En las últimas décadas cada vez cobran más fuerza otros actores, además del Estado, que inciden en las decisiones tanto en la política doméstica así como en lo internacional. En buena medida, como consecuencia del proceso de globalización, el mapa de actores internacionales se ha ampliado. Actores con diferentes objetivos inciden en la política internacional, tales como las instituciones y regímenes
internacionales que se han ido constituyendo en función del desarrollo y avance de diferentes temas de la agenda internacional. En este contexto, han cobrado especial relevancia actores no estatales como las “redes
transnacionales
de defensa”, como las definen Keck y Sikkink, organizaciones de la sociedad civil que interactúan con los Estados y los organismos internacionales en busca de
incidir en la gobernanza mundial. Estas
redes multiplican los canales de acceso al sistema internacional, en respuesta
a diferentes problemáticas que trascienden las fronteras nacionales. Muchas de estas redes se caracterizan por una visión en común: “acciones locales, impactos globales” y centran su trabajo en la defensa de derechos humanos, la protección del medio
ambiente, defensa de sectores tradicionalmente excluidos como poblaciones
indígenas, mujeres, niñez, entre otros “issues”.
Keck y Sikkink para explicar el desarrollo de estas redes de
defensa y el efecto que estás tienen en la socialización de normas
internacionales, plantearon el “modelo del efecto bumerán” que establece que dichas redes comienzan a formarse cuando los canales de
interlocución entre el Estado y movimientos domésticos demandantes de
reivindicaciones colectivas se encuentran bloqueados por
las prácticas represivas de éste. Estos
autores identifican un efecto bumerán, cuando a raíz del bloqueo, los grupos
domésticos en oposición no enfocan sus acciones hacia el Estado, sino buscan directamente aliados internacionales para tratar de ejercer
presión sobre sus gobiernos, desde afuera. En este modelo “insider-outsider”,
el nivel internacional funciona como una estrategia alternativa para activistas
domésticos.
A través de estas
estrategias se desafían a los Estados
violadores de derechos humanos creando una estructura transnacional que
presiona a dichos regímenes simultáneamente desde arriba y desde abajo. Desde arriba, empujada por las redes de defensa
transnacionales, las organizaciones no
gubernamentales internacionales, organizaciones intergubernamentales de
derechos humanos, países donantes, entre otros.
Y desde abajo, donde las organizaciones, movimientos locales y
nacionales que son empoderados y legitimados por el contacto internacional. En esta dinámica, las
organizaciones internacionales se convierten en amplificadores de denuncias que
llevan a que se ejerza presión sobre el estado transgresor de normas, logrando cambios en materia de derechos humanos y una cultura de "accountability social".
En busca de comprender el rol de las redes transnacionales, como
complemento al modelo de bumerán, Risse y Sikkink, plantean que éste mismo
puede ser integrado a una conceptualización más dinámica de los efectos de las
relaciones domésticas, internacionales y transnacionales. Estos autores plantean la importancia
del impacto de las normas internacionales en las políticas domésticas y
proponen un modelo en espiral, señalando que las mejoras en derechos humanos en un país
determinado recuerdan no sólo un bumerán, sino una serie de bumerangs que
forman una espiral. El modelo del espiral parte del modelo bumerang, pero
trasciende más allá, es un modelo causal que intenta explicar
la variación en la forma en que los gobiernos nacionales se comportan en
relación con el mejoramiento de las condiciones de los derechos humanos.
Risse y Sikkink en su modelo de espiral de socialización de normas internacionales de derechos humanos, plantean que el comportamiento de los estados infractores, cuando se ven sometidos a la presión política de las redes de defensa, suelen pasar por una serie de fases: Una primer fase que tiene como punto de partida, lo planteado anteriormente en el modelo bumerán. Empieza con una situación represiva y abusos a los derechos humanos, frente a una oposición social doméstica débil, lo cual conlleva a la activación inicial de la red transnacional. La segunda, el estado frecuentemente niega validez a las normas de derechos humanos y se escuda en que las críticas constituyen una intervención ilegítima en asuntos internos. O bien, se transita a una tercera fase, en la que el estado se ajusta a las presiones haciendo ciertas concesiones tácticas para disminuir la presión internacional, en muchos casos ese tipo de decisiones se basan en una lógica instrumental, cuando algunos Estados hacen ciertos movimientos pero de maquillaje. Puede existir una cuarta fase donde el estado acepta la norma internacional y una última fase, donde las normas internacionales se institucionalizan e internalizan, es decir, son objeto de cumplimiento sin necesidad de ulterior presión política.
Risse y Sikkink en su modelo de espiral de socialización de normas internacionales de derechos humanos, plantean que el comportamiento de los estados infractores, cuando se ven sometidos a la presión política de las redes de defensa, suelen pasar por una serie de fases: Una primer fase que tiene como punto de partida, lo planteado anteriormente en el modelo bumerán. Empieza con una situación represiva y abusos a los derechos humanos, frente a una oposición social doméstica débil, lo cual conlleva a la activación inicial de la red transnacional. La segunda, el estado frecuentemente niega validez a las normas de derechos humanos y se escuda en que las críticas constituyen una intervención ilegítima en asuntos internos. O bien, se transita a una tercera fase, en la que el estado se ajusta a las presiones haciendo ciertas concesiones tácticas para disminuir la presión internacional, en muchos casos ese tipo de decisiones se basan en una lógica instrumental, cuando algunos Estados hacen ciertos movimientos pero de maquillaje. Puede existir una cuarta fase donde el estado acepta la norma internacional y una última fase, donde las normas internacionales se institucionalizan e internalizan, es decir, son objeto de cumplimiento sin necesidad de ulterior presión política.
Tanto el modelo
boomerang como el de espiral constituyen un marco conceptual para entender cómo
las normas internacionales de derechos humanos son internalizadas dentro de las
practicas domésticas. Para ilustrar la aplicabilidad de estos enfoques así como
reflejar la incidencia de las organizaciones locales, nacionales y globales en
la defensa de ciertos derechos, se toma como caso concreto, la problemática de
violencia de género (feminicidios)[1] en
Ciudad Juárez, México. Esta ciudad que en el año 2001 se dio a conocer internacionalmente por los crímenes de género
identificados como los casos de "Campo Algodonero" donde ocho mujeres
fueron raptadas, torturadas sexualmente y asesinadas[2]. De
acuerdo con Marcela Lagarde, feminicidio, es el término más adecuado para caracterizar
la violencia que sucede en Ciudad Juarez, dicho término se usa así para
denominar al conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes,
secuestros y desapariciones de niñas y mujeres, “es un crimen de Estado porque
se refiere a la fractura del estado de derecho que favorece la impunidad”[3].
En esta ciudad la corrupción y la impunidad parecerían ser la norma. Desde funcionarios,
fiscales y políticos hasta militares y policías federales han estado
involucrados en los asesinatos de mujeres jóvenes, sin que haya un solo caso de
justicia para las madres y familiares de las víctimas[4]. Ante
la falta de formulación e implementación de políticas concretas para la
eliminación de este tipo de violencia (de género), así como el silencio de las autoridades
federales (una forma de negación) se
fueron consolidando una serie de organizaciones de grupos locales que luchan
por los derechos de las mujeres; sector, cuyas
denuncias habían sido ignoradas por las autoridades.
