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20 nov 2012

La voluntad de los votantes | Los estados de Colorado y Washington han llevado la legalización de la marihuana al primer plano


Por John Walsh, Coordinador de WOLA

Ahora que los votantes en los estados de Colorado y Washington han aprobado iniciativas para la legalización de la marihuana, la atención se ha volcado repentinamente hacia preguntas sobre la implementación de esta medida —y, en particular, hacia especulaciones sobre cómo podría reaccionar el gobierno federal. Ello es totalmente comprensible, pues no es un secreto que las recientemente aprobadas iniciativas estatales entran en conflicto con la ley federal.

El Gobernador de Colorado, John Hickenlooper, presentó el tema de manera pintoresca la noche de la votación: “La ley federal aún sostiene que la marihuana es una droga ilegal”, recalcó, “de modo que no se apresuren a abrir los paquetes de Cheetos o de Goldfish”. (Por si acaso, las compañías PepsiCo y Campbell’s Soup, dueñas respectivamente de las marcas “Cheetos” y “Goldfish”, se encuentran al presente desafiando la tendencia a la baja en el mercado de valores tras las elecciones). La posibilidad de que las autoridades estatales y federales encuentren maneras para cooperar entre sí en lugar deenfrentarse,resultará clave para determinar el destino de la Enmienda 64 de Colorado y la Iniciativa 502 de Washington.

Pero resulta ya obvio, tanto en los Estados Unidos como en América Latina, el significado simbólico de la aprobación de las propuestas para la legalización de la marihuana. A nivel doméstico, ambas victorias enfatizan cómo las decisiones estatales y locales están impulsando el debate en cuanto a políticas sobre la marihuana, ante la actual inercia —por no decir parálisis— que se da a nivel federal. La opinión pública ha cambiado considerablementeen años recientes, y los votantes se encuentran ahora a la vanguardia de la mayoría de los funcionarios electos, especialmente de los políticos a nivel nacional. En ausencia de un liderazgo a nivel federal, los votantes a nivel estatal están tomando la delantera.

En América Latina, la votación de estos estados para legalizar la marihuana llega en un momento en que el difundido desaliento respecto a la “guerra contra las drogas” vigente durante décadas, ha convergido en pedidos por parte de los gobiernos y la sociedad civil para llevar a cabo una reconsideración profunda de las políticas sobre drogas. Para muchos latinoamericanos, las votaciones en favor de la legalización de la marihuana resaltan el divorcio que existe entre, por un lado, una tendencia inconfundible hacia políticas más liberales sobre la marihuana en los EE.UU. y, por otro lado, la estricta línea prohibicionista que aún domina la legislación federal y la política exterior de los EE.UU. Un asesor principal del Presidente electo mexicano, Enrique Peña Nieto, lo expresó sin ambages: “Evidentemente no podemos darle un trato a un producto que es ilegal en México, tratando de evitar el trasiego a Estados Unidos, cuando en algunas partes tiene un trato distinto”. Más al sur, mientras el Parlamento uruguayo debate legislación que legalizaría la marihuana en ese país, la votación de la semana pasada en los Estados Unidos —cuna de la moderna “guerra contra las drogas”— muestra que la puerta hacia la verdadera reforma se encuentra abierta, y que no se cerrará fácilmente.

En una declaración conjunta el 12 de noviembre, los presidentes de México, Belice, Honduras y Costa Rica, pusieron en claro que las votaciones en Colorado y Washington en favor de la legalización de la marihuana provocarían una reconsideración de las políticas vigentes en sus propios países. Ahora que existen jurisdicciones al interior de un país que integra la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aprobado la legalización de la marihuana, sería impensable que el informe sobre políticas de drogas de la OEA que debe aparecer en 2013 incumpla con presentar la legalización de la marihuana como una de las opciones a disposición de los gobiernos.

