¿Con que fuerzas puede responder Siria?

Defensa antiaérea siria

Las fuerzas de defensa antiaérea del país están integradas por 40.000 personas. En su inventario figuran 320 sistemas de misiles tierra-aire S -75 Dvina y S- 75M Volga, 148 sistemas S-125 Nevá y S-125M Pechora, 48 sistemas S-200 Angará, 48 instalaciones de S-300, 200 de 2T12 Kub, 60 de 9K33 Osa, una veintena de 9K31 Strela-1, medio centenar de Buk de distintas modificaciones y otros 50 sistemas Pántsir- S1.

El ejército de tierra sirio también cuenta con cierta cantidad de sistemas Tunguska y Tor-M1.

Una gran parte de estos sistemas ha quedado obsoleta, pero la otra, según datos no confirmados, fue sometida a inicios de la pasada decada a una actualización de sus componentes y sus bloques de guiado fueron sustituidos por otros más nuevos. Queda por saber si se completó la entrega de nuevos sistemas de defensa antiaérea rusos S-300, ya que no se sabe con certeza si Damasco dispone de estos sistemas defensivos.

Sin embargo, aunque el número total de sistemas antiaéreos de gran, medio y corto alcance de Siria no baste para defender exitosamente el país, al menos si serían capaces de causar un número sensible bajas a la aviación enemiga.

No se puede descartar que Damasco tenga desplegados en el litoral sistemas de misiles anti-buque Yájont, con velocidad de 3000 kilómetros, 250 kilos de carga de combate, 300 kilómetros de alcance y capacidad para volar a muy baja altura, dificultando su intercepción. Ello significa que es muy poco probable que Occidente actúe cerca de las costas sirias.

Sin comandos especiales en la costa

En la etapa actual Estados Unidos puede lanzar un ataque de alta precisión con sus misiles de crucero, pero es poco probable que actúen en el territorio sirio con sus comandos, de forma parecida a la agresión contra Libia de 2011. No lo permitirá el ejército gubernamental.

El nivel de formación de las fuerzas especiales en Siria es alto, afirmó este jueves en el salón aeroespacial MAKS-2013 cerca de Moscú, el comandante de las tropas aerotransportadas de Rusia, el coronel general Vladimir Shamánov.

"Partiendo del hecho de que contra ellos [tropas del Gobierno sirio] lucha el 'spetsnaz' [comandos especiales] de unos 20 estados deduzco que están bastante bien preparados", dijo el general.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/104266-fuerzas-defensa-antiaera-siria

Nos encontramos ante una carrera armamentista en Suramérica?

Brasil se pone a la cabeza de la defensa militar en América Latina

Varios temas sensibles y urgentes de resolver al mismo tiempo y la vocación por expandir su liderazgo a otros aspectos en la región han hecho que Brasilincremente en forma notoria su inventario militar en los últimos años.

Esta tendencia se acaba de acentuar con la adquisición a Rusia de cinco baterías antiaéreas, un sistema de protección inédito en Latinoamérica pero que ya utilizan las 28 naciones que componen la Organización para el Tratado del Atlántico Norte(OTAN).
El paquete abarca tres sistemas antiaéreos Pantsir-S1, cuya capacidad de mediano alcance le permite derribar objetivos ubicados a una altura de entre 3 y 15 kilómetros. Y también se compraron dos baterías antiaéreas modelo Igla, de menor alcance.
Esta llegada de nuevo armamento al gigante sudamericano se suma a los siete helicópteros de la empresa Russian Helicopters que Dilma Rousseff adquirió dos meses atrás, cuando estuvo de visita oficial por la tierra del vodka.

Si bien ambos refuerzos militares fueron en respuesta a una de las exigencias de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) para tener un Mundial 2014 en paz, también servirán para incrementar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo en dos lugares muy sensibles para la seguridad brasileña: las favelas y la Triple Frontera que comparte con Argentina y Paraguay.

La intención de Brasil es urbanizar las favelas antes de 2020 y, para ello, resultarán fundamentales los logros que pueda conseguir el Ejército en su lucha diaria contra las mafias que operan en esos lugares. Un enorme desafío que requiere estar equipado con armas de última generación, para enfrentar en igualdad de condiciones a los delincuentes que se nutren de los mejores pertrechos gracias a las millonarias cifras que recaudan como producto de sus actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico.
Otro de los puntos geográficos brasileños marcados con bolígrafo rojo por sus Fuerzas Armadas es la Triple Frontera. El sector compartido con Argentina y Paraguay ya ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de servicios de inteligencia nacionales y extranjeros de que allí se mueven células de Al-Qaeda yHezbollah.
Por este motivo, en agosto del año pasado el Gobierno desplegó allí un operativo con 10.000 soldados en el que se hallaron 11.000 kilogramos de explosivos, entre otras cosas.

Fuente: http://america.infobae.com/notas/66897-Brasil-se-pone-a-la-cabeza-de-la-defensa-militar-en-America-Latina

La Militarización de la Seguridad Pública en El Salvador

Por Walter Murcia

Existe un acuerdo generalizado en que después de las transiciones democráticas en América Latina, la principal función de las fuerzas armadas sería, en teoría, la defensa de la soberanía nacional y el territorio frente a agresiones externas. Pero en los últimos años, dada la creciente inseguridad ciudadana, muchos gobiernos han otorgado a las Fuerzas Armadas facultades en orden interno para lo cual no están preparadas. Todo ello, a pesar de tratarse de decisiones que contradicen sus respectivos marcos jurídicos y la propia democracia y de significar un retroceso en las relaciones cívico-militares.

Cada vez es más gris la línea que divide los asuntos de seguridad y defensa. En América Latina, solo en Argentina, Chile y Uruguay, los roles entre seguridad y defensa están bien definidos, aunque se han visto intenciones en estos países por hacer reformas a las leyes, como es el caso de Chile, para dar espacios de acción a los ejércitos para el combate a la criminalidad. Allí existe conciencia de que eso representaría un retroceso para la democracia.

En cambio, en otros Estados con problemas serios de ingobernabilidad, no es extraño toparse con Fuerzas Armadas multipropósitos, que además de llevar juguetes o asistencia médica a comunidades pobres, sirven en tareas de seguridad pública y lucha contra el narcotráfico, como sucede en El Salvador. Esto último, influido por el apoyo que brinda Estados Unidos a estos gobiernos para su guerra contra las drogas. Un país cuya prédica y práctica se contradicen.

La Fuerza Armada en los Acuerdos de Paz

Ya pasaron más de dos décadas de la firma de los Acuerdos de Chapultepec entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), acuerdos que dieron fin a un conflicto armado de 12 años que dejó un lamentable saldo de 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos. Estos Acuerdos constituyeron un punto de partida para refundar un nuevo país, o al menos tratar de constituir una democracia.

Fuente: Facebook Fuerza Armada de El Salvador.

El punto trascendental de los Acuerdos de Paz radicó en la reformulación de la misión de la Fuerza Armada a cambio de la desmovilización de la guerrilla del FMLN. Esto suponía reducir el tamaño de los ejércitos, supeditarlos al poder civil, fortalecer y reorganizar las dependencias policiales, entre otros. Al hacer un balance de los compromisos pactados en el texto del documento, se puede afirmar que se han dado avances parciales y agregaría que, en buena medida, debido al poco interés de las élites políticas en ver más allá, principalmente los partidos políticos.

La experiencia de El Salvador quedó registrada en la memoria colectiva como una experiencia exitosa de negociación de la paz. El título del informe de la Comisión de la Verdad (“De la locura a la esperanza”) describe muy bien ese contexto. No obstante, con el pasar de los años, se percibe que dichos Acuerdos no dieron muchos frutos, lo que responde a que fueron negociados entre elites políticas. Las cúpulas de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y del FMLN establecieron un nuevo terreno para la guerra: las elecciones.

