Por Giorgio Trucchi
La guerra contra la droga impuesta por Washington está remilitarizando la región. Pero sus verdaderos objetivos están vinculados a una voluntad de reposicionamiento político-militar, la explotación de los recursos naturales y la represión social.
El 7 de agosto de 1987, la firma del Acuerdo de Esquipulas II por parte de los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica marcó el inicio de un proceso que llevó al fin de los conflictos armados internos. Las guerras civiles centroamericanas acontecieron en el marco de la Guerra Fría y dejaron un saldo de centenares de miles de víctimas en la región.
Ese histórico evento no sólo mostró, por primera vez, un distanciamiento de los gobiernos centroamericanos de las políticas guerreristas de las dos superpotencias de entonces – Estados Unidos y Unión Soviética –, sino que despejó el camino para la pacificación y la desmilitarización de Centroamérica, por medio de una reducción drástica de las fuerzas militares y de armamento.
Veinticinco años después, esa misma región está siendo sacudida por una ola de violencia sin precedentes. El avance del crimen organizado relacionado con el narcotráfico, asociado con los altos índices de pobreza que afectan a la gran mayoría de la población, han convertido los países centroamericanos en corredores de trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
En muchos casos, las instituciones han sido permeadas por los cárteles de la droga y las bandas criminales, mermando de manera significativa la ya débil institucionalidad democrática que, con dificultad, se había venido construyendo en la posguerra.
Una situación muy complicada sobre todo para los países del Triángulo Norte – Guatemala, El Salvador y Honduras – que han alcanzado índices de violencia y criminalidad entre los más altos a nivel mundial y una tasa de homicidios que supera la de varios países en guerra.
Según William Brownfield, secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos, hoy en día la amenaza más grande para Estados Unidos se ha mudado a Centroamérica, ”donde los traficantes y las pandillas criminales facilitan el flujo de hasta el 95% de toda la cocaína que llega” a territorio norteamericano”. El Departamento de Estados Unidos asegura que más del 70% por ciento de esta cantidad transita por Honduras.
Ante este escenario preocupante y con el objetivo declarado de combatir los daños causados por la narcoactividad, Estados Unidos ha vuelto nuevamente su mirada hacia Centroamérica. Por un lado ha fomentado e impulsado su presencia militar, el trabajo de inteligencia, la capacitación de las fuerzas de seguridad nacionales, por el otro ha implementado las técnicas y tecnología militar de punta aplicadas a nuevas tácticas de guerra.
Los principales instrumentos de esta nueva estrategia “guerrerista” han sido la Asociación de Seguridad Ciudadana de América Central, lanzada por el presidente Barack Obama en 2011 durante su visita a El Salvador, y la CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central), la versión centroamericana de la Iniciativa Mérida y del Plan Colombia.
De hecho, se trata de la principal estructura de aplicación y financiación de Estados Unidos en la región, con la que pretende coordinar los países centroamericanos con instituciones financieras internacionales, el sector privado, la sociedad civil y el SICA (Sistema de Integración Centroamericana), “para formar, profesionalizar y dotar a las fuerzas de seguridad de los Estados”, así como apoyar en el combate directo a la narcoactividad, subraya Brownfield.
Remilitarización
Durante su visita a Honduras en marzo del año en curso, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, acompañado por el director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Dan Restrepo, dijo que, pese a la crisis económica, su país iba a mantener los compromisos asumidos con la región.
Según datos del Departamento de Estado, entre 2008 y 2012, la ayuda financiera anual que Washington ha destinado a la región centroamericana para la lucha contra el narcotráfico ha aumentado del 75%, alcanzando un total de 496 millones de dólares. Para el 2013, la administración Obama ha solicitado al Congreso la aprobación de una nueva partida de 107 millones.
Un informe del SIPRI (Instituto Internacional de Investigación de la Paz) evidencia que, en 2011, Centroamérica y el Caribe totalizaron un gasto militar conjunto de 7 mil millones de dólares, un 2.7% más que el año anterior. El tercer país con mayor incremento fue Guatemala con un 7.1%. A la cabeza de los países que más invierten en el sector bélico en el mundo continúan los Estados Unidos, con 711 billones en 2011.
Militarización en el Bajo Aguán, Honduras. Fotografía de Giorgio Trucchi.
Guatemala, con el apoyo económico y técnico de Estados Unidos, creará una fuerza militar para combatir el narcotráfico en el Océano Pacífico y en la región de San Marcos, fronteriza con México. Lo mismo está haciendo Honduras con la creación de la nueva fuerza de seguridad Tigres (Tropas de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad). Mientras tanto, los gobiernos del Triángulo Norte, en coordinación con el gobierno norteamericano y la participación de otros países de América Latina y Europa, lanzaron la “Operación Martillo”, un esfuerzo multinacional que forma parte de la nueva estrategia de seguridad regional del gobierno norteamericano y de la CARSI, para combatir el crimen organizado trasnacional.
El Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (International Institute for Strategic Studies) registró que, entre los años 2009 y 2010, hubo un incremento de casi dos mil efectivos en las fuerzas militares de Guatemala y El Salvador, y lo mismo espera hacer Honduras en los próximos años. Dicho incremento fue menor en el resto de países de la región.
De la misma manera, el Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe (2010), elaborado por la RESDAL (Red de Seguridad y Defensa de América Latina), evidencia que, del 2006 al 2010, El Salvador experimentó un incremento de casi un 20% en su presupuesto de defensa, Guatemala lo hizo en casi el 16%, Nicaragua en un 9%, mientras que el aumento en Honduras fue del 64%.
En el caso particular de Honduras, durante el 2011, el Péntagono incrementó su gasto militar en el país de un 71% con respecto al año anterior. Pese a la grave crisis económica, político-institucional y social que embistió a Honduras desde el golpe de Estado del 2009 y a las repetidas denuncias de corrupción, violación a los derechos humanos y colusión con el crimen organizado dirigidas a la Policía Nacional, Estados Unidos aportó 53.8 millones de dólares y tiene previsto continuar con sus programas.
Aunque sin contar con ejército – pero sí con fuerzas de seguridad fuertemente militarizadas – Panamá y Costa Rica no se quedaron atrás en esta carrera armamentista. Según Roberto Cajina, miembro de la Junta Directiva de RESDAL, ese proceso de remilitarización se expresa de diferentes formas, como por ejemplo, con la adquisición de nuevo armamento aéreo, naval y de tierra, pero también a través de la masiva presencia de efectivos militares y medios navales, terrestres y aéreos estadounidenses, a solicitud de las instituciones del Estado, como es el caso de Costa Rica.
En 2010, el Congreso de Costa Rica autorizó la llegada de 46 buques de guerra y de siete mil tropas estadounidenses a las costas costarricenses para realizar operaciones militares, misiones antinarcóticos y supuestas acciones humanitarias en la región. En julio del año en curso, los diputados autorizaron el ingreso, atraque, desembarque y permanencia en aguas territoriales del buque de guerra USS Elrod.
Nicaragua mantuvo un bajo perfil y una escasa información acerca de la gestión y uso de su presupuesto anual, así como de la inversión militar ejecutado. Sin embargo, gracias al apoyo del gobierno sandinista y de sus diputados, logró importantes modificaciones a su base jurídica mediante la aprobación de leyes que le otorgan importantes cuotas de poder y nuevos y mayores espacios de autonomía.
Militarización de la seguridad pública
Otro elemento destacado por Cajina es la acrecentada participación de los ejércitos en la susodicha ‘guerra contra las drogas’, la cual “está conduciendo a la militarización de las policías y la ‘policialización’ de los ejércitos”. En efecto, en los países del Triángulo Norte se ha legislado para que los militares cumplan tareas de orden público. “Poco a poco va desapareciendo la delgada línea roja que separa Defensa Nacional y Seguridad Púbica, una amenaza emergente real a los endebles procesos de construcción de institucionalidad democrática en Centroamérica”, dijo Cajina.
Militarización en el Bajo Aguán, Honduras. Fotografía de Giorgio Trucchi
A ese propósito, el VI Informe Centroamericano sobre Derechos Humanos y Conflictividad Social, elaborado por varias instancias de derechos humanos en la región, señala que la militarización a que ha sido sometida la seguridad pública en Centroamérica estaría desnaturalizando a las instituciones policiales.
“El hecho mismo de desplazar nuevamente al ejército en las ciudades centroamericanas no sólo no se ha traducido en la reducción de los índices de violencia y criminalidad, sino que los ha incrementado, sirviendo de herramienta para frenar rebeliones de índole social contra sistemas opresores que les lanzan a la marginalidad social y la pobreza”, señala el informe final.
Y si eso fuera poco, hay que recordar que, en Centroamérica, existe un verdadero ejército de agentes de seguridad privada. Se calcula que serían casi 70 mil los guardias fuertemente armados que trabajan en 717 empresas de la región, formando parte de la nueva militarización regional que, además, tiene matices muy particulares.
“En la nueva organización militar centroamericana post años 90, la mayoría de los ejércitos han dirigido sus pasos a la administración de empresas productivas o de servicios. Son los nuevos empresarios, los nuevos inversionistas, en donde se conjuga el poder militar y el poder económico del nuevo liberalismo de los tiempos modernos”, asegura la periodista Dea María Hidalgo.
EE.UU. envía tropas
La otra cara del proceso de remilitarización en Centroamérica es el reposicionamiento militar de Estados Unidos. Los norteamericanos han vuelto a pisar suelo centroamericano con sus botas militares, esta vez, con nuevas técnicas y tecnologías.
Después de haber reactivado la Cuarta Flota en 2008, instalado nuevas bases militares (Isla Guanaja y Caratasca) y tres bases de Operaciones de Avanzada (Puerto Castilla, El Aguacate y Mocorón) en Honduras y reforzado las bases ya existentes, Estados Unidos ha profundizado el trabajo de capacitación y entrenamiento militar de la tropas nacionales, ha intensificado las maniobras militares en torno al Canal de Panamá, ha promovido el uso de contratistas para las tareas de respuesta rápida y ha desplegado fuertes contingentes de agentes especiales de la DEA (Drug Enforcement Administration).
Todd Robinson, subsecretario adjunto en la Oficina de Asuntos Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley, declaró recientemente en una entrevista con BBC Mundo que no existe una guerra contra la droga, sino “una decisión política para ayudar a que estos gobiernos protejan a sus ciudadanos y nosotros protejamos a los nuestros”.
Sin embargo, resulta cada día más evidente que la administración del presidente Obama está impulsando y desarrollando su fórmula para un nuevo modo de guerra estadounidense. Según el portal Web TomDispatch, en esta segunda década del nuevo siglo hay que olvidarse de las invasiones a gran escala como en el pasado reciente, sino que hay que pensar en “fuerzas de operaciones especiales que actúan independientemente, pero que también entrenan o combaten junto a militares aliados en puntos álgidos de todo el mundo”.
Además de eso, hay que esperar una inversión cada vez más profunda hacia “la militarización del espionaje y la inteligencia, el uso de drones (aviones no tripulados), así como el lanzamiento de ataques cibernéticos y operaciones conjuntas del Pentágono con organismos gubernamentales ‘civiles’ cada vez más militarizados”, explica el portal.
Se trataría de “operaciones militares confusas”, es decir una especie de versión organizativa de la guerra en la cual “un Pentágono dominante fusiona sus fuerzas con otras agencias gubernamentales, como la CIA (Agencia de Inteligencia Central), el Departamento de Estado y la DEA, y fuerzas testaferras extranjeras, en complejas misiones combinadas”.
Es una estrategia que ha impactado fuertemente en las poblaciones y ha levantado fuertes críticas de parte de amplios sectores de las sociedades centroamericanas. Según ellos, no solamente la lucha contra el narcotráfico ha fracasado y no ha resuelto los graves problemas relacionados con este fenómeno, sino que detrás de este proceso de remilitarización de la región estarían ocultos los verdaderos objetivos de los Estados Unidos y de sus aliados centroamericanos: su reposicionamiento político-militar en la región, el control y la explotación de los principales recursos naturales y la criminalización de la protesta social, con un muy probable aumento de la violencia y la represión.
II
“La guerra contra las drogas es un fracaso”, dice Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas
Laura Carlsen. Fotografía de Nino Oliveri
El modelo de lucha contra la narcoactividad y el crimen organizado impulsado por Estados Unidos en Centroamérica no sólo ha fracasado ruidosamente, sino que ha conllevado una profundización de la violencia contra las poblaciones locales y la remilitarización del territorio, poniendo al descubierto intereses ocultos que apuntan a monitorear e intervenir en los procesos emancipatorios y unitarios de los países de la región.
Partiendo de este análisis, la politóloga y directora delPrograma de las Américas del CPI (Centro para la Política Internacional) Laura Carlsen, aseguró en conversación con Opera Mundi que la única manera de combatir y derrotar la narcoactividad es impulsando un modelo que se construya desde abajo, con la participación ciudadana y la recomposición del tejido social, quebrantado por las políticas neoliberales de las últimas dos décadas.
¿Cuáles son las características del modelo de combate al narcotráfico impulsado por EUA en México y ahora exportado hacia Centroamérica?
Laura Carlsen: Es un modelo basado en la militarización del territorio y el enfrentamiento directo para la interdicción y confiscación de drogas ilegales, así como para la detención o eliminación de los miembros de los cárteles de la droga. Eso, por definición, implica enfrentar la violencia con más violencia y el resultado es el aumento exponencial de los muertos. Hasta la fecha, se calcula que el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado en México haya dejado un saldo de más de 60 mil muertos.
¿Cuál es el balance de este modelo?
Ha sido un fracaso total. Ha generado altísimos índices de violencia, no ha detenido el flujo de drogas ilícitas que entran a EUA y hasta la detención de los capos (jefes) de la droga no ha servido a frenar el ‘negocio’. Antes bien, su captura ha desatado una guerra entre los cárteles para asumir el control del territorio, generando más violencia y muerte.
¿Ha habido algún cambio bajo la administración del presidente Barack Obama?
La Iniciativa Mérida inició en octubre de 2007 como un plan de tres años. Lo que hizo Obama fue expandirlo, intensificarlo y extenderlo de forma indefinida. Por primera vez, Estados Unidos se ha involucrado directamente en la gestión de aspectos que tienen que ver con la seguridad nacional de México. Es un cambio estructural muy preocupante que ahora está siendo proyectado para Centroamérica por medio de la CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central). Uno de los primeros efectos que estamos viendo es la remilitarización de estos países y una dinámica de creciente violencia contra la población y de violación de los derechos humanos.
¿Qué interés tendría EUA en reproducir un modelo que ha fracasado?
El país no está dispuesto ni siquiera a analizar el por qué de este fracaso y está recibiendo fuertes críticas, hasta de los gobiernos de la región. Para nosotros, esta actitud revela que, detrás de la militarización, hay intereses muy poderosos.
