la responsabilidad política – todos los años continuamos con el enfoque actual, miles de millones de dólares se desperdician en programas ineficaces, millones de ciudadanos son enviados a la cárcel innecesariamente, millones más sufren por la dependencia a drogas de sus seres queridos que no pueden acceder a servicios de salud y asistencia social, y cientos de miles de personas mueren por sobredosis evitables y enfermedades contraídas por el uso inseguro de drogas.

Hay otros enfoques que se han probado para abordar estos problemas con los que los países pueden continuar ahora. Hacer bien la política de drogas no es una cuestión para el debate teórico o intelectual – es uno de los desafíos políticos clave de nuestro tiempo.

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Notas:

1. Para un análisis detallado de los mercados de drogas ilícitas durante la década, ver: Reuter, P. y Trautmann, F. (2009) A Report on Global Illicit Drug Markets 1998-2007. Comisión Europeahttp://www.exundhopp.at/ www1/drogenbericht.pdf Consultado 19.04.11

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4. Ver la página de recursos sobre reducción de daños del Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Adicciones a las Drogas: http://www.emcdda.europa.eu/themes/harm-reduction Consultado 19.04.11

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* Asma Jahangir, activista por los derechos humanos, ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Pakistán. Carlos Fuentes, escritor e intelectual, México. César Gaviria, ex Presidente de Colombia. Ernesto Zedillo, ex Presidente de México. Fernando Henrique Cardoso, ex Presidente de Brasil. George Papandreou, Primer Ministro de Grecia. George P. Shultz, ex Secretario de Estado de Estados Unidos de América. Javier Solana, ex Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, España. John Whitehead, banquero y funcionario, presidente de la Fundación World Trade Center Memorial, Estados Unidos. Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, Ghana. Louise Arbour, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presidente del Grupo Internacional Crisis, Canadá. Maria Cattaui, miembro del Consejo de Petroplus Holdings, ex Secretaria General de la Cámara de Comercio Internacional, Suiza. Mario Vargas Llosa, escritor e intelectual, Perú. Marion Caspers-Merk, ex Secretaria de Estado en el Ministerio Federal de Salud de Alemania. Michel Kazatchkine, director ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, Francia. Paul Volcker, ex Presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y del Consejo Asesor para la Recuperación Económica. Richard Branson, empresario, defensor de causas sociales, fundador del Grupo Virgin, cofundador de The Elders, Reino Unido. Ruth Dreifuss, ex Presidente de Suiza y Ministra de Asuntos Internos. Thorvald Stoltenberg, ex Ministro de Asuntos Exteriores y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Noruega.

Fuente: www.globalcommissionondrugs.org

Fuentes adicionales: www.unodc.org, www.idpc.net, www.drugpolicy.org, www.talkingdrugs.org,www.tni.org/drugs, www.ihra.net, www.countthecosts.org, www.intercambios.org.ar,www.cupihd.org, www.wola.org/program/drug_policy, www.beckleyfoundation.org,www.comunidadesegura.org