En 1995 se creó la Coordinadora de ONG en Pro de la Mujer, que reunía a organizaciones de familiares de víctimas, derechos humanos y mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua. Uno de las primeras acciones que llevaron a cabo fue una recopilación hemerográfica para documentar los casos de violencia sexual y desapariciones. A través de este colectivo de organizaciones se realizaron denuncias, marchas y demandas puntuales a las autoridades. Sin embargo, ante la negativa reiterada de éstas, para 1999 la Coordinadora apelo al apoyo de otros actores nacionales, lo cual posicionó al problema de Ciudad Juárez a nivel de todo México, rapidamente la mirada de la comunidad internacional tenía puesta la mirada en este país. Esto se pudo observar en ocasión de la visita a México de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias. La Relatora incluyó en su agenda a Ciudad Juárez, y emitió un informe altamente crítico, calificando el caso como una muestra clara de impunidad y de violencia. Tras años de falta de respuesta y negación de parte de las autoridades tanto locales como federales, el Informe crítico de la Relatora de Naciones Unidas y el caso de Campo Algodonero de 2001, abrió un auténtico debate público internacional en torno a los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Con este informe México recibió una primera puesta en evidencia internacional que es posible identificar como una especie de primer efecto bumerán.
En respuesta a ello, el Presidente Fox hizo un primer pronunciamiento público sobre el problema y ordenó a la Procuraduría General de la República intervenir en las investigaciones. Ante la presión internacional recibida, dicho comportamiento de la administración Fox se podría entender como una especie de concesión táctica para demostrar el interés del gobierno en la problemática. No obstante se logró que el tema por lo menos al nivel discursivo, pasó a ser un “asunto de prioridad nacional” para el Estado mexicano.
Para 2002, se desarrollaron una serie de movilizaciones y fortalecimiento de grupos a nivel nacional que denunciaban la problemática. Se implementaron campañas como “Alto a la impunidad: Ni una muerta más”[5], que reunía a más de 300 ONGs de diferentes sectores. Como parte de la espiral de bumeráns que se habían logrado, esta campaña logró eco en diferentes organizaciones internacionales, estableciéndose una red local-global con apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) y los Relatores Especiales de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)[6]. Estas instituciones activaron diferentes mecanismos de incidencia, principalmente a través de la elaboración de informes que incluían recomendaciones puntuales para el gobierno mexicano. La red de defensa que se constituyó generó un fuerte impacto en la opinión pública internacional.
En 1995 se creó la Coordinadora de ONG en Pro de la Mujer, que reunía a organizaciones de familiares de víctimas, derechos humanos y mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua. Uno de las primeras acciones que llevaron a cabo fue una recopilación hemerográfica para documentar los casos de violencia sexual y desapariciones. A través de este colectivo de organizaciones se realizaron denuncias, marchas y demandas puntuales a las autoridades. Sin embargo, ante la negativa reiterada de éstas, para 1999 la Coordinadora apelo al apoyo de otros actores nacionales, lo cual posicionó al problema de Ciudad Juárez a nivel de todo México, rapidamente la mirada de la comunidad internacional tenía puesta la mirada en este país. Esto se pudo observar en ocasión de la visita a México de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias. La Relatora incluyó en su agenda a Ciudad Juárez, y emitió un informe altamente crítico, calificando el caso como una muestra clara de impunidad y de violencia. Tras años de falta de respuesta y negación de parte de las autoridades tanto locales como federales, el Informe crítico de la Relatora de Naciones Unidas y el caso de Campo Algodonero de 2001, abrió un auténtico debate público internacional en torno a los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Con este informe México recibió una primera puesta en evidencia internacional que es posible identificar como una especie de primer efecto bumerán.
En respuesta a ello, el Presidente Fox hizo un primer pronunciamiento público sobre el problema y ordenó a la Procuraduría General de la República intervenir en las investigaciones. Ante la presión internacional recibida, dicho comportamiento de la administración Fox se podría entender como una especie de concesión táctica para demostrar el interés del gobierno en la problemática. No obstante se logró que el tema por lo menos al nivel discursivo, pasó a ser un “asunto de prioridad nacional” para el Estado mexicano.
