The Economic Cost of Violence Containment

The Economic Cost of Violence Containment, the latest report from the Institute for Economics and Peace, calculates the cost of violence in over 150 countries around the world.

To find out more and to see how much violence costs each country, download The Economic Cost of Violence Containment Report

Recursos naturales y asociación para el desarrollo (Honduras)

Por Dr. H. Roberto Herrera Cáceres

Nuestra búsqueda del desarrollo es infructuosa porque seguimos vías equivocadas o ilusorias, cuando el camino verdadero es el que vincula la riqueza proveniente de los recursos naturales con el propósito o fin de nuestra organización estatal. Ya, desde 1825, el Sabio centroamericano José Cecilio del Valle nos recuerda, a todas las generaciones, lo siguiente: “El Gobierno que trabaja incesantemente en la conservación de la paz y la tranquilidad general de los pueblos, se ocupa con igual celo de su riqueza y prosperidad. Mira lo uno como calidad necesaria para gozar los bienes de la asociación política, ve en lo otro el objetivo final de esta misma asociación”.

Los recursos naturales son patrimonio del pueblo y, en consecuencia, los actos y contratos para su extracción y utilización deben ser transparentes; su exploración y explotación requieren ser racionales y ambientalmente sostenibles; y su producción aplicada a generar crecimiento económico inclusivo y bienestar nacional. Hacer o permitir lo contrario es mantener o facilitar corrupción, inestabilidad económica, conflictos sociales y daños ambientales y ecológicos, con grave perjuicio del mismo soberano de esos recursos.

Como se reafirma en la Visión de País y Plan de Nación para Honduras: “La conflictividad social alrededor del aprovechamiento, la protección y la conservación de los recursos naturales se ha acentuado durante la última década, siendo especialmente evidente en el sector hidro – energético, el sector forestal y la minería”. ”El uso de malas prácticas en el aprovechamiento de los recursos naturales del país, los enfoques de aprovechamiento con visión eminentemente extractiva, las deficiencias en los procesos de licenciamiento, supervisión y auditoría ambiental, así como la limitada participación social y comunitaria, hacen que el patrimonio natural del país vea limitada sus posibilidades de servicio al desarrollo económico y social y que se propicie, cada vez con mayor celeridad, un proceso de pérdida progresiva de calidad y valor que debe ser revertida”. Por lo que necesitamos apremiantemente valorizar nuestro patrimonio natural con el objetivo de: “Lograr un aumento significativo de la aportación económica y social de los recursos naturales a la reducción de la pobreza, el desarrollo humano y la generación de prosperidad para la sociedad hondureña”.

Se está promoviendo cada vez más las energías renovables, el resurgimiento de actividades mineras y el comienzo de la exploración que, en los años por venir, a nuestro juicio, será reveladora de la existencia de petróleo y gas en cantidad y calidad apropiadas para iniciar su producción comercial. Si actuamos con sabiduría, podremos así construir la plataforma de nuestro bienestar y progreso futuro.

Por ello, el Estado de Honduras debe ser previsor y, desde ahora, asegurar estratégicamente la buena gobernanza de esos recursos, con énfasis en aquellos cuya disponibilidad se reduce con la explotación, para que, en armonía con la naturaleza, se promueva y mantenga altos niveles de inversión; genere empleos vinculados con la industria extractiva y otros de importancia para el futuro de las comunidades; así como oportunidades de incorporar valor agregado nacional, fomentar la energía renovable y diversificar fuentes de trabajo e ingreso que sustenten el desarrollo local y nacional.

Hacer lo que se debe hacer en esa dirección implica, en consecuencia, el concurso activo, concertado y efectivo de buena gobernanza de los recursos, transparencia, inversión productiva, seguridad social, ambiental, jurídica y rendición de cuentas, con el fin de tener impacto positivo en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y desarrollo humano. Sinergia y efectividad que legitiman a todo Gobierno para tomar decisiones sobre la exploración y explotación de los recursos naturales con la determinación clara de avanzar sostenidamente hacia el objetivo constitucional de fortalecer y perpetuar el Estado de Derecho que asegure a los habitantes el respeto de su dignidad y bienestar económico y social.

Es así interés del pueblo soberano que esa interrelación esté presente en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor, desde la toma de decisión de realizar actividades extractivas en un marco ambientalmente sostenible, pasando por la negociación y conclusión de contratos o concesiones, la supervisión de la producción y de los pagos e ingresos provenientes de esas actividades, hasta la utilización de los mismos para promover el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo nacional sostenible.

Es ineludible mirar con ojos nuevos, descubrir y seguir esa ruta cierta que, para gobernantes y gobernados, es imperativa dado que conduce a atender la necesidades y dignidad de la población que es eje del desarrollo y fin o propósito de nuestro Estado de Derecho.

Hay que innovar y cambiar para poner fin a las malas prácticas y contraproducentes enfoques del pasado en la gestión de los recursos naturales y facilitar la buena gobernanza con la combinación de las potencialidades y cooperación solidaria de los diversos sectores del Estado y un mayor y activo esfuerzo de control ciudadano, reafirmando también, por este medio, la vigencia efectiva del Estado democrático de Derecho en Honduras.

En el ámbito nacional, la constitucionalidad, legitimidad y el fundamento socio – económico de esa verdad requieren impostergablemente de decisiones y políticas de Estado que retomen dicha ruta y que guíen realmente su implementación efectiva, mediante el impulso sostenido del Gobierno, Sector Privado y Sociedad Civil en asociación tripartita para el desarrollo de Honduras, con el apoyo complementario de la cooperación internacional.

En el ámbito regional, concurren igualmente esos elementos determinantes que se consignan en la Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica, en la cual “asumimos la responsabilidad para un mejor aprovechamiento y manejo eficiente de los recursos de nuestra región” y llamamos a un cambio de actitudes, políticas y acciones que permita redefinir “integralmente las relaciones entre la comunidad internacional y los países del istmo de manera mutuamente beneficiosa”.

    Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, febrero 2014.

Alianza del Pacífico crecería el doble que países Mercosur

De acuerdo con un informe revelado por Bbva Research, la Alianza del Pacífico crecería este año 3,8%. Cifra que sería el doble de lo que crecen los países del Mercosur en 2014 y 2015.

Al comparar el crecimiento que tendrá la región, se estima que América Latina crezca 2,5% en el presente año y 2,6% en 2015 con una progresiva diferenciación entre los distintos países.

El economista jefe de Bbva Research para América del Sur, Juan Ruiz señaló que, “respecto a hace tres meses, revisamos ligeramente al alza el crecimiento promedio de la Alianza del Pacífico hasta 3,8% en 2014 y 3,7% en 2015, mientras que el de Mercosur llegará hasta 1,5% y 1,8% respectivamente. Nuevamente serán los tres países andinos, Perú, Colombia y Chile los que -junto con Paraguay- presenten un mayor dinamismo en 2014 y 2015”.

Bbva Research señala que la retirada del estímulo por parte de la Reserva Federal (Fed) ya debería estar incorporada en el tipo de cambio de los países de la región.

La economista jefe del banco Bbva Colombia, Juana Téllez, afirmó que los cuatro países que integran la Alianza del Pacífico son lo que tienen más crecimiento en la región ya que tienen grandes perspectivas y se complementan entre sí.

“Estos países serán los que jalonen el crecimiento de la región durante los próximos años, entonces creemos que son un bloque muy importante de producción”, ratificó Téllez.

Según el informe “Situación Latinoamericana el inicio del tapering” por parte de la Reserva Federal no generó demasiados movimientos en los tipos de cambio y precios de activos que ya tenían incorporado ese movimiento.

La entidad financiera indicó que la región cuenta con buenos amortiguadores para enfrentar el tapering de la Fed y otros shocks externos.

“Existen una serie de elementos que reducen la vulnerabilidad de la mayor parte de países de la región frente a un shock externo como la reducción de la liquidez global”, agregó Ruiz.

A su turno, el analista de renta variable de Alianza Valores, Juan David Ballén, sostuvo que las economías de los cuatro países del bloque económico son sólidas, “se prevé que el crecimiento de estas economías se verá favorecido por la estabilidad en el precio de los commodities y por la devaluación que han venido tenido las monedas emergentes”.

Según Bbva Research el ciclo global mejora, con un mayor crecimiento y riesgo más equilibrados. El PIB mundial se acelera el 2,9% en 2013 a 3,6% en 2014 y 3,9% en 2015. De esta manera, una vez más se está consolidando la fuerza que tienen los países de la andinos sobre la región.

Productos agrícolas piden más atención de la Alianza
El presidente de Fedepalma, Jens Mesa, afirmó que aunque la Alianza del Pacífico como acuerdo de integración entre Chile, Perú, Colombia y México tenga una importancia geopolítica para el país, los resultados de la negociación podrían haber sido mejores para el sector agrícola en general y la industria de la palma. Mesa, aseguró que aunque en la práctica de la negociación de la cadena de semillas oleaginosas, aceites y grasas no generaría repercusiones en la práctica si constituye una preocupación. Estos son unos de los puntos que deberá discutir el bloque económico.

Las opiniones

Juana Téllez
Economista jefe del bbva Colombia
“Estos países serán los que jalonen el crecimiento de la región durante los próximos años, entonces creemos que son un bloque muy importante de producción”.

Juan David
Analista de renta variable alianza valores
“Se prevé que el crecimiento de estas economías se verá favorecido por la estabilidad en el precio de los commodities y por la devaluación de las monedas emergentes”.

Ángela María De La rosa
amrosa@larepublica.com.co

Fuente: http://www.larepublica.co/comercio-exterior/alianza-del-pac%C3%ADfico-crecer%C3%ADa-el-doble-que-pa%C3%ADses-mercosur_115626

La Inseguridad en Guatemala en búsqueda de una solución integral

Video producido por CABI (Central American Business Intelligence) para PNUD-Guatemala, presentado en el lanzamiento del Informe Regional de Desarrollo Humano sobre la Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. 

Este material es solo una parte del proyecto de documental que trabaja CABI  sobre la situación de inseguridad en Guatemala. 

Si desea apoyar este proyecto se puede comunicar con www.ca-bi.com

Índice de Seguridad Pública. Centroamérica:Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá (2013)

Editorial: RESDAL 2013

Buenos Aires, Argentina.

Esta publicación presenta información actualizada y organizada sobre la seguridad pública en Centroamérica, con los casos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.                                                       
La obra se basa en la recolección de datos disponibles, trabajos de campo y entrevistas con la diversidad de actores que intervienen en las diferentes fases de la seguridad. La sistematización de información aquí presentada busca poner "orden" en el "caos" y es una herramienta útil tanto para la investigación como para la toma de desición. Desarrolla el control político-institucional de la seguridad pública, la vinculación con el sector justicia, los organismos policiales, la actuación del Estado frente al delito, programas de prevención, presupuestos, la participación de las fuerzas armadas, seguridad privada, e información sumaria sobre la delincuencia y sus principales características.

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La participación ciudadana en América Latina

[condistintosacentos]

por Pablo Bandeira 

Para tratar de fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, los gobiernos de América Latina han llevado a cabo esfuerzos considerables por mejorar la transparencia de la información pública y por establecer nuevos mecanismos de participación en la elaboración de políticas públicas, fundamentalmente a nivel municipal. Respecto a lo primero, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Rep. Dominicana y Uruguay disponen actualmente de leyes nacionales de acceso a la información pública, la gran mayoría de ellas aprobadas en la última década (Vleugels 2011).

Access Info Europe y el Centre for Law and Democracy han elaborado un índice de calidad de las leyes nacionales de acceso a la información existentes a nivel mundial. En la gráfica 1 podemos observar que la calidad de las leyes latinoamericanas es en general suficiente, destacando positivamente las leyes de El Salvador, México, Nicaragua y Brasil, mientras que sólo suspende claramente la de República Dominicana.

No obstante, la existencia de una ley de calidad es un paso necesario pero nunca suficiente para que las reformas produzcan resultados tangibles en la práctica. En el caso particular del acceso a la información pública, otros requisitos necesarios son la presencia de una sociedad civil que demande activamente dicha información y la existencia de un estado de derecho, de una burocracia pública profesional y autónoma y de una serie de procedimientos administrativos que puedan garantizar una respuesta eficaz, eficiente e imparcial a dicha demanda.

En la gráfica 2 aparecen los índices de percepción de la transparencia de los gobiernos latinoamericanos elaborados y recopilados por el Foro Económico Mundial en 2012. Comparando los datos de las dos gráficas, podemos observar que existe una importante relación entre la calidad de la ley nacional de acceso a la información y la percepción ciudadana sobre la transparencia del Estado: los cuatro países con peor nota en transparencia no tienen una ley nacional de acceso a la información pública, mientras que los cuatro con mejor nota sí la tienen. No obstante, la relación no es perfecta: Nicaragua dispone de una ley de calidad según el indicador de la gráfica 1, pero suspende en cuanto a transparencia según el índice de la gráfica 2 (1). O países como Costa Rica tienen una razonable transparencia sin disponer de una ley nacional de acceso a la información pública.

La otra innovación notable en la región es el impulso que se está dando en muchos países a los denominados “mecanismos de participación ciudadana institucionalizada”. Según Cabannes (2006), el número de municipios latinoamericanos con presupuesto participativo pasó de 200 a más de 1.300 entre 2000 y 2006, sobre un total de 16.000 existentes. Además, países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Perú y Venezuela han aprobado leyes que obligan a los gobiernos subnacionales a establecer mecanismos institucionalizados de participación ciudadana para la aprobación -y en algunas ocasiones el seguimiento- de presupuestos y/o planes de desarrollo.

Los primeros estudios sobre participación ciudadana en América Latina se centraron en intentar demostrar sus efectos positivos sobre variables de tipo político y social como el aumento de la transparencia de las políticas públicas, de la satisfacción ciudadana con la democracia y de la redistribución de recursos hacia segmentos más pobres y marginados. Se trataba sobre todo de estudios de caso de experiencias positivas, la mayoría en Brasil (Abers 2000; Baiochi 2001; Wampler y Avritzer 2004).

No obstante, según han ido surgiendo estudios en otros países y de casos menos exitosos en Brasil, se ha vuelto cada vez más evidente que existen también potenciales efectos negativos como: la utilización de este mecanismo por parte del poder ejecutivo para neutralizar a los partidos de la oposición con representación en las legislaturas o plenos municipales; la “cooptación” o instrumentalización de las organizaciones de la sociedad civil; la disminución de eficiencia por el tiempo y recursos que se requieren para tomar decisiones; la desafección ciudadana cuando no ven realizadas sus demandas; o su falta de representatividad (Goldfrank 2007; Melo 2009).

Un aspecto clave consiste en conocer cuáles son los factores que condicionan el éxito de los mecanismos de participación ciudadana. En este sentido, los principales condicionantes parecen ser: (1) la aprobación del proceso por el Legislativo; (2) la presencia de una sociedad civil organizada, con autonomía y capacidad de movilización; (3) un diseño institucional flexible que favorezca la inclusión de todos los actores afectados, la vinculación formal de las decisiones tomadas y el acceso de todas las partes a la información relevante; y (4) suficiente capacidad administrativa y económica del gobierno para ejecutar adecuadamente los planes diseñados.

Como la presencia simultánea de todos estos factores no es sencilla de encontrar en los municipios latinoamericanos, los fracasos han sido más comunes que los éxitos, sobre todo en los países con menor desarrollo de sus instituciones públicas y que han establecido por ley la obligación de llevar a cabo estos procesos a nivel local con reglas rígidas (Goldfrank, 2007). Los mecanismos de participación ciudadana deben estar por lo tanto codiseñados y colegitimados por el Legislativo y la sociedad civil organizada. No puede ser un instrumento exclusivo del Ejecutivo para contrarrestar la oposición, tanto de otros partidos como de organizaciones civiles.

Notas

(1) En el caso de El Salvador, su ley de acceso a la información está clasificada como la de más alta calidad de la región, mientras que suspende en cuanto a la percepción de su transparencia. No obstante, esto se debe a que la ley se aprobó en 2011, por lo que en 2012 aún no había discurrido el tiempo suficiente para que tenga un efecto notable sobre la transparencia. Sin embargo, la ley de Nicaragua se aprobó en 2007 (Vleugels, 2011).

Referencias

Abers, Rebecca. 2000. Inventing Local Democracy: Grassroots Politics in Brazil. Boulder (Colorado): Lynne Rienner.

AIE y CLD. 2012. Global Right to Information Rating. Madrid y Halifax: Access Info Europe y Centre for Law and Democracy.

Baiocchi, Gianpaolo. 2001. “Participation, Activism, and Politics: The Porto Alegