Tras el
fin de la Guerra Fría, la emergencia de la globalización y el punto de
inflexión que marcan los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en
Estados Unidos, fueron factores que incidieron para una serie de
transformaciones que ha experimentado el sistema internacional en todos los
ámbitos. A partir del 11-S, los temas relacionados con la seguridad fueron
colocados como prioridad en la agenda internacional. Sumado a ello, el campo de
acción de la seguridad, es condicionada por aspectos económicos, políticos y
sociales, que además, ha modificado los
fundamentos estratégicos y doctrinarios de la seguridad internacional, hemisférica, regional
y nacional, y en consecuencia, las políticas de defensa se van articulando de acuerdo con los
objetivos nacionales de los Estados.
Para los propósitos
de este ensayo interesa tomar como referencia el enfoque de seguridad adoptado
y reconocido por los países latinoamericanos en el marco de la OEA en 2003. Los
países latinoamericanos reconocieron oficialmente el enfoque multidimensional
de la seguridad para el tratamiento de una agenda amplia de amenazas, que va
más allá del enfoque estadocéntrista del periodo de Guerra Fría. De igual
manera, estos cambios en materia de seguridad se han venido complementando por procesos
de apertura y liberalización comercial, democratización e integración regional.
Se destaca que a
pesar de que en la retórica de los discursos y declaraciones diplomáticas de
los gobiernos, se reconoce una visión multidimensional para abordar los
problemas de inseguridad que enfrenta América Latina. Esa visión de la
seguridad es aún una mera concepción holística que ha sido difícil
materializar, por una serie de debilidades presentes en América Latina. Al
contrastar con los hechos, la región sufre de una serie de trastornos y
distorsiones, entre ellas, la debilidad de los Estados y los procesos
inconclusos de consolidación de las democracias, lo que obstaculiza un
tratamiento integral de la seguridad.
Al referirnos a la
democracia y la seguridad es importante reconocer que ambos son conceptos
complejos y como tales dan lugar a interminables discusiones sobre su
significado y contenido. En términos generales la seguridad se refiere a la
ausencia y/o mitigación de amenazas. La seguridad sólo se puede concretarse en condiciones
y circunstancias específicas. En cuanto a la democracia, se analizara desde una
perspectiva que va más allá del régimen electoral poniendo énfasis en la
calidad de los sistemas políticos democráticos para brindar seguridad a sus
ciudadanos. A más de tres décadas del establecimiento del paradigma
democratizador en América Latina, los problemas de pobreza y desigualdad no se
han resuelto. América Latina se encuentra enfrentada a diversas fuentes de
inseguridad.
El fin de la Guerra Fría
significó para América Latina en términos de seguridad, la desaparición de
enemigos externos, lo que reforzó la tendencia hacia el desarme y la
subordinación de los militares al poder civil. El panorama de seguridad latinoamericano a inicios del siglo XXI se caracteriza por
dos tendencias: por un lado, la restauración de la democracia y los proyectos
de integración han contribuido a la pacificación de la región, la creación de
medidas de la confianza mutua y la creciente subordinación de las Fuerzas
Armadas al poder civil; por el otro, en determinados países se observa un
resurgimiento de la violencia y la militarización de la sociedad, estrechamente
vinculado con las nuevas tareas
de las Fuerzas Armadas.[1]
Cuando se
analiza el escenario latinoamericano se destaca que la democracia es una
condición indispensable para la estabilidad, la paz, la seguridad y el
desarrollo. Sin embargo, nos
enfrentamos a una serie de contradicciones en las relaciones internacionales
contemporáneas, que obstaculizan el avance del binomio democracia-seguridad.
Una de ellas es la dicotomía globalización-fragmentación, mientras que la
globalización, se apoya en la democracia y el libre mercado, y en consecuencia
tiende a más integración e interdependencia, multilateralismo, universalismo y
homogeneización; por otro lado, la fragmentación, provoca desintegración,
unilateralismo, y heterogeneidad.
Los altos grados de
interdependencia e interrelación presentes
en el escenario internacional provoca
que las amenazas adquieran un carácter global y de rápida transnacionalización.