¿De qué intereses estamos hablando?
En primer lugar garantizar las enormes ganancias de la ‘industria de la guerra’, que está radicada mayoritariamente en los Estados Unidos. Son miles de millones de dólares que entran al país a través de la venta de armas y equipos militares, el empleo de empresas de seguridad privada, como Blackwater, y la implementación de sistemas electrónicos y de espionaje sobre la población.
En segundo lugar hay un interés geopolítico. EUA quiere tener más control sobre las estrategias de seguridad internas de los países centroamericanos, sobre todo ahora que varios gobiernos progresistas o de izquierda se han instalado en América Latina, gobiernos que ya no comparten las políticas neoliberales e impulsan procesos innovadores. En este sentido, EUA busca fortalecer su presencia militar para enfrentar lo que ve como una amenaza contra su hegemonía tradicional en la región.
También hay un gran interés para los recursos naturales de estos países…
Es otro de los puntos directamente vinculados con la militarización y que tiene su precedente en Colombia donde, con el pretexto del combate al narcotráfico, se han desplazado a más de cinco millones de personas. Y lo más absurdo es que ahora el Departamento de Estado norteamericano está presentando a Colombia como un ejemplo de seguridad y un modelo que se debe exportar en todo el continente latinoamericano. En México, por ejemplo, a través de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos militarizó el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) para salvaguardar sus intereses comerciales y proteger la inversión estadounidense en recursos naturales. En fin, de eso se trata: una militarización que no sólo protege la inversión extranjera, sino que fomenta un proceso de desplazamiento y despoblación de regiones en donde hay riquezas naturales.
En varios países de Centroamérica, la protesta social contra la explotación de los recursos naturales está siendo criminalizada. ¿Usted comparte esta preocupación?
No hay dudas de que la protesta social está siendo reprimida, sobre todo en los países del Triángulo Norte. Hay una criminalización acompañada por la represión de aquellas organizaciones que luchan contra la minería, los megaproyectos hidroeléctricos y turísticos, la expansión de los monocultivos a gran escala. Debemos profundizar el análisis y la investigación para tener elementos suficientes que nos ayuden a prever hacia donde esta represión apunta.
¿Qué papel están jugando la DEA (Drug Enforcement Administration) y el flujo de dinero que financia la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica?
Hemos tratado de investigar el movimiento de dinero que fluye hacia la lucha contra el narcotráfico, pero ha sido muy difícil por la falta de transparencia. En algunos países, como Honduras y Guatemala, los agentes de la DEA están autorizados a andar armados y disparar contra civiles, lo cual es absurdo y representa una violación absoluta de la soberanía nacional y de los derechos humanos internacionales. Además, hemos documentado el sufrimiento que causa la criminalización de la protesta y en particular el impacto sobre las mujeres. Lamentablemente, esta situación choca con el total desinterés mostrado por el Departamento de Estado norteamericano.
¿Cuáles son los impactos de esta política sobre las mujeres?
Hay índices muy elevados de acoso, tortura y violencia sexual. Las mujeres con frecuencia encabezan la defensa de sus comunidades y la protesta social ante el proceso de militarización y de explotación de los recursos naturales. En el caso de Honduras, esta situación coincide con el aumento de la violencia que se ha originado después del golpe de Estado y que se ha incrementado con el actual régimen de Porfirio Lobo.
También hay que destacar la represión desatada contra los opositores al golpe y el uso de una supuesta lucha contra el narcotráfico para reprimir la oposición política. Y todo esto en medio de una total impunidad. En Honduras, los casos que llegan a sentencia judicial son menos del 2% y las denuncias de corrupción en las instituciones están a la orden del día.
Igualmente en Guatemala, la situación es muy preocupante. Las comunidades, que todavía tienen en su memoria los horrores de la campaña militar genocida de los años 80, están viendo como sus territorios vuelve a ser militarizados y su gente reprimida.
¿Cómo combatir, entonces, la narcoactividad y el crimen organizado?
No hay una sola respuesta, ni un modelo seguro, pero sí sabemos que la militarización no es la respuesta. Es importante que este otro modelo se construya desde abajo, con la participación ciudadana y con una perspectiva de seguridad que tenga como primer objetivo la seguridad de la persona, de su vida.
Además, hay que enfocarse en la recuperación del tejido social, que ha sido destruido por las políticas neoliberales. Es necesario recomponerlo con programas sociales que crean empleo, garantizan el desarrollo económico, la salud, la educación, el respeto de los derechos humanos. Hay que volver a empezar a construir una sociedad fuerte, para que pueda resistir las infiltraciones del crimen organizado, el reclutamiento de jóvenes y la extorsión.
Además, hay que forzar la voluntad política para que haya un sistema de justicia al servicio de la población, acabando con la impunidad y la corrupción.
III
Según las organizaciones sociales la remilitarización de Centroamérica provoca más muertes y violencia
¡Lánzate al agua, no te detengas! – gritó Clara Wood Rivas a su hijo, Hasked, mientras las balas provenientes del helicóptero militar pasaban rozando su cuerpo e impactaban en el pequeño bote. Clara nadó con toda su fuerza hasta llegar a la orilla del río Patuca. Se volteó para buscar a su hijo en medio de la oscuridad. Lo llamó, pero no obtuvo respuesta.
Esa fue la última vez que Clara vio a su pequeño con vida. Hasked Brooks Wood tenía sólo 14 años y cayó bajo las ráfagas mortales disparadas por agentes del operativo conjunto del FAST (Equipo de Apoyo Consultivo en el Extranjero) de la DEA (Drug Enforcement Administration) y del Equipo de Respuesta Táctica de la Policía Nacional de Honduras.
Con él, perdieron la vida Emerson Martínez Henríquez (21 años), Juana Jackson Ambrocio (28 años) y Candelaria Pratt Nelson (48 años). Cuatro personas más fueron heridas de gravedad. Juana y Candelaria tenían cinco meses de embarazo.
De acuerdo con la investigación independiente realizada por el COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras) en la región de la Mosquitia, en Honduras, el pequeño bote en el que se transportaban 16 personas fue atacado por agentes hondureños y estadounidenses, creyendo que la embarcación estaba transportando droga descargada de una avioneta unas horas antes.
La investigación también mostró que, en ningún momento, hubo un intercambio de disparos, sino que el ataque provino desde los helicópteros y que continuó en tierra firme, “sometiendo la población civil a detenciones ilegales, amenazas de muerte, allanamientos, saqueo de bienes, trato crueles, inhumanos y degradantes”, se lee en el informe.
La DEA negó cualquier tipo de participación de sus efectivos en el ataque. Igualmente, la embajadora estadounidense en Honduras, Lisa Kubiske y el canciller hondureño Arturo Corrales, aseguraron que los efectivos que protagonizaron el operativo antidroga actuaron “en forma debida y en defensa propia”, supuestamente para responder a disparos que provenían del pequeño bote.
“Reto a todas estas instituciones que actuaron en contra de la vida de las personas a que sean valientes. Que admitan que se equivocaron, que dispararon en contra de una población civil que no tiene vínculos con el narcotráfico. En vez de estar justificando la muerte de mujeres embarazadas y niños y estar lavando la sangre derramada, deberían pedirles perdón a los familiares de las víctimas”, dijo a Opera Mundi, Bertha Oliva, coordinadora del COFADEH.
Bertha Oliva, coordinadora de COFADEH. Fotografía de Giorgio Trucchi
Un mes después (25/6), agentes de la DEA mataron a tiros a un hombre que supuestamente participaba en la descarga de cocaína en la zona de Brus Laguna. A los pocos días, abatieron al piloto de una avioneta que se estrelló en la zona de Olancho, mientras trataba de evadir una operación antinarcóticos. La DEA reconoce que la cifra global de fallecidos durante estos operativos en territorio hondureño en los últimos dos meses asciende a ocho.
“La militarización siempre trae consigo muerte y graves violaciones a los derechos humanos. Lo que ha ocurrido en la Mosquitia hondureña es el resultado de una política de Estado que se está regando por toda la región, y que está encaminada a remilitarizar las sociedades”, apuntó Oliva.
Militarización y violencia
El proceso de remilitarización que está viviendo Centroamérica en los últimos años, junto con el reposicionamiento estratégico-militar de Estados Unidos en la región en aras del combate al narcotráfico, ha generado fuertes debates y un malestar profundo en amplios sectores de la sociedad.
Según varias organizaciones, la puesta en práctica de programas como la CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central) o la Iniciativa Mérida, así como la adopción de nuevas tácticas de guerra asimétrica e irregular, muy similares a las operaciones militares contrainsurgentes utilizadas por las tropas norteamericanas en varios rincones del mundo, serían pretextos que Estados Unidos usa para reafirmar su presencia en la región y preservar sus intereses. Como ya ocurrió durante los conflictos bélicos en las décadas pasadas, la población civil es la más afectada.
“Nuestro territorio se ha transformado en un centro de operaciones y de movimiento de capitales controlados por el crimen organizado, y los países del SICA (Sistema de Integración Centroamericana) apoyan la idea de reproducir la misma estrategia fracasada del combate al narcotráfico adoptada en Colombia y en México. En estos países, la salida militar no sólo no ha resuelto el problema, sino que lo ha profundizado”, manifestó Jorge Coronado, miembro de la Comisión Nacional de Enlace Costa Rica.
En Costa Rica el ejército fue abolido en 1948. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado la “militarización” de la Policía y la compra de armamento y de unidades de despliegue rápido. Hasta se aplicó un nuevo impuesto a las sociedades anónimas para financiar el Ministerio de Seguridad Pública.
Coronado explicó que los efectivos policiales están siendo entrenados por el Mossad (Servicio de inteligencia y contraespionaje israelí), los carabineros chilenos y los cuerpos especiales del ejército colombiano y mexicano. Además, la DEA financia toda el área de seguridad pública y, junto con los asesores de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), participa en cada operativo. “Estamos al borde de una escalada de la militarización y la violencia, listos para abrir las compuertas para que se desate una guerra regional”, alertó el experto costarricense.
