Tras siete años de arduas negociaciones y dos semanas de maratonianas sesiones en la sede de la ONU en Nueva York, tres países –todos aislados por su pobre historial de respeto de los derechos humanos; Corea del Norte e Irán con embargos de armas de la ONU; y Siria en su tercer año de un conflicto que ya es una guerra civil- secuestraban en el último momento el largo proceso de intento de regular el comercio internacional de armas convencionales, como ya ocurrió en julio del año pasado, cuando Estados Unidos –y otras naciones- pidieron “más tiempo” para negociar.
La aprobación del tratado requería el visto bueno de los 193 países que integran la ONU, pero ante el veto de Siria, Irán y COrea del Norte, un grupo de naciones –representado por Kenia e integrado por Reino Unido, Japón, EEUU y otros ocho países- declaró que solicitaría al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llevar el borrador final ante la Asamblea General para su adopción lo más pronto posible, lo que podría ser el próximo martes 2 de abril.
La adopción en Asamblea General sería una victoria pero que puede presentar sorpresas. Si el tratado hubiera sido aprobado ayer, la vinculación de los países hubiera sido inmediata pero presentarlo ante la Asamblea puede suponer que naciones que tenían dudas las dejan ver ahora y se abstengan o incluso voten en contra. La oportunidad perdida es histórica y el sentimiento de frustración reinaba entre las delegaciones gubernamentales y organizaciones cívicas que llevan años dando esta batalla de que sólo puedan comerciar con armas países que cumplan unos estándares de derechos humanos.
Pero tanto el secretario general –“tiene confianza de que el Tratado de armas se aprobará”, dijo su portavoz, Martin Nesirky- como los activistas que integran la Coalición para el Control de las Armas –que agrupa a unas 100 organizaciones a favor del control de armas- declararon que es “una cuestión de tiempo” que el acuerdo sea una realidad. “El mundo ha sido secuestrado por tres estados”, afirmó decepcionada Anna Mcdonald, de Oxfam Internacional. “No debería de permitirse que países como Irán, Siria y Corea del Norte dicten al resto del mundo la manera en que se debe de regular la venta de armas”.
Tras siete años de árduas negociaciones y dos semanas de maratonianas sesiones en la sede de la ONU en Nueva York, tres países aislados por su pobre historial de respeto de los derechos humanos secuestraron en el último momento el largo proceso
Tras 30 años batallando por la paz, Jordi Armadans viajó hasta Nueva York para asistir a las dos intensas semanas de negociaciones en la ONU. En conversación telefónica, el director de la Fundación por la Paz aseguraba que “el proceso no tiene vuelta atrás”. “Todos estos años han servido para poner sobre la mesa que el comercio de armas no es inocuo, que tiene serias consecuencias”, explica.
Armadans se mostró satisfecho de que se hubiera reducido el número de países para que el tratado entre en vigor, al pasar de 65 a 50. “Eso sin duda facilitará su puesta en marcha”, avanzó. Además, se han relajado los requisitos para futuras enmiendas, y no se exigirá que sean “por consenso”, sino con el respaldo de tres cuartas partes de los países miembros.
“Esta es una gran oportunidad, no se trata de una campaña de desarme sino de control”, enfatizó. “Si promovemos la democracia, la libertad y la dignidad”, argumentó Armadans poniendo como ejemplo la primavera árabe que estalló en 2011, “es absurdo e indecente que países democráticos vendan armas a regímenes que usan esas armas para masacrar a la población que reclama esos principios”. “Este es un tratado que puede servir para que dejen de producirse muchas de las matanzas, genocidios y crímenes de guerra que hemos vivido hasta ahora", finalizó el director de Fundación por la Paz.
El borrador del tratado establece que el acuerdo no pretende la regulación del uso doméstico de armas de nunguno de los países firmantes. El pacto requirirá a todos los países firmantes aplicar una determinada moral a la venta de armas convencionales, que en principio supone que cada país evalúe, antes de cada transacción, si las armas vendidas podrían llegar a ser utilizadas para esquivar un embargo internacional, cometer un genocidio u otras violaciones graves a los derechos humanos o si pueden llegar a manos de terroristas o criminales. El borrador final permite a los estados determinar si una determinada transferencia de armas podría contribuir a la paz y la seguridad o por el contrario a socavarlas.
Todos estos años han servido para poner sobre la mesa que el comercio de armas no es inocuo, que tiene serias consecuencias”, explica Jordi Armadans, director de la Fundación por la Paz
La provisión de derechos humanos es muy potente en el boceto, al añadir que la exportación de armas convencionales debe de ser prohibida si van a ser usadas en ataques contra población civil o edificios que alberguen civiles, como colegios y hospitales.
El tratado abarca a tanques, vehículos blindados y aviones de combate, sistemas de artillería de gran calibre, helicópteros de ataque, barcos de guerra, misiles y lanzamisiles, así como armas ligeras.
Estados Unidos -principal proveedor de armas del mundo- afirmó tras la reunión que el borrador contenía “los objetivos para lograr un texto fuerte, equilibrado y aplicable que permitiría aumentar las prohibiciones de estándares comunes para regular el comercio internacional de armas convencionales", explicó el jefe de la delegación, Tom Countryman. Rusia reconoció que en el texto había "omisiones" y "dudosas" cláusulas, como por ejemplo el nulo control de transferencias de armas a grupos rebeldes.
Pese al fracaso del jueves y la oportunidad histórica perdida, la Coalición para el Control de las Armas aseguró que no se daba por vencida. “El tratado saldrá adelante, es solo cuestión de tiempo. Tenemos un mensaje claro para los violadores de derechos humanos: vuestro tiempo se agota”.