Se han cumplido algunos acuerdos, pero aún queda pendiente completar ciertas reformas. Por ejemplo, en cuanto a lo económico y social (detonante de la conflictividad), nunca se ha logrado tener una visión de país consensuada sobre la ruta a seguir. No fue casualidad que el primer punto de los Acuerdos de Paz estuviera dedicado a la Fuerza Armada. Se resolvió buscar una desmilitarización de la seguridad pública y avanzar en la profesionalización de las policías. En la actualidad, ni una ni otra parecen concretarse.

Un enfoque integral contra la violencia

El Salvador es uno de los países más violentos e inseguros en el mundo. Las razones pueden hallarse en los problemas estructurales, la violencia generada por las pandillas y el impacto del crimen organizado. A pesar de que con los Acuerdos se buscaba separar los campos de seguridad y defensa, desde 1993 hasta hoy, en nombre de la excepcionalidad (llámese incapacidad) y en busca de una respuesta al problema de inseguridad, los gobiernos han optado por políticas de mano dura, endurecimiento de leyes y acciones de corto plazo (como disuadir con el instrumento militar), pero que no abordan de manera integral el problema.

Basta tomar en cuenta experiencias exitosas de cómo tratar la inseguridad y la violencia, ya sea en ciudades de Colombia, Nicaragua o Costa Rica, que han combinado estrategias integrales centradas en el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, las policías comunitarias, las acciones de prevención, el fomento de espacios de convivencia y la  participación ciudadana, junto a otras políticas.

Ante la excusa de una policía desbordada (lo cual resulta obvio) y la búsqueda de respuestas “fáciles” a la inseguridad y las manifestaciones del crimen organizado como el narcotráfico, el actual gobierno de Funes ha implementado algunas acciones dirigidas a la prevención. No obstante, siguiendo la norma de los gobiernos anteriores, valiéndose del Artículo 212 de la Constitución Política, ha recurrido a la Fuerza Armada para que apoye tareas de seguridad pública. Dicho artículo establece que “el Presidente de la República podrá disponer excepcionalmente de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la paz interna, de acuerdo con lo dispuesto por esta Constitución”.

En sus discursos, el presidente Funes alude a que El Salvador se encuentra ante una guerra. Pero basta con observar los resultados no buscados del enfoque prohibicionista y represivo contra las drogas (caso de México). A pesar de ello, en El Salvador, se han venido renovando Decretos Ejecutivos que facultan al Ejército en tareas de seguridad pública y participación en la lucha contra el narcotráfico, obviando las notables implicaciones y retrocesos para la democracia y las relaciones civiles-militares.

En El Salvador, diferentes han sido las justificaciones para una medida que ya no tiene nada de extraordinaria: debilidad de las policías, poco presupuesto para seguridad, efectividad y confianza de la población en la Fuerza Armada. En este país, de acuerdo al Barómetro de las Américas de 2010, a más del 40% de la población no le importaría un gobierno autoritario si solucionara los problemas de inseguridad. Pero las maras, el narco, son solo expresión de un círculo vicioso de subdesarrollo y debilidad estatal.

Aunque se le ha dado importancia al enfoque preventivo, en 2009 la Administración Funes ordenó el despliegue del ejército. Desde entonces, ha sido prorrogado anualmente y se aumentó el número de tropas en tareas de seguridad pública. El Decreto Ejecutivo N° 52, vigente hasta mayo de 2013, establece:

“Disponer de la Fuerza Armada, con el propósito de apoyar a la Policía Nacional Civil en operaciones de mantenimiento de la paz interna, por medio de la planificación y ejecución de operaciones preventivas conjuntas anti delincuenciales, por medio de patrullajes conjuntos de prevención, disuasión y aprehensión de delincuentes en todo el territorio nacional, poniendo mayor énfasis en el resguardo de la frontera nacional en lugares identificados como no habilitados, en el reforzamiento de la seguridad perimetral externa en las instalaciones de los centros penitenciarios (…)”.