En el Triángulo Norte – Guatemala, Honduras y El Salvador – la DEA ha tomado el control de los operativos antinarcóticos. “Se hace acompañar por efectivos nacionales justo para darle una apariencia de legitimidad a las operaciones encubiertas. Nadie sabe de verdad lo que está pasando en estas zonas remotas del país”, manifestó el sociólogo guatemalteco Gustavo Porras Castejón.
Gustavo Porras Castejón. Fotografía de Giorgio Trucchi
Según él, el reposicionamiento militar de EUA en la región responde también a otros intereses, como, por ejemplo, la preocupación ante procesos de fortalecimiento y unidad de los países latinoamericanos. El proyecto de creación del CDS(Consejo de Defensa Sudamericano), un mecanismo de cooperación e integración militar impulsado por el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y asumido en 2008 por la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas), sería, por ejemplo, uno de los elementos fundantes de la decisión de EUA de instalar 7 bases militares en Colombia, así como de reforzar sus operaciones navales en Panamá y lanzar una escalada militarista en Centroamérica.
“En definitiva, el combate al narcotráfico y al crimen organizado revela la hipocresía de EUA. Con su política de seguridad está facilitando nuevos procesos de militarización, desplaza a los cárteles hacia nuestros países y aleja los problemas de su territorio. Allá nadie está haciendo nada para combatir el consumo y la narcoactividad”, expresó María Silvia Guillén, ex comisionada de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y directora ejecutiva de la FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho).
En el caso de El Salvador, Guillén alertó sobre la militarización de las instituciones salvadoreñas. “Los militares han tomado los puestos claves de la seguridad pública. Ya tenemos a dos generales en retiro controlando el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía Nacional Civil (PCN). Eso violenta abiertamente la Constitución y los Acuerdos de Paz”, afirmó. La directora del FESPAD denunció incluso un repunte de las ejecuciones extrajudiciales en el país, con el involucramiento directo de las Fuerzas Armadas. “Estamos volviendo al pasado”, dijo.
María Silvia Guillén, directora del FESPAD. Fotografía de Giorgio Trucchi
En Panamá, el ejército fue abolido después de la invasión de 1989 y las bases militares norteamericanas cerradas después de la entrega del Canal a las autoridades panameñas en el año 2000. Sin embargo, la presencia militar norteamericana no ha desaparecido. Antes bien está teniendo un repunte nunca antes visto.
En efecto, durante los últimos años, se ha registrado un incremento desmedido de los patrullajes aéreos y navales, las maniobras militares conjuntas (Panamax) y de la participación norteamericana en retenes en todo el país. Hasta se les ha otorgado jurisdicción a los guardacostas estadounidenses sobre buques con bandera panameñas.
“En los últimos tres años se han gastado 1500 millones de dolares en compra de armamento y el presupuesto de la Policía ha crecido en 550 millones. Además, se están creando 14 bases aeronavales que estarán orientadas a favorecer la política de seguridad impulsada por EUA”, dijo Silvestre Díaz, directivo nacional del FRENADESO (Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales).
Para muchos, la remilitarización de la región centroamericana es parte del gran negocio de la venta de armas. En 2011 las exportaciones de armas de EUA se han triplicado, alcanzando la cifra récord de 66.3 mil millones de dólares. Según Andrew Shapiro, secretario adjunto de Estado para Asuntos Políticos-Militares, el complejo militar-industrial estadounidense vendió un 78% de las armas del mundo. En junio de 2012, Estados Unidos ya había sobre pasado los 50 mil millones de dólares en venta de armas al extranjero.
El caso Nicaragua
Si bien Nicaragua ha mostrado, en los últimos años, un ligero aumento del presupuesto del Ejército y la Policía, y ha anunciado la puesta en operación de un nuevo batallón de tropas navales en la Costa Pacífica y un destacamento antidroga “de aguas interiores” de la Fuerza Naval en el río San Juan, en el extremo sureste del país, su participación a la lucha contra la narcoactividad y el crimen organizado sigue teniendo matices muy particulares.
“El combate a la droga hay que analizarlo según la forma en que cada país lo asume. El modelo nicaragüense es muy efectivo y no deja secuelas porque nuestro Ejército y nuestra Policía nacen con la revolución sandinista, de las mismas entrañas del pueblo, y están profundamente enraizados en la comunidad y con su gente”, señaló a Opera Mundi el ex presidente del Parlamento Centroamericano y actual diputado sandinista, Jacinto Suarez.
En efecto, el modelo policial preventivo, proactivo y comunitario, junto con la efectividad del ejército nacional, no sólo está dando resultados muy concretos y representa un muro de contención contra la narcoactividad, sino que está siendo estudiado en toda América Latina.
Desde que el líder sandinista Daniel Ortega asumió la presidencia de Nicaragua, el nuevo gobierno tomó una posición muy clara sobre cuál debía ser el rol de EUA en el país, con respecto al combate al narcotráfico. “Luchar contra el narcotráfico no significa que ahora venga la DEA a querer establecerse aquí con sus bases, sus helicópteros, sus tropas. ¡Bajo ningún punto de vista! Por eso tenemos nuestro ejército nacional y nuestra policía que van a llevar en la práctica las operaciones contra el narcotráfico”, dijo el presidente Ortega a los pocos meses de haber asumido el mandato, en 2007.
“Con la DEA vamos a tener un trabajo de cooperación, pero con mucho cuidado. No podemos ser ciegos con la DEA, porque ellos tienen sus intereses que van mucho más allá de la lucha contra el narcotráfico. Por principio, no permitiremos que vayan metiendo sus tropas en nuestro territorio, porque ya se han descubierto cosas terribles en esas operaciones de la DEA”, sentenció Ortega.
El actual proceso que se está llevando a cabo en Nicaragua contra el empresario nicaragüense Henry Fariñas, el ex magistrado electoral Julio Cesar Osuna y otras 22 personas, así como la detención de los 18 falsos periodistas de la cadena mexicana Televisa, detenidos con más de nueve millones de dólares en un puesto fronterizo con Honduras, es un ejemplo claro de la efectividad del modelo nicaragüense.
Fariñas es acusado de lavar más de nueve millones de dólares, de tener vínculos directos con los cárteles mexicanos y con el costarricense Alejandro Jiménez, alias “El Palidejo”, principal sospechoso de ser el autor del atentado contra Fariñas, en el que perdió la vida el cantor y compositor argentino, Facundo Cabral.
Saqueo de recursos
Sembrar incertidumbre y miedo en las poblaciones que se encuentran bajo fuego cruzado, desplazándolas de sus territorios para abrir paso a la explotación de valiosos recursos naturales del suelo y del subsuelo, es la acusación que varias organizaciones centroamericanas dirigen contra la estrategia del combate a la droga impulsada por EUA.
“Lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Estados Unidos, junto con las oligarquías locales y los intereses transnacionales, están implementado una estrategia militarista para saquear nuestros recursos, apropiarse de nuestro territorio, cambiar nuestra cultura”, explicó Bertha Cáceres, coordinadora nacional del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).
Bertha Cáceres, coordinadora nacional del COPINH. Fotografía de La Voz de los de Abajo
“Los pueblos indígenas y negros estamos siendo criminalizados, estigmatizados y asesinados. De esa manera quieren desplazarnos de las zonas donde abundan los recursos naturales”, aseveró.
Para ella, la escalada militarista es parte de la dominación económica y política que sufre la región centroamericana. “La violencia es producto de la injusticia y la desigualdad social. No es más que un eje del sistema político-económico neoliberal impuesto por EUA a los países centroamericanos”, amplió.
Ethlen Erlinda Wood, coordinadora de la organización Ecos de la Mosquitia, expresa su profunda preocupación ante el reiterado hostigamiento de parte de los cuerpos especiales que operan en esta zona remota de Honduras. “Después de la masacre del 11 de mayo en Ahuas, las tropas hondureñas y los agentes norteamericanos siguen maltratando a los civiles y violentando los derechos del pueblo miskito. Todos nos hemos vuelto sospechosos de algo y es una carga psicológica muy pesada. Ya nadie se siente seguro y nuestra forma de vida está cambiando. Vamos a exigir el retiro inmediato de todas las bases militares ‘gringas’ del territorio miskito”, aseguró Wood.
Para los pueblos garífunas hondureños, el acaparamiento de sus tierras y la expulsión de sus territorios es el resultado de la voracidad de los poderes fácticos que controlan el país y del capital transnacional, para desarrollar en toda tranquilidad los megaproyectos hidroeléctricos y turísticos, implementar la explotación minera y extender el modelo de monocultivos a gran escala. “Y si los militares y los policías no son suficientes, hay un ejército de guardias de seguridad privada fuertemente armados y sin control, preparados para defender a sus patrones hasta las últimas consecuencias”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña).
Criminalización de la protesta
En este contexto de convulsión social, la lucha impulsada por varias organizaciones sociales y populares para contrarrestar la que consideran “una escalada militarista y saqueadora”, está siendo brutalmente criminalizada y reprimida.
Uno de los elementos usado para “apretar la tuerca” contra los movimientos sociales es el uso, cada vez más frecuente, de efectivos militares para cumplir con tareas de seguridad pública. En los países del Triángulo Norte, los Parlamentos han legislado para otorgar al ejército funciones que son propias de la policía.
“Hay una persecución sistemática en contra de los dirigentes comunitarios y los líderes de la protesta. Lo hemos visto en Santa Cruz Barilla, en San Juan Zacatepeque, en Nebaj y en todos los lugares donde la población se ha organizado para combatir los megaproyectos y la minería. Sólo por el hecho de estar protestando y de denunciar que nadie los está tomando en cuenta, el gobierno acusa a los movimientos de delincuentes y terroristas”, dijo Juan Pablo Ozaeta, investigador del CER Ixim (Colectivo de Estudios Rurales) de Guatemala.