La noche de la votación, el Gobernador de Colorado, Hickenlooper (opuesto a la Enmienda 64) también recalcó: “Los votantes han hablado y tenemos que respetar su voluntad”. En el estado de Washington, la Gobernadora saliente, Christine Gregoire, aclaró asimismo que su trabajo “consiste en hacer lo que el pueblo del estado de Washington ha dicho que quiere que se haga”. En ambas votaciones, una mayoría simple fue el umbral a la victoria. De hecho, tanto la Enmienda 64 como la Iniciativa 502 fueron aprobadas por amplios márgenes. Un análisis más acucioso de los resultados de la votación destaca hasta dónde ha avanzado la opinión pública en relación a las políticas referidas a la marihuana, y cuán diverso puede ser el apoyo para la legalización de esta sustancia.

En Colorado, después de computar casi todos los votos emitidos, la Enmienda 64 fue aprobada por 10 puntos porcentuales, 55.0 a 45.0 por ciento. Lo que resulta aún más saltante: la propuesta por la legalización de la marihuana en Colorado se impuso en más condados y recibió más votos (1’336,579) que los obtenidos por el Presidente Obama (1’270,869), para no mencionar a Mitt Romney (1’147,518). En algunos de los condados de mayor población en los cuales el Presidente ganó por amplio margen, como Boulder y Denver, la Enmienda 64 quedó a la zaga de Obama. Pero la propuesta para la legalización de la marihuana se impuso en siete condados donde Obama quedó detrás de Romney. En promedio, la Enmienda 64 se impuso por un margen de casi 5 por ciento en esos siete condados, mientras que Obama quedó rezagado ante Romney por un promedio de casi 14 puntos porcentuales. Evidentemente, el apoyo para legalizar la marihuana en Colorado no se redujo simplemente a una cuestión de votantes “demócratas” versus “republicanos”.

En Washington, con más del 98 por ciento de los votos contabilizados, la Iniciativa 502 también ganó fácilmente, por 11 puntos —55.6 a 44.4 por ciento. La iniciativa obtuvo casi tantos votos a favor (1’684,645) como los que recibió Obama (1’712,374), quien se impuso fácilmente a Romney (1’269,846). Similarmente al caso de Colorado, en algunos de los condados de mayor población (y ubicados al oeste) del estado, incluyendo al Condado King, la Iniciativa 502 no se mantuvo precisamente a la par que el apoyo recibido por Obama. Pero la Iniciativa 502 se impuso en seis condados donde Obama quedó rezagado por Romney. En esos seis condados, incluyendo a Spokane, la Iniciativa 502 ganó por un margen promedio de 4 puntos, mientras que Obama quedó detrás de Romney por un promedio de casi 8 puntos porcentuales. Inversamente, Obama se impuso en otros dos condados (Clark y Cowlitz) donde la Iniciativa 502 resultó derrotada.

Tanto en Washington como en Colorado, la propuesta para legalizar la marihuana comprende todo el espectro ideológico y atraviesa las fronteras partidarias, desafiando incluso los patrones geográficos típicos de votación.

El sólido apoyo en favor de estas iniciativas se presenta como un recordatorio de la noción democrática fundamental de que, en la medida en que las actitudes y preferencias del público evolucionan en el curso del tiempo, las leyes —incluso las leyes referidas a las drogas— forjadas bajo circunstancias diferentes deberán eventualmente ajustarse para coincidir con nuevas realidades.

En última instancia, la implementación de la Enmienda 64 y la Iniciativa 502, y los impactos que sucedan a tal implementación, dependerán de la intricada interacción de los intereses políticos y legales implicados en el federalismo contemporáneo. Sin embargo, lo que es seguro ahora es que Colorado y Washington han llevado la legalización de la marihuana al primer plano; que en los próximos años se presentarán a votación nuevas iniciativas para legalizar la marihuana en otros estados; y que eventualmente la legislación federal sobre la marihuana deberá modificarse para mantenerse a tono con la época actual.