En los últimos meses la tasa de homicidios ha disminuido considerablemente. La razón: un pacto entre las principales pandillas. Esta baja en homicidios ha dado la pauta para creer que están funcionando las políticas implementadas por el Ejecutivo, entre las que se incluye el uso de la Fuerza Armada. La famosa tregua, la cual se ha manejado como una novela, es una situación insostenible y pasajera si no se implantan políticas sociales agresivas, así como avances en reformas pendientes en los ámbitos de justicia, seguridad, defensa, educación, cultura, salud. En fin, no sólo concentrarse en los homicidios (como dato duro), sino en la búsqueda de un desarrollo humano integral para dar respuesta a la inseguridad.

Fuente: Facebook Fuerza Armada de El Salvador.

Para la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), con el actual gobierno se ha visto un incremento de la militarización de la seguridad pública, hasta llegar a límites nunca alcanzados en los gobiernos anteriores. En noviembre de 2011, el presidente nombró a un militar en situación de retiro, el general David Munguía Payés, hasta entonces Ministro de la Defensa, al frente del gabinete de Justicia y Seguridad Pública. Posterior a esto, se nombró a otro militar como director de la Policía Nacional Civil, pero para el presidente Funes este tipo de nombramientos no contradicen la prohibición constitucional.

Diferentes sectores (incluyendo el FMLN, el partido que lo llevó al poder con el apoyo de una amplia alianza) consideran que la llegada de militares a puestos claves en seguridad pública va en contra del espíritu de los Acuerdos de Paz. Según Adriana Beltrán, de la organización estadounidense WOLA, este tipo de nombramientos “podría representar un cambio de enfoque hacia medidas que privilegian acciones represivas y una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en vez de impulsar la estrategia preventiva e integral que se requiere para afrontar la situación de inseguridad que vive el país, tal como había anunciado Mauricio Funes al inicio de su gobierno”.

Dentro de sus primeras acciones como Ministro de Seguridad, Munguía Payes propuso la creación de un “subsistema judicial” conformado por tribunales y fiscales especiales, paralelos a los que la Constitución y las leyes determinan, y se habló de imponer una política de seguridad pública como la que se ejecuta en las favelas del Brasil. En sus primeras declaraciones a la prensa, el militar en retiro se comprometió a bajar los índices de homicidios a un 30%.

Asimismo, lidera en el Gabinete de Seguridad una propuesta de ley para darle mayor libertad de acción al Ejército. En concordancia con esta posición, el Ministro de Defensa Benítez, en declaraciones a la prensa, mencionó que si el objetivo es bajar el número de asesinatos que está sufriendo a diario El Salvador, vale la pena darle mayor libertad de acción al Ejército, situación que no debe significar, según él, un “volver al pasado”. Además, citó como ejemplo el caso de Honduras, “ellos tienen prácticamente facultades de policías, nosotros no las tenemos así”.

Un factor que ha alimentado la militarización de la seguridad pública en El Salvador ha sido el alineamiento con la estrategia que lidera Estados Unidos de “guerra contra las drogas”, enfoque que presiona por una respuesta militar, a pesar de que no ha dado resultado. Habida cuenta del poder del narco, las autoridades civiles se han visto sobrepasadas, pero hay que estar claro: el narco es un fenómeno complejo que se desarrolla a expensas de la complicidad de los Estados.

Sin embargo, los gobiernos de turno en El Salvador, en lugar de fortalecer las instituciones civiles como las labores de inteligencia e investigación criminal, han optado por la estrategia de interdicción y represión del consumo. Desde 2002 funciona una base de monitoreo aéreo, ubicada en el aeropuerto internacional de Comalapa, la cual es manejada por efectivos militares de Estados Unidos con el fin de combatir el narcotráfico en la región.

Fuente: Facebook Fuerza Armada de El Salvador.