La región latinoamericana se sitúa ante una realidad interméstica de amenazas,
es decir la mezcla simultanea de hechos locales e internacionales. El impacto de las amenazas han ido
determinando, no sólo el propio concepto de seguridad, sino también la agenda
del sistema internacional. El panorama de seguridad en el continente americano, específicamente en
Latinoamérica, se caracteriza por las siguientes tendencias:
- La restauración de la democracia y los proyectos de integración
como elementos que han contribuido a la pacificación de la región.
- La ausencia del enemigo externo durante la Guerra Fría, el fenómeno
de la inseguridad ciudadana ha contagiado a toda la región y representa
hoy la más seria amenaza para el orden democrático[3]
- El aumento de la violencia, se constituye como un fenómeno de carácter social donde confluyen varios factores de
distinta índole y constituye la principal limitante del desarrollo
económico y social de la región.
Un problema de seguridad común en toda la
región es el aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana, consideradas
como las principales preocupaciones de las sociedades latinoamericanas.
Asimismo, representa uno de los problemas que más afecta la calidad de las
instituciones democráticas de la región (deslegitimación). América Latina se
caracteriza por ser la región con mayor tasa de homicidios a nivel mundial. El Caribe presenta la tasa mayor con 30 homicidios por 100.000/hab.,
el promedio de Sudamérica es de 26 y el de América Central de 22 (UN-WB. 2007).
Un 63% de las personas
en América Latina y el Caribe se sienten inseguras, es decir, sienten temor. Un
73% de las personas en la región teme ser víctima de un delito violento. Esta
percepción se sustenta en el hecho que las víctimas de delitos han aumentado
significativamente desde 1995, cuando el 29% de la población fue víctima de algún
delito. En 2006 subió a un 32% y en 2007, aumentó al 38% (Latinobarómetro,
2007). Por otra
parte, la inseguridad se extiende a otras dimensiones, según informes del BID y del Banco Mundial,
América Latina es la región más desigual del planeta. El 5% más rico recibe el
25% del ingreso, mientras el 30% más pobre recibe menos del 7.5%. Los más ricos
reciben un ingreso 84 veces mayor que los más pobres.
Estos indicadores refuerzan la idea de que América
Latina presenta actualmente una serie de paradojas. Hay más democracia, pero
una parte creciente de la población cuestiona su capacidad de mejorar sus
condiciones de vida (creciente crisis social y profundas desigualdades); hay
crecimiento, pero la pobreza se encuentra en sus niveles más altos desde los
80; aunque se han realizado reformas económicas, los resultados distan mucho de
ser los esperados.
La crisis de seguridad que actualmente vive
América Latina tiene sus raíces en un conjunto de factores, tales como, la
falta de definición conceptual sobre seguridad, la aceptación de las doctrinas
de otros países sin tomar en cuenta las amenazas reales de la región, y las
debilidades del Estado democrático, ya que se trata de procesos de transición
incompletos.
En América Latina, es falso el dilema que
señala que la pobreza o la falta de desarrollo es el origen del problema de la
inseguridad y los altos índices de violencia. En el pasado había pobreza en
niveles superiores, lo cual no implicó que automáticamente la población optara
por el crimen como medio de vida. Este es un fenómeno reciente, gestado a
finales de la guerra fría, pero sobre todo desde los años noventa. Es un
producto de la globalización y la apertura de mercados, más que del
subdesarrollo. El atraso de amplias zonas rurales, su falta de comunicación y
la ausencia del Estado es un factor que contribuye, pero que no explica la
gestación del crimen organizado. Igualmente, la demanda de cocaína en Estados
Unidos y Europa, así como los amplios mercados de armas ilegales, alimentan al
narcotráfico y la violencia social. En este sentido, el incremento de la
delincuencia común y del crimen organizado tiene vasos comunicantes, pero está
más asociado a una transición incompleta hacia la democracia, la debilidad del
Estado de derecho y la tardanza en la instrumentación de la reforma del Estado
en el sector seguridad. Las reformas del Estado en
los sectores de justicia, policía, inteligencia y fuerzas armadas han sido
insuficientes o de velocidad lenta.
Este
déficit social, económico y de seguridad afecta la gobernabilidad democrática en la región,
aumentan la insatisfacción ciudadana y promueve actitudes apáticas hacia la
democracia. Es allí, donde se evidencian las mayores vulnerabilidades de los
gobiernos democráticos en la región. Asimismo, el impacto
de amenazas como el narcotráfico que permean las
estructuras de los Estados, desarrollan espacios sin ley y sin control,
incrementando la posibilidad de estados fallidos (Haití), generan grandes
vulnerabilidades externas a las que los estados de la región deberán responder
con nuevas formas de coordinación y nuevas maneras de enfrentar a fuerzas como
el crimen organizado, para lo cual la cooperación internacional es esencial.
En América Latina y
paralelamente con la evolución de la seguridad hemisférica en el sistema
interamericano, se ha transitado de una concepción estadocentrica que se limitaba
a atender las amenazas interestatales, las cuales en el contexto post guerra
fría han disminuido. Sin embargo, las
amenazas no tradicionales de carácter intra-estatal se han incrementado debido
a los altos grados de interdependencia presentes en el sistema internacional. Los
problemas de seguridad en el hemisferio cambiaron de rostro por completo cuando
las amenazas se entremezclaron de manera
compleja, debido a las transformaciones políticas, económicas y sociales que
atravesaba la región entre los noventa y especialmente a inicios del siglo
XXI.
Los noventa
constituyeron un periodo importante en este proceso de reconstrucción de la
arquitectura de seguridad en el continente.En esta
década emergen a la agenda de seguridad hemisférica las Nuevas Amenazas,
también llamadas Amenazas No Convencionales o No-Estatales.Asimismo, se da el primer
avance en el marco de la OEA con el Compromiso de Santiago de Chile de Defensa
de la Democracia en 1991. En dicho Compromiso se incluyó la defensa de la
democracia, las amenazas a la seguridad y estabilidad política del hemisferio,
además, aparecieron en la agenda de seguridad de los países, amenazas que son a
su vez internos e internacionales, llamados "intermésticos", como el narcotráfico,
el terrorismo y el crimen organizado.
Este proceso de cambios
en la seguridad hemisférica ha estado condicionado por los efectos del proceso de globalización. La
naturaleza de problemas y/o amenazas como el medio ambiente, el narcotráfico,
la corrupción, el terrorismo, la violación de los derechos humanos, la salud,
entre otros, ha llevado a que los Estados reconozcan que necesitan de la
cooperación e integración de esfuerzos, debido a que estas amenazas son de diversas naturalezas y de
difícil territorialización, y éstas ya no pueden ser tratadas, ni solucionadas unilateralmente, o aisladamente. Convivimos con un nuevo contexto internacional
caracterizado por la transnacionalización de las nuevas amenazas, lo cual
demanda una nueva forma de abordar los factores de inseguridad. Tal como señala Barry Buzan, el concepto de
seguridad fue adquiriendo mayor complejidad y se caracteriza por ser multidimensional.
Es posible identificar cinco dimensiones
para definir a la seguridad, entre ellas se encuentran: la dimensión militar,
política, económica, social y medioambiental. A partir de las cuales nos
muestra que estas no operan aisladas las unas de las otras sino que están
entrelazadas en una red de interdependencia. Se puede considerar que "en
lo militar, seguridad se refiere a las capacidades ofensivas y defensivas de
los estados y a las percepciones de los estados sobre las intenciones de otros.
Seguridad política se refiere a la organización de los estados, sistema de
gobierno e ideologías que dan legitimidad a otros estados. Seguridad económica
tiene que ver con el acceso a recursos, finanzas y mercados necesarios para
sostener niveles de bienestar a la población y estabilidad de los estados.
Seguridad del sistema social se refiere a la capacidad de la sociedad de
mantener los elementos de identidad cultural, de lenguaje, religiosas y de
identidad nacional, adecuados a patrones socialmente aceptados. Y seguridad
ambiental es entendida como aquella que permite que los otros sistemas se
apoyen."
Con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en
Estados Unidos, comienza una serie de debates relacionados con el rol de las
instituciones interamericanas de seguridad, como la Junta Interamericana de
Defensa (JID), el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), y la
Organización de Estados Americanos (OEA),
para enfrentar las nuevas amenazas a la seguridad en el continente. Esto
genero en el seno de la OEA un proceso de revisión de los conceptos de
seguridad y defensa, sustentándose en que la naturaleza y alcance de las
amenazas son de carácter multidimensional.