23 mar 2012

Presidentes de Centroamérica se reunirán para discutir alternativas a la "Guerra contra las drogas"

Cuatro reformas listas para ser consideradas e implementadas


El sábado 24 de marzo, el presidente de Guatemala Otto Pérez Molina auspiciará una reunión con los presidentes centroamericanos para hablar sobre enfoques alternativos que, a diferencia de las políticas actuales, pudieran confrontar mejor el impacto del tráfico ilícito de drogas en el istmo. Los presidentes centroamericanos siguen divididos sobre las declaraciones recientes de Pérez Molina sobre la necesidad de considerar la legalización de las drogas, sin embargo ellos han recibido con satisfacción la propuesta de tener una discusión sobre alternativas a las políticas de drogas actuales. Lo ideal sería que la reunión de mandatarios culminará con el compromiso de sostener un debate significativo y riguroso sobre alternativas a la actual "guerra contra las drogas". Este compromiso debe incluir propuestas concretas para crear un marco que avance las discusiones, las cuales deben incluir a la sociedad civil, expertos y todas las partes involucradas.

La creciente frustración con el fracaso de los esfuerzos de control de drogas, respaldados por Estados Unidos, es el motivo por el cual se da este llamado al diálogo, pues el enfoque actual no ha frenado la producción de drogas, el tráfico o el consumo. Además las políticas actuales han generado importantes costos económicos, sociales y políticos en toda la región.

Independientemente de los resultados de la reunión del sábado, la respuesta al llamado de Pérez Molina a considerar la legalización ha revelado el descontento generalizado que existe en la región—entre los funcionarios de gobierno y los ciudadanos—con las políticas actuales, y la necesidad urgente de desarrollar enfoques que sean más eficaces y más humanos. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, ha expresado su continua oposición a la legalización, pero también ha reconocido que el asunto es un tema legítimo de discusión. La insatisfacción con el enfoque actual se ha vuelto tan pronunciada que Estados Unidos ya no puede darle la espalda a la convocatoria de sostener un debate de fondo. En una sesión de preguntas y respuestas con el Departamento de Estado en Twitter el pasado 21 de marzo sobre la próxima Cumbre de las Américas, la Subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Roberta Jacobson, respondió a una pregunta formulada por WOLA diciendo: "Damos la bienvenida a la discusión de nuevos enfoques para asegurar soluciones integrales al problema".
El debate sobre la legalización, despenalización y descriminalización de drogas—términos que con frecuencia son usados intercambiablemente pero que representan tres enfoques distintos—sin duda será largo y complicado. Sin embargo, a medida que se abre el debate, se observa que ya existen propuestas que podrían mitigar algunos de los peores problemas causados por las mismas políticas de drogas. Entre las cuatro opciones expuestas aquí, tres entran cómodamente dentro de los confines de los actuales tratados internacionales sobre drogas. La cuarta—apuntando hacia mercados legales y regulados de cannabis—representa un reto a los tratados pero también es un desafió inevitable y beneficioso.

Descriminalizar el consumo de drogas. El uso de drogas debe ser tratado como un asunto de salud pública más que un asunto criminal. Hace diez años, Portugal descriminalizó la posesión de drogas para el consumo personal, lo que significa que los consumidores de drogas ya no son encarcelados por usar o poseer drogas. Los resultados hasta la fecha son positivos: el uso de drogas inyectadas ha bajado considerablemente, así como el índice de muertes por VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas, más usuarios de drogas problemáticos están en tratamiento y el crimen relacionado con las drogas ha bajado.

Reformar leyes de drogas severas e ineficaces. Muchos países en la región tienen leyes de drogas que no hacen diferencia entre ofensas leves, medias y altas, ofensas violentas y no violentas, y el tipo de drogas; todas son propensas a sentencias mínimas obligatorias y severas. Las leyes de drogas deben ser reformadas para asegurar la proporcionalidad en las sentencias y alternativas para ofensores no violentos y de bajo nivel. Las cárceles se han convertido en escuelas para las organizaciones criminales y las pandillas. Los ofensores leves ingresan a la cárcel sin vínculos al crimen organizado pero salen con vínculos establecidos.

Priorizar las estrategias de aplicación de ley que intentan reducir la violencia asociada con el tráfico de drogas. La aplicación de ley tradicional tiende a incrementar la violencia al incitar a aquellos involucrados en el tráfico de drogas a defenderse con violencia y con la amenaza de violencia. La aplicación que se enfoca en los sujetos más violentos puede ayudar a mitigar los efectos más perjudiciales del tráfico de drogas incluso sin tener que disminuir el mercado mundial de drogas. En Estados Unidos, muchos lugares han llevado a cabo estrategias de “disuasión dirigida” con mucho éxito en cuanto a reducción de niveles de violencia y en cuanto a mejorar la vida en las comunidades más afectadas por las drogas y la guerra contra las drogas.