Por otro lado, la cooperación internacional que brinda Estados Unidos a El Salvador, canalizada a través de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI), de la familia del Plan Colombia y Mérida, incluye programas de aplicación de la ley, anticorrupción y desarrollo comunitario y juvenil, pero que dedica la mayor parte de sus fondos, los cuales son insuficientes, para apoyar a las fuerzas de seguridad y defensa para hacer frente al narcotráfico y al crimen organizado, a través de adiestramiento y equipamiento. “Los programas antidrogas son solamente uno de varios canales a través de los cuales la ayuda de Estados Unidos incentiva a los militares latinoamericanos a adoptar, o continuar desempeñando, nuevos roles internos”, sostienen desde la organización estadounidense WOLA. Asimismo, el Asocio para el Crecimiento, un programa firmado en 2011 entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador que busca expandir el crecimiento económico, pero que se concentra en dar soluciones a las restricciones de ese crecimiento: la delincuencia y la inseguridad. Como ejemplo de dicha asistencia, en junio de 2012, Estados Unidos donó seis lanchas Zodiac para la Fuerza de Tarea Conjunta Cuscatlán, un esfuerzo conjunto de los Ministerios de Justicia y Seguridad, y Defensa, para el combate al narcotráfico. ¡Juguetes nuevos!

A pesar que en Estados Unidos, a nivel doméstico, existe una clara separación entre los roles y misiones de las fuerzas armadas y las instituciones policiales, logrado por la Ley Posse Comitatus de 1878. En el informe Predica lo que practicas (p.15), WOLA afirma que es “lamentable y alarmante que Washington haya impulsado el camino opuesto en América Latina, los programas de ayuda de Estados Unidos han incentivado a los militares del hemisferio oeste a asumir roles internos que serían inadecuados o incluso ilegales, en los Estados Unidos”. De acuerdo con Craig A. Deare, la contribución estadounidense a la militarización de la región no es intencional: es paradójicamente, resultado de su ausencia civil y de una presencia militar relativamente mayor.

Estos son algunos de los elementos que están empujando hacia una militarización de la seguridad pública en El Salvador. Por el momento, no se ven señales de que la ampliación de facultades que se les ha asignado en materia de orden interno cambien. Muchos informes han dado cuenta de que el problema de la inseguridad pasa por un abordaje integral y es en este sentido que se deben hacer los ajustes de política.

Vale destacar que la respuesta militar para enfrentar la inseguridad es limitada; no ha funcionado en ningún país donde ha sido aplicada. Las respuestas pasan por concretar las reformas pendientes, ya que mientras se siga optando por la militarización, además de desnaturalizar la función de la Fuerza Armada, se pospone la necesaria profesionalización de la Policía Nacional Civil. Estos temas se solucionan en un nivel jurídico, asignando tareas, misiones específicas y tiempos concretos del apoyo del ejército en seguridad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicado en: http://hemisferiozero.com/2013/03/15/la-militarizacion-de-la-seguridad-publica-en-el-salvador-i/

La defensa interamericana, en debate

Por Juan Gabriel Tokatlian  | Para LA NACION

La conmemoración de la Guerra de las Malvinas, de la que se han cumplido treinta años, debería tener por lo menos dos propósitos: por un lado, propiciar un gran diálogo nacional tendiente a forjar un mejor entendimiento (razones, motivaciones, efectos) de lo ocurrido y una serie de ciertos acuerdos básicos (hacia el futuro) en torno al tema de las islas; por el otro, repensar aspectos claves de la política exterior del país y avanzar en el diseño de una estrategia internacional de largo plazo.

En la intersección de ambos objetivos, hay un tema interesante escasamente mencionado en los debates sobre las Malvinas: ¿qué hacer con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947? Este instrumento -primer compromiso militar y multilateral de Estados Unidos en el comienzo de la Guerra Fría- fue invocado en 1982 por la Argentina, pero no fue puesto en práctica. Para la fecha, su descrédito era evidente: su uso efectivo, en tanto medio para enfrentar las amenazas extracontinentales, se había centrado en Cuba durante 1962; primero, para la exclusión de la isla del sistema interamericano, y después, para la crisis de los misiles.

El anticomunismo, más que el compromiso conjunto y la defensa colectiva, era la razón de ser del TIAR. La inutilidad del tratado se hizo patente en el caso de las Malvinas. Su deterioro y maleabilidad se hicieron más elocuentes en los años 80. Washington no lo utilizó cuando invadió Granada en 1983, cuando auspició la guerra de baja intensidad en América Central, cuando lanzó la operación militar antinarcóticos Blast Furnace en Bolivia en 1986 y cuando invadió Panamá en 1989. En los años 90, y con el auge inicial de las intervenciones humanitarias (por ejemplo, Haití, en 1994), ni siquiera se esbozó el recurso al TIAR a pesar de la laxitud implícita en su artículo 6, que llama a adoptar medidas colectivas ante "una agresión que no sea ataque armado".