Estas tendencias influyeron en el diseño de
las agendas de seguridad y en la evolución de la definición de seguridad de los Estados latinoamericanos. Los problemas de
inseguridad en América Latina están relacionados con otros fenómenos como el
narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, tráfico de armas,
reconocidos por los Estados como las nuevas amenazas. Los Estados miembros de la OEA
en la Conferencia Especial sobre
Seguridad celebrada en México (2003), evento que marca un hito trascendental en lo referido a la conceptualización de la
seguridad se reconoció el enfoque multidimensional para el tratamiento de las
nuevas amenazas, las cuales impactan no sólo la seguridad nacional de los
Estados, o al individuo en su modalidad de seguridad humana sino también, al
escenario internacional, en su peculiaridad de seguridad internacional.
La nueva definición amplió el concepto tradicional de seguridad,
incorporando amenazas nuevas y no tradicionales, terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema
mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito
de armas y las conexiones entre ellos; pobreza extrema y exclusión social de
amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y
democracia, erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados;
los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras
enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente; la
trata de personas; los ataques a la seguridad cibernética; la posibilidad de
que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el transporte
marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material
radioactivo y desechos tóxicos; y la posibilidad del acceso, posesión y uso de
armas de destrucción en masa y sus medios vectores por terroristas.
Todas
estas amenazas en conjunto se denominan “multidimensionales”, por su origen
distinto, la importancia para cada país, y las diferentes herramientas para
hacerles frente. El concepto de seguridad multidimensional pretendía resolver
las diferencias nacionales sobre las prioridades, y en él se pueden incluir los
diferentes conceptos y doctrinas de seguridad. Sin embargo, el nuevo esquema extiende el concepto de seguridad a muchas
problemáticas de otro carácter, y se parece más a una larga lista de problemas
acorde a las necesidades de cada país, sub-región o región. Sumado a ello, no se concretizó el
establecimiento de planificación y diseño para una política hemisférica de
seguridad y defensa común, ni definió un marco institucional unívoco.
El riesgo de los documentos hemisféricos es
que no materialicen los principios de “buena voluntad”, acordados a nivel
político-diplomático. Es necesario reconocer que el marco conceptual propuesto
por la Declaración de Seguridad carece de mecanismos de verificación, sin
calendarios, sin programas específicos, sin planes de cumplimiento y/o
seguimiento y jerarquización de amenazas. Por este tipo de aspectos, la
institucionalidad en materia de seguridad en el hemisferio es incipiente y
débil, sumado a ello los gobiernos no aceptan dar pasos cualitativos para
construir un régimen colectivo de seguridad.
Por otro
lado, con el reconocimiento de la multidimensional o arquitectura flexible, se amplía la agenda y casi todos los problemas pueden ser considerados
una potencial amenaza a la seguridad. Esta situación repercute en América
Latina debido a sus incipientes procesos de consolidación democrática. Específicamente, los factores de inseguridad
tienden a ser más internos que externos, y están relacionados con la
gobernabilidad.
Las debilidades del
enfoque multidimensional de la seguridad, es que presenta una definición demasiado
amplia y generalizada sobre lo que constituye una amenaza, como también “el
oscurecimiento entre los conceptos de defensa y seguridad”, estos factores generan
que la seguridad pierda su significado y aplicabilidad. Cabe mencionar que
luego del 11-S, la lucha contra el terrorismo se colocó prioritariamente en la
agenda de seguridad internacional y hemisférica. Sin embargo, tratar factores como la pobreza
extrema, la exclusión social que son problemas estructurales, como amenazas de
igual impacto al terrorismo, conllevaría a “securitizar” todos los aspectos de
la agenda hemisférica.
Por “securitizar” se entiende, a la acción de relacionar un tema especifico
directamente con el ámbito de la seguridad, para que de esta forma, el tema
adquiera prioridad en los procesos de toma de decisiones políticos
gubernamentales.Es
decir, que frente a cualquier tema que se presente como una amenaza potencial y
que requiere de un abordaje por parte de las instituciones pertinentes, lleva a
que el tema cambie de categoría y llegue a verse relacionado como una amenaza a
la seguridad, siendo incorporado en la agenda.