Avanzar con la creación de mercados legales y regulados para el cannabis.El cannabis es la droga ilícita más usada y más producida, y comparativamente tiene menos riesgos que muchas otras substancias (incluyendo drogas legales). El enfoque prohibicionista hacia el cannabis causa un daño enorme a aquellos que se ven atrapados en el sistema penal. Actitudes en muchos países más tolerantes hacia el cannabis, incluyendo en los Estados Unidos, sugieren que tarde o temprano, gobiernos estatales y municipales empezarán a virar hacia mercados legales y regulados, de este modo reduciendo algunos de los fondos que enriquecen actualmente a las organizaciones criminales.

Tal como evidencian en estas opciones, el progreso en los pasos que alejan a las políticas del paradigma de la guerra contra las drogas y que se orientan hacia enfoques más efectivos y humanos pueden ser llevados a cabo en distintos niveles y lapsos de tiempo. La reunión de los presidentes en Guatemala ofrece una oportunidad nueva y optimista en el debate sobre políticas de drogas. La reunión no debe caer en las posiciones polarizadas y estériles del pasado, más bien debe abrir la puerta hacia una consideración amplia sobre las muchas posibilidades prometedoras alternativas al statu quo.

Fuente: http://www.wola.org/es/noticias/central_american_presidents_to_meet_to_discuss_alternatives_to_war_on_drugs

21 jun 2011

Declaración de organizaciones de la sociedad civil centroamericana e internacional ante los gobiernos de Centroamérica, el SICA y la Cooperación Internacional

Representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil centroamericana e internacional relacionadas con los temas de seguridad ciudadana y prevención de la violencia, reunidos en Guatemala el 20 y 21 de junio, con el auspicio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), de DIAKONIA (Suecia) y de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ) y, ante la oportunidad que brinda la próxima reunión del Sistema para la Integración Centroamericana (SICA) para abordar el tema de Seguridad Ciudadana en Centroamérica, reconocemos que:

Junto con la pobreza e inequidad, el crimen y la violencia están entre los principales problemas que afronta la sociedad centroamericana. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Latinoamérica es la segunda región más violenta del mundo, con una tasa de homicidios dos veces más alta que el promedio mundial y comparable con las tasas de regiones en África devastadas por las guerras. La violencia es la principal causa de muerte entre Latinoamericanos de 15 a 44 años de edad.

Por su parte, Centroamérica, particularmente Honduras, El Salvador y Guatemala, se ha convertido en la región del mundo con mayores niveles de violencia ordinaria. Según datos del informe sobre Desarrollo Humano para América Central del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a pesar de las diferencias notables entre países, la tasa promedio de homicidios para 2008 fue de 33 asesinatos por cada cien mil habitantes, tres veces mayor que el promedio mundial.

El incremento de la violencia es notablemente más preocupante en la región conocida como el ‘triángulo norte’ donde las tasas de homicidio llegaron a 58 en Honduras, 52 en El Salvador y 48 en Guatemala ese mismo año. La violencia proviene de diversas fuentes incluyendo el crimen callejero, la violencia intrafamiliar, las pandillas juveniles, el narcotráfico y las bandas del crimen organizado.

El efectivo abordaje de la inseguridad, la prevención de la violencia y la seguridad pública son temas de mayor preocupación en Centroamérica. Los Gobiernos y entidades regionales están desarrollando programas sobre el tema. Por su parte, la cooperación internacional está proporcionando apoyo y asistencia técnica y la sociedad civil - las universidades, las organizaciones comunitarias, las redes de servicio social y las iglesias, entre otras organizaciones - está activamente involucrada en programas de prevención de la violencia e iniciativas contra el crimen. Sin embargo, el rápido incremento de la violencia en todas sus manifestaciones en la región ha dificultado la elaboración de estrategias de largo plazo y la coordinación entre los distintos sectores gubernamentales y no gubernamentales para implementar políticas con el propósito de mejorar la situación de inseguridad y reducir las tasas de criminalidad y de violencia.