Para 2002, se desarrollaron una serie de movilizaciones y fortalecimiento de grupos a nivel nacional que denunciaban la problemática. Se implementaron campañas como “Alto a la impunidad: Ni una muerta más”[5], que reunía a más de 300 ONGs de diferentes sectores. Como parte de la espiral de bumeráns que se habían logrado, esta campaña logró eco en diferentes organizaciones internacionales, estableciéndose una red local-global con apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) y los Relatores Especiales de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)[6]. Estas instituciones activaron diferentes mecanismos de incidencia, principalmente a través de la elaboración de informes que incluían recomendaciones puntuales para el gobierno mexicano. La red de defensa que se constituyó generó un fuerte impacto en la opinión pública internacional.
Entre 2002 y 2003,
según aumentó el escrutinio y la presión de la red de defensa transnacional, las
autoridades mexicanas enviaban señales de entrar en una tercera fase de acuerdo
al modelo de espiral, la argumentativa o de concesiones tácticas, en donde
además de aceptar las recomendaciones de los informes internacionales, se
transitaba a la frontera con la cuarta fase, el estatus preceptivo. El
“feminicidio” adquirió un mayor peso político y jurídico, en el poder legislativo federal
mexicano. Estos cambios suponían asumir por parte del Estado Mexicano, la
responsabilidad del problema y reconocer que la raíz del mismo radicaba en la
impunidad e ineficacia del sistema de justicia.
Además, se inició una etapa de institucionalización, a través de la creación de leyes, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, aprobada en 2007 y el establecimiento de instituciones especializadas como la Comisión para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y la Comisión Especial del Feminicidio. siguiendo al modelo de espiral, con dichas acciones todo parecería indicar que el Estado mexicano, como estado agresor, se comportaba consistente con las normas. Hubo cambio de discurso, así como, cambio de visión, se le daría tratamiento al fenómeno de acuerdo a lo que establece la norma internacional. Eso reflejaba una progresiva socialización de la legislación internacional sobre violencia contra la mujer que según el modelo en espiral de Risse y Sikkink., coincide con las primeras etapas.
Además, se inició una etapa de institucionalización, a través de la creación de leyes, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, aprobada en 2007 y el establecimiento de instituciones especializadas como la Comisión para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y la Comisión Especial del Feminicidio. siguiendo al modelo de espiral, con dichas acciones todo parecería indicar que el Estado mexicano, como estado agresor, se comportaba consistente con las normas. Hubo cambio de discurso, así como, cambio de visión, se le daría tratamiento al fenómeno de acuerdo a lo que establece la norma internacional. Eso reflejaba una progresiva socialización de la legislación internacional sobre violencia contra la mujer que según el modelo en espiral de Risse y Sikkink., coincide con las primeras etapas.
Sin embargo, la
efectividad de los instrumentos creados para abatir la violencia de género en
este país es puesta en duda, principalmente por la falta de
institucionalización y convergencia entre el discurso político y la normativa
internacional. Esta disfuncionalidad se puso de manifiesto en marzo de
2003, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el presidente
Fox rechazó llevar a la justicia federal, el caso de los asesinatos de mujeres,
cometidos en forma impune desde 1993 en Ciudad Juárez. Fox aseguró que el
feminicidio, así como la desaparición de alrededor de mil mujeres, es competencia de la justicia del estado de Chihuahua[7].
"En la acción retórica los gobiernos actúan instrumentalmente para aliviar la presión, pero realmente no están dispuestos a cambiar sus propias creencias"[8].
"En la acción retórica los gobiernos actúan instrumentalmente para aliviar la presión, pero realmente no están dispuestos a cambiar sus propias creencias"[8].
El caso presentado,
arroja una serie de reflexiones entre ellas, la importancia que tienen en la actualidad, las
redes transnacionales de defensa de derechos en un contexto de ampliación de ciudadanía. A pesar que en el caso presentado, el nivel de institucionalización
de la norma, aún es un desafío pendiente. Es clave reconocer como logro la visibilización del problema y el reconocimiento del Estado mexicano de su responsabilidad. El modelo de espiral da
una idea de un continuo, un “ir y venir”, por lo que una vez la represión o la violación
de derechos por parte de un Estado es denunciada por estas organizaciones, el
trabajo de las redes de defensa no se agota cuando el estado realiza una
concesión, que en muchas ocasiones es instrumental. A partir de 2006, el problema de los feminicidios en este país fue perdiendo posicionamiento en la agenda política por diferentes factores, entre ellos, la
opinión pública se centró más en la criticada elección de Felipe Calderón como presidente.
No obstante, en el "ir y venir", en vista que los casos de feminicidios se han incrementado en los últimos años, diferentes organizaciones locales con el apoyo de organizaciones regionales e internacionales han dado seguimiento a la problemática en busca de hacer responsable al Estado mexicano. En noviembre del 2009, se logró que la CIDH condenará al estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en 1993[9]. No obstante, en los últimos años, el estado mexicano no presenta avances en la plena socialización de las normas internacionales que atañen a erradicar la violencia contra las mujeres. Las autoridades se justifican en que muy buena parte de los homicidios de mujeres son resultado del saldo de cuentas por el crimen organizado, desligandose de cualquier responsabilidad, y no investigan, quedando impune muchos de los delitos y sin acceso a la justicia. En la actualidad, los feminicidios no solo son marca registrada de Ciudad Juárez, sino que se han extendido por todo este país.
No obstante, en el "ir y venir", en vista que los casos de feminicidios se han incrementado en los últimos años, diferentes organizaciones locales con el apoyo de organizaciones regionales e internacionales han dado seguimiento a la problemática en busca de hacer responsable al Estado mexicano. En noviembre del 2009, se logró que la CIDH condenará al estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en 1993[9]. No obstante, en los últimos años, el estado mexicano no presenta avances en la plena socialización de las normas internacionales que atañen a erradicar la violencia contra las mujeres. Las autoridades se justifican en que muy buena parte de los homicidios de mujeres son resultado del saldo de cuentas por el crimen organizado, desligandose de cualquier responsabilidad, y no investigan, quedando impune muchos de los delitos y sin acceso a la justicia. En la actualidad, los feminicidios no solo son marca registrada de Ciudad Juárez, sino que se han extendido por todo este país.
[1]
Olga Aikin Araluce. La agenda del Feminicidio, durante la Administración de
vicente Fox: un estudio de caso en torno a la presión política transnacional.
Revista Relaciones Internacionales, núm. 19, febrero 2012. Pp.33. http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/333/283.html
[2]
Humberto Robles. Ciudad Juárez: donde ser mujer es vivir en peligro de muerte.
FUHEM, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global. N°109 2010. Pp.
95-104. http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Paz/Observatorio%20de%20conflictos/ciudad%20Juarez_H.ROBLES.pdf
[3]
Marcela Lagarde y de los Ríos. “Violencia de género y paz social” (ponencia en
el marco de la Primera Reunión de la Internacional Socialista de las Mujeres en
América Latina y el Caribe, D.F., 11 de septiembre de 2004) pp. 3
[4]
Guadalupe Lizárraga. Feminicidios, 19 años consecutivos en Ciudad Juárez.
Publicado el 25 de noviembre de 2012. http://www.losangelespress.org/feminicidios-19-anos-consecutivos-en-ciudad-juarez/
[5]
Sonia del Valle. ONG lanzan campaña "Alto a la impunidad, ni una muerta más".
Publicado el 14 de diciembre de 2001. http://www.cimacnoticias.com.mx/node/26116
[6]
Olga Aikin Araluce. Op. Cit., pp. 36
[7]
Miriam Cruz. Llueven críticas a decisión de Fox sobre Feminicidio. Publicado el
10 de marzo de 2003. http://cimacnoticias.com.mx/node/28412
[8] Thomas Risse. Let´s Argue:
Communicative Action in World Politics. En International Organization, vol. 54,
nº1, 2000.
[9]
Campo Algodonero. http://www.campoalgodonero.org.mx/
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