Es
necesario mantener mesura conceptual sobre la seguridad, ya que una ampliación
descontrolada del concepto de seguridad, conlleva a la "securitización"
de la agenda social, trascendiendo a una progresiva militarización de asuntos
que seguramente no se resolverían por ese medio. En
determinados países, por los altos índices de violencia y delincuencia, se da
una progresiva militarización que tiene su origen con las nuevas tareas de las
fuerzas armadas en actividades de seguridad pública, ejemplo de ello es el caso
de El Salvador, que asigna un patrullaje
conjunto entre Policía Nacional Civil y fuerzas armadas para enfrentar a las
demonizadas “maras”.
La
ausencia de una definición concertada y concreta de las amenazas no contribuye
a dar pie para implementar acciones precisas.
Lo cual obstaculiza
el esfuerzo por contrarrestar adecuadamente las amenazas no convencionales que
azotan a la región que por sus características, no son susceptibles de ser
abatidas de forma unilateral.
Después de los
acontecimientos de 11-S, la Administración Bush ha influido en colocar al
terrorismo como amenaza prioritaria en las agendas políticas de los gobiernos
de los países del resto del continente, ocupando para ese fin, las
instituciones interamericanas de seguridad. La administración Bush, busca tener
la resonancia política necesaria en los gobiernos miembros de la OEA para
enfrentar sus propias amenazas nacionales de la misma manera que ocupó las
instituciones hemisféricas en el
contexto de la guerra fría. Sin embargo, la complejidad de las nuevas amenazas
hace difícil ese consenso.
La seguridad hemisférica se ha caracterizado por el fraccionamiento de
su institucionalidad en una pluralidad de regímenes, mecanismos e
instituciones, entre los cuales se destacan:
- los procesos políticos propios de foros
multilaterales;
- los acuerdos de cooperación
subregionales o bilaterales; y,
- los programas de cooperación militar, como
un subsistema relativamente formalizado de relaciones entre Fuerzas
Armadas de la región.
Uno de los grandes debates dentro y fuera del marco de la OEA es la
definición de Seguridad propiamente dicho. El concepto y las posturas
nacionales van desde la definición de amplias agendas de seguridad, propias de
los postulados de seguridad nacional de muchos países, tal es el caso de
México, país que insiste en incorporar temas de “desarrollo” (la pobreza como
fuente de inseguridad); Canadá con su planteamiento doctrinario de “Seguridad
Humana”; y muchos países del Caribe, donde las amenazas se perciben en
problemas como desastres naturales, catástrofes en materia de salud como el
VIH/SIDA, hasta conceptos más estrechos, relacionados con amenazas propiamente
militares (como las sostenidas por Colombia) o vinculadas al ámbito de la
defensa.
En ese sentido, no existe un consenso en cuanto a
la definición de la seguridad hemisférica, y se presentan una diversidad de agendas
de seguridad que carecen de unidad y consenso. La dinámica conceptual de la
seguridad hemisférica muestra por un
lado, la existencia de amenazas intra y extrarregionales. Además, las
realidades propias de cada contexto generan percepciones diferentes de amenazas
en cada subregión. Para ilustrar lo anterior, el siguiente cuadro detalla como
la jerarquía de amenazas varia por subregión.
Niveles de Percepciones de
Amenazas por Subregión
MERCOSUR
|
Países Andinos
|
Centroamérica
|
Caribe
|
Narcotráfico
|
Narcotráfico
|
Narcotráfico
|
Narcotráfico
|
Terrorismo
|
Terrorismo
|
Terrorismo
|
Terrorismo
|
Tráfico
de armas
|
Pobreza
y carencias sociales
|
Medio
Ambiente y desastres naturales
|
Pobreza
y carencias sociales
|
Crimen
Organizado
|
Guerrillas
y grupos subversivos
|
Crimen
Organizado
|
Medio
Ambiente y desastres naturales
|
Medio
Ambiente y desastres naturales
|
Tráfico
de armas
|
Pobreza
y carencias sociales
|
Tráfico
de armas
|
Pobreza
y carencias sociales
|
Crimen
Organizado
|
Tráfico
de armas
|
Crimen
Organizado
|
Guerrillas
y grupos subversivos
|
Medio
Ambiente y desastres naturales
|
Guerrillas
y grupos subversivos
|
Fuente: Cuadro
de F. Rojas Aravena. Memorias del Seminario Enfoques Subregionales de la
seguridad hemisférica.
La necesidad de generar un concepto de
seguridad en las Américas se ve reforzado por la alta heterogeneidad regional.