En esta lucha contra la explotación de recursos de parte de las grandes transnacionales norteamericanas y europeas ya han sido asesinadas varias personas. Además, fue denunciada la violación sistemática de los derechos humanos, como producto de la creciente militarización y el uso de nuevas técnicas de inteligencia militar para interceptar e identificar liderazgos comunitarios.
En Panamá, la aprobación de leyes antisociales ha generado una fuerte reacción de parte de la población. La represión policial contra los trabajadores bananeros en Bocas del Toro y el pueblo Ngöbe Buglé en Chiriquí, ha dejado un saldo de muertos y heridos. Por el uso ilegal de perdigones hay decenas de trabajadores del banano que han quedado ciegos.
“El pueblo ha salido a las calles de manera combativa reclamando sus derechos y la respuesta ha sido más represión. Todo eso en el marco de una política de seguridad para supuestamente combatir el narcotráfico, pero que al final es utilizada para reprimir la protesta social”, subrayó Silvestre Díaz.
Díaz explicó que la creación de unidades especiales relacionadas con el SENAFRONT (Servicio Nacional de Fronteras) ha servido sobre todo para reprimir a la población. “Todos estos nos lleva a recuerdos muy tristes que pensábamos se habían quedado en el pasado”, dijo.
Más Estado y menos militarización
Según amplios sectores de las sociedades centroamericanas no es con la militarización, ni con la violencia que se resuelve el grave problema de la narcoactividad y el crimen organizado. Durante el Foro “Fortalecimiento de las instituciones democrática”, Carmen Rosa Villa, representante regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunció en contra de que el Estado aplique “mano dura” para combatir la delincuencia. “El Estado debe recuperar su rol social, que ahora está en manos del crimen organizado, y los gobiernos deben aplicar políticas preventivas de los factores de riesgo de la violencia, atacando las raíces del problema como son la falta de educación y empleo”, dijo.
Según Francisco Dall’Anese, ex fiscal general de Costa Rica, la falta de oportunidades y el desinterés hacia una adecuada distribución de la riqueza han llevado la región a esta situación. “En estos espacios donde el Estado no brinda servicios, no resuelve los problemas de vivienda, de salud, de educación, de trabajo, viene el crimen organizado y les da a los ciudadanos todo lo que necesitan. Esos grupos sociales terminan dando legitimidad a quienes les trajeron esperanza y comida”, explicó.
También para Jorge Coronado, resolver los problemas de pobreza y exclusión social es la única forma para atacar, desde sus raíces, las causas estructurales que hacen que cada vez más sectores se incorporen al narcotráfico y al crimen organizado. “El caldo de cultivo está en los grandes cordones de miseria que existen en los países centroamericanos. Como movimientos sociales tenemos el gran reto de profundizar nuestra análisis para contraponerla a la propuesta dominante de la militarización y la violencia”, manifestó Coronado.
Paralelamente a las problemáticas sociales, el combate a la corrupción y a la penetración de las instituciones, así como el fin de la impunidad parecen ser otras de las medidas urgentes y necesarias para luchar contra el crimen. “Necesitamos fortalecer la institucionalidad del Estado y revisar el funcionamiento de las instituciones, de tal manera que tengamos claro al servicio de quiénes están, es decir si de la criminalidad organizada o de los intereses nacionales”, sugirió María Silvia Guillén.
La ex comisionada de la CIDH explicó que los gobiernos deben llenarse de soberanía. “En vez de estarles cuidando las fronteras a los Estados Unidos debemos de cuidar los intereses de cada uno de nuestros países”, sentenció.
Para la dirigente garífuna Miriam Miranda, hay una política hipócrita contra el narcotráfico. “El crimen organizado ha penetrado las instituciones. Todo el mundo lo sabe y nadie hace nada. Prefieren criminalizar a los pueblos, hostigarnos, diezmarnos, preparando las condiciones para abrir las puertas al capital transnacional”.
Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH. Fotografía de Giorgio Trucchi
Además, son muchos los que opinan que el verdadero problema no radica en Centroamérica, sino en el Norte. “Por mucha voluntad y capacidad que se tenga, el problema no lo vamos a resolver nosotros. Los cárteles no terminan al llegar a la frontera con EUA, porque allá hay quién recibe, transporta y distribuye la droga. Allá está la demanda y los consumidores. ¿Qué está haciendo EUA para desarticular estos grupos y combatir el consumo?”, se preguntó Jacinto Suárez.
Una lucha que, definitivamente, debe ser consensuada y tiene que involucrar a la población. “Hay que involucrar a las comunidades, buscar estrategias junto con el pueblo, investigar a fondo los grupos económicos y de poder que están coludidos con este fenómeno. Si no se pone un alto a la impunidad, si no se ataca la pobreza y la miseria, si no se cambia el modelo económico fracasado que nos ha llevado hasta ese punto, no vamos a resolver nunca este problema”, concluyó la dirigente indígena Bertha Cáceres.
Se toma la traducción al español realizada por su mismo autor, Giorgio Trucchi, y publicada por el blog Nicaragua y más.