Otro obstáculo para el avance de políticas más integrales ha sido el énfasis que han puesto algunos gobiernos de la región en la aplicación de políticas de mano dura que han resultado ser ineficaces y contraproducentes para frenar el problema de la violencia y mejorar los índices de seguridad.

Sabemos que, reconociendo la gravedad de la situación de seguridad ciudadana, varios donantes bilaterales y multilaterales (España, Estados Unidos, Suecia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Canadá, Japón, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización Panamericana de la Salud) están desarrollando y financiando una variedad de programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana, Estado de Derecho, aplicación de la ley, pandillas, y prevención de la violencia juvenil, intrafamiliar y violencia contra la mujer. Estos programas y proyectos están encaminados a apoyar tanto iniciativas nacionales y regionales, como programas a nivel local y de la sociedad civil; además, están propiciando la participación de la misma en la toma de decisiones en el esfuerzo del Sistema de la Integración Centroamericana.

Por tanto:

a) Reconocemos a los Gobiernos centroamericanos, a la comunidad donante y al SICA por el desarrollo de esfuerzos para articular una estrategia regional de seguridad ciudadana, acorde a la realidad de nuestros países, que debería incorporar iniciativas desde el ámbito local hasta el ámbito nacional y regional en correspondencia con la necesidad de mejorar los procesos de análisis, planificación y coordinación.

b) La efectividad y sostenibilidad de esta estrategia requiere que los Gobiernos, la cooperación bilateral y multilateral y la sociedad civil desarrollen una visión integral, consensuada, coordinada y de largo plazo para garantizar la seguridad ciudadana y la reducción de la violencia en la región.

c) Esta estrategia requiere además articular la gama de experiencias, servicios y destrezas institucionales ya existentes que hacen énfasis en el fortalecimiento institucional, las reformas policiales, el fortalecimiento del sector judicial, y programas de prevención y rehabilitación. Todo ello desde el ámbito local hasta el ámbito nacional y regional.

d) La estrategia debería obligar a revisar el rol funcionalmente asignado a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y el crimen organizado, tareas que deben ser cumplidas exclusivamente por los cuerpos de policía y sus equipos especializados, a la luz de las disposiciones constitucionales vigentes.

Proponemos las siguientes líneas para la acción:

A nivel gubernamental.

Que los Estados establezcan reformas fiscales destinadas a fortalecer la inversión pública para la seguridad ciudadana, obtener recursos humanos especializados, materiales y financieros para abordar el problema desde la prevención integral, reducción del daño, rehabilitación y reinserción social.

Las acciones que están siendo desarrolladas mediante este proceso tienen que empezar por reconocer que la reducción de la violencia y la criminalidad y el mejoramiento de la seguridad ciudadana requieren de un enfoque integral que trasciende el problema del narcotráfico y otras expresiones de la criminalidad organizada.

Los Estados deben declarar la adicción a substancias psicotrópicas como un problema de salud pública, promoviendo, asimismo, programas preventivos y de reducción del daño en centros de salud, escuelas, comunidades y medios de comunicación.

A nivel de la empresa privada

El sector privado debe sumarse a los esfuerzos gubernamentales en la prevención de la violencia y el combate al crimen. Su contribución a través de las políticas fiscales, de la responsabilidad social corporativa y de numerosas iniciativas privadas son fundamentales para fortalecer la prevención de la violencia y seguridad ciudadana.

Los medios de comunicación social deben dar un tratamiento menos sensacionalista al tema de la violencia y la criminalidad y deben acompañar la construcción de una cultura de paz que fomente una convivencia armónica y pacífica.

A nivel de la sociedad civil

Los organismos de la sociedad civil, las iglesias, los grupos comunitarios, los investigadores y los activistas que trabajan con jóvenes y la niñez en riesgo, en fortalecer las comunidades, y que brindan asesoría en estrategias para el fortalecimiento institucional, son un sector clave en el esfuerzo por prevenir la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana. Se debe propiciar la participación activa y sistemática de estos grupos, cuyas estrategias han incidido efectivamente en mejorar la situación a nivel comunitario. Además, es fundamental la aplicación de estrategias y alianzas a nivel comunitario, especialmente en zonas de riesgo o zonas críticas para que sean parte activa en la solución del problema.