La diversidad caracteriza al hemisferio. Las preocupaciones de seguridad de la
Cuenca del Caribe son muy distintas a las de los países sudamericanos. Las
diferencias también se expresan en el terreno económico, así como en las capacidades
para enfrentar vulnerabilidades provenientes de situaciones ambientales. Más
allá de aquellas evidentes referidas a territorio, población, recursos naturales.
La región se deleita en un discurso sobre
los elementos comunes de la identidad que no se han traducido en acción en el
campo de la seguridad y menos aún en el de la defensa. Los avances en materia
de cooperación política y de integración regional, no se extienden
automáticamente al ámbito militar. Numerosas declaraciones y entendimientos políticos
en materia de seguridad, fomento de confianza, reducción de armamentos y gastos
militares y temas afines, simplemente no son llevados a la práctica.
Se puede
concluir que la seguridad hemisférica a inicios del siglo XXI, transita por una etapa de transición y se encuentra determinada por las
tendencias de los escenarios económicos y políticos globales. Esto implica una
redefinición más amplia e integral de los objetivos nacionales y de las
proyecciones de seguridad y defensa de
los Estados, frente a fenómenos de carácter transnacional. A partir de esto las
políticas de seguridad y defensa de los países de América Latina deben
concebirse teniendo en cuenta las complejas interdependencias existentes entre
lo global, regional y nacional, como también iniciar un proceso de
fortalecimiento del multilateralismo en la OEA, con el objeto de establecer
sinergias y cooperación en materia de seguridad, tomando en cuenta las
asimetrías y heterogeneidad de los países latinoamericanos.
Los países latinoamericanos enfrentan una doble agenda en cuanto a la seguridad,
por un lado, la agenda histórica, que se vincula con los temas de delimitación
fronteriza que poseen un fuerte peso en las percepciones de amenaza de carácter
militar; y por el otro, la nueva agenda que incorpora procesos de integración, el fenómeno de la
transnacionalización y la globalización.
A pesar de estas características
contemporáneas de la seguridad, las políticas de defensa en América Latina se
caracterizan por su carácter difuso en cuanto a su proyección global, por ello
para propiciar adecuados balances estratégicos se demanda políticas de defensa
que correspondan a equilibrios regionales y a ciclos estratégicos de largo
plazo de dimensión global.
La complejidad del enfoque multidimensional
tiene que estructurarse sobre las bases de un marco de cooperación e integración que conlleve a una
coordinación interestatal. También es preciso que se conjugue la voluntad
política y el compromiso de los Estados americanos sobre la base de principios,
valores compartidos y enfoques comunes, a fin de poder avanzar hacia mayores
grados de cooperación y asociación.
La amplitud del enfoque de seguridad multidimensional no brinda una
definición profunda y concreta del término seguridad, lo cual dificulta
operacionalizar por un lado políticas de seguridad nacional que se articulen
con los trabajos a nivel hemisférico, que vayan destinadas a prevenir, contener
y superar las nuevas amenazas. La amplitud de enfoque multidimensional,
incorpora problemas de desarrollo humano, pobreza, temas ambientales,
enfermedades, desastres naturales, entre otros, pero no explica concretamente
que se entenderá por amenazas y no establece una ruta a seguir para el
establecimiento de planes de seguridad hemisférica.
Por la amplitud y
complejidad del enfoque
multidimensional, no se aprecia una agenda de prioridades compartida, siendo
esto uno de los mayores obstáculos. Para consolidar los esfuerzos que se están
desarrollando para establecer un nuevo esquema
multidimensional debe construirse a partir de un proceso de integración
gradual, flexible, en un ambiente de
cooperación. Asimismo, es
importante identificar valores e intereses comunes que abonen a la
integración de las distintas regiones. La heterogeneidad de la región constituye un elemento decisivo para identificar las
oportunidades y necesidades de la cooperación en materia de seguridad, para lo
cual, se requiere de una ruta estratégica que permita jerarquizar
las amenazas de acuerdo
con las necesidades
de cada Estado.
La relación entre seguridad y democracia es necesaria para formular
respuestas ante las amenazas cada vez más complejas que se ciernen sobre Latinoamérica. El desafío central en el
futuro próximo y a mediano plazo para América Latina lo constituye el desafío
democrático y de gobernabilidad.
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1999. Pág. 1. La definición de seguridad que utiliza el autor proviene de
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