Sin embargo, en 2001 el tratado conoció un breve renacimiento simbólico: con la iniciativa de Brasil, que recurrió al artículo 3 ("un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos") del tratado, el continente cerró filas junto a Estados Unidos después de los atentados del 11 de Septiembre. Sin embargo, el ataque a Irak por parte de Estados Unidos y una "coalición de voluntarios" (de la que hicieron parte países miembros del TIAR) mostró -otra vez- que el comportamiento de free-rider seguía vigente en la región cuando de usar la fuerza se trata.

Durante la última década, el TIAR, y el conjunto de instancias vinculadas a la defensa y la seguridad en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), tales como la Junta Interamericana de Defensa (JID), el Colegio Interamericano de Defensa (CID) y el Consejo de Seguridad Hemisférica (CSH), se han preservado intactas. En consecuencia, ha prevalecido un statu quo de bajo perfil: episódicamente, hay anuncios orientados a sugerir la necesidad de ciertas modificaciones, pero, en los hechos, nada se reestructura. Los incentivos al cambio de burocracias arraigadas, convencionales e ideológicas son bajos. Asimismo, Washington no tramita en esos ámbitos sus decisiones estratégicas respecto a la región. Por ejemplo, no siguió los canales institucionales colectivos ni civiles bilaterales para informar a América latina que restablecía la IV Flota.

En ese contexto, hay dos alternativas para generar alguna transformación. Una opción es la revisión del TIAR. Esta opción reformista es deseable, pero ni los antecedentes ni la coyuntura son demasiado auspiciosos. En 1975 se redactó un Protocolo de Reformas, pero nunca entró en vigor, pues sólo ocho de los 21 firmantes lo ratificaron. La diversidad actual de realidades en materia de defensa en el continente es tal que procurar una convergencia para readecuar el TIAR es intrincado: seguramente los países centroamericanos y caribeños, angustiados por el fenómeno de las drogas y muy condicionados por Estados Unidos, no se sumarían a un esfuerzo reformista; algunos de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) prefieren abandonar el TIAR antes que reformarlo, y posiblemente los países del Cono Sur propongan cambios muy moderados y graduales que no despiertan mucho entusiasmo en la región.

Otra opción es retirarse del TIAR. Lo intentó Perú en 1990 y un año después regresó. Ya lo hizo México (bajo la presidencia de Vicente Fox) el 6 de septiembre de 2002 y no pagó, de cara a Washington, un precio alto. Acaban de anunciar -en la última reunión de la Organización de Estados Unidos en Cochabamba- cuatro países del ALBA (Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia) que harán, en breve, lo propio. Washington consideró "desafortunada" la decisión y habrá que ver qué acciones emprende. Hay aquí un problema de acción colectiva: la eventual molestia o represalia de Washington se reducirá sólo si dos o más países de tamaño grande y medio se deciden a dejar el TIAR.

La Argentina podría desplegar una política más activa hacia el TIAR. Su posición a favor de un reformismo pragmático -razonable pero profundo y efectivo- debería quedar clara. Sin embargo, también podría contemplar el retiro, junto con países como Brasil, Chile y Perú, si fuera posible alcanzar un consenso fuerte entre, por lo menos, esos países.

En todo caso, eludir la discusión en torno al TIAR es poco práctico; lo que es imperativo es hacerle entender a Estados Unidos que el sistema de defensa interamericano es cada día más obsoleto y disfuncional para nosotros y para ellos. Ya era inadecuado al momento de Malvinas; hoy es aún más anacrónico. En ese sentido, y a treinta años de una guerra que no debió lanzarse pero aconteció, poner el TIAR a debate es válido, oportuno y necesario.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1482921-la-defensa-interamericana-en-debate