Cultura de paz

Hay muchos esfuerzos importantes en la prevención social de la violencia en Centroamérica. Pero se requiere colocar estos esfuerzos en el marco más amplio de la construcción de una cultura de paz.

En primer lugar, los Estados deben reforzar el cumplimiento efectivo de los instrumentos internacionales relativos a la niñez, la adolescencia y la juventud, en la formulación y aplicación de las políticas públicas integrales, para lo cual deben garantizar una asignación presupuestaria descentralizada que impulse el desarrollo local y permita la articulación de las diversas instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil.

Se requiere también trascender los esfuerzos aislados en la prevención de la violencia para dar lugar a una estrategia cultural y educativa de largo plazo que involucre la participación de los Estados y de la sociedad civil y que cuente con una inversión social planificada. Los fundamentos de esta estrategia cultural están en la observación y cumplimiento integral de los derechos humanos, en la incorporación en las políticas públicas de los enfoques de género y construcción de una masculinidad desligada de la violencia, y en el respeto y reconocimiento a las diversidades étnicas y sexuales. Parte esencial de esta estrategia es una reforma educativa que incluya contenidos educativos orientados a la prevención de la violencia desde la familia y la escuela, programas de retención escolar, programas dirigidos a promover la resolución de conflictos, de reinserción social y atención a jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley y programas de generación de empleo.

Fortalecimiento institucional

El fortalecimiento de las instituciones responsables de la aplicación de la ley es fundamental para la provisión de la seguridad ciudadana en Centroamérica. La creación de unidades antinarcóticos o antipandillas especializadas no es sostenible en el marco de una institucionalidad tan precaria como la existente. El enfoque de un fortalecimiento institucional articulado e integral, a nivel nacional y regional, debe empezar por la cadena de operadores de justicia, para garantizar su independencia operativa y financiera y un funcionamiento eficaz, que contribuya a la erradicación de la corrupción y la impunidad, y en algunos casos a la necesidad de depurarlos.

La estrategia de seguridad ciudadana de Centroamérica debe conducir a la profesionalización de la policía, incluyendo la creación y/o el mejoramiento de la carrera policial, los mecanismos de control interno y externo, la orientación transversal de policía comunitaria, el enfoque de género y derechos humanos; la inteligencia policial y la investigación criminal. A su vez es necesario fortalecer la capacidad de los Estados para el control efectivo del tráfico de armas de fuego y sus municiones, acompañado de la promoción de campañas de desarme y destrucción de armas a nivel comunitario, municipal, local y nacional.

La privatización de la seguridad es un tema complejo generado a partir del debilitamiento de los cuerpos policiales. Los Estados deben intentar revertir un proceso que ha permitido que la seguridad privada invada los espacios y funciones de la seguridad pública, facilitando la adopción de acciones que aprovechen la capacidad instalada de las empresas de seguridad privada a través de la coordinación y el control institucional.

El respeto a los derechos humanos y a las garantías procesales es imprescindible en la seguridad ciudadana. Hay una historia lamentable en la región de abusos a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad pública y las fuerzas armadas. Los donantes deben estudiar cuidadosamente las denuncias de abusos asegurándose que su apoyo no termine patrocinando la violación de los derechos fundamentales.

Se requiere crear y fortalecer mecanismos internos y externos de control de los centros penitenciarios. Es necesario rescatar el enfoque de reeducación y reinserción revisando la situación social de los privados de libertad. Los centros de máxima seguridad para criminales altamente peligrosos, deben implementar el enfoque de justicia penal restaurativa, que les prepare para una reinserción social más efectiva y eficiente.

Monitoreo y evaluación

El desarrollo de una estrategia centroamericana para la seguridad ciudadana que ha empezado requiere un proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación que garantice la participación efectiva de la sociedad civil con experiencia en el tema de prevención de violencia y seguridad ciudadana tanto en referencia a la Comisión Regional de Seguridad Ciudadana como la Comisión de Prevención de Violencia Juvenil del SICA.

A su vez, cualquier mecanismo de seguimiento resultante de la Conferencia Internacional debe incluir un mecanismo independiente de consulta y participación de organizaciones de la sociedad civil centroamericana con experiencia en temas de prevención de la violencia y seguridad ciudadana.

Por tanto, demandamos condicionar la cooperación a:

a) Una estrategia de comunicación abierta desde los Gobiernos y la región sobre el tema de seguridad ciudadana en donde la participación de los diferentes sectores sea tomada en cuenta, especialmente la de los jóvenes y las comunidades más afectadas.

b) Que se hagan planteamientos integrales que incluyan la prevención, reducción del daño, rehabilitación social de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades, evitando la militarización como alternativa para la disuasión y fortalecimiento la institucionalidad e inteligencia policial en lo local, nacional y regional. Dada la importancia de la prevención social en la construcción de una cultura de paz, demandamos que la tercera parte de los recursos asignados de la Estrategia estén orientados a la prevención social, reducción del daño, rehabilitación y reinserción.

c) Una reforma fiscal que permita generar ingresos para abordar el fenómeno de la violencia desde una perspectiva integral.

d) La conformación de equipos especializados en un abordaje científico del fenómeno de la violencia en todas sus manifestaciones, lo que implica inversión en recursos humanos capacitados y que se tome en cuenta las experiencias existentes en las organizaciones de la sociedad civil.

e) Fortalecer la institucionalidad haciendo la depuración necesaria de las personas que en los diferentes estamentos del Estado se han plegado a la corrupción.

f) Que el consumo de drogas sea tomando en cuenta desde una perspectiva de salud pública, enfocando la importancia en la prevención y en la reducción del daño como estrategia y no solo enfocarlo desde la cero toleranciay considerando alternativas de despenalización.

g) Que el crimen organizado (narcoactividad, tráfico de armas, de personas y otros) sea abordado tomando en cuenta la realidad geopolítica y Centroamericana impulsando un modelo adecuado a la región.

Ciudad de Guatemala, 21 de junio de 2011

Internacional: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); DIAKONIA (Suecia); Plataforma Holandesa. Regional: Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ).Guatemala: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG); Asociación Manos que te Apoyan (AMA); Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud (SODEJU-FUNDAJU); Religiosos Terciarios Capuchinos; Asociación para la Prevención del Delito (APREDE); Grupo Ceiba; Fundación Demos; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); Fundación Myrna Mack (FMM); Alianza Joven; Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (IMASP); Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES); INTERPEACE. El Salvador: Centro de Formación y Capacitación para los Procesos de Atención a Situaciones de Sufrimiento Social (CFC PASSOS); Equipo Nahual; Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IUDOP-UCA); Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO); Fe y Alegría El Salvador; Movimiento de Jóvenes Encuentristas (MOJE); Servicio Social Pasionista (SSPAS); Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA); Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” CEMUJER; Sistema de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo Local (SACDEL); Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU); Fundación Quetzalcoatl.Honduras: Casa Alianza; Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT); Asociación Jóvenes Hondureños Adelante Juntos Avancemos (JHA-JA); Centro para la Inclusión Social y la Democracia Participativa; Proyecto Paz y Justicia. Nicaragua: Centro de Prevención de la Violencia (CEPREV); Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).Costa Rica: Fundación Arias para la Paz.

17 nov 2010

Predica lo que practicas: La separación de roles entre militares y policías en las Américas

El informe Predica lo que Practicas: La Separación de Roles entre Militares y Policías en las Américas, de la Oficina en Washington para América Latina provee información de fondo y de contexto sobre las diferencias claves entre las funciones militares y policiales. El informe llama al gobierno de Obama a cambiar de dirección y dejar de incentivar a las fuerzas militares de otros países a adoptar roles que serían ilegales para las fuerzas armadas de Estados Unidos dentro de su país. Los autores, un grupo de expertos de WOLA en seguridad regional, delinearon pasos específicos a ser tomados tanto por los Estados Unidos como por los países de la región.

Para leer el informe, haga clic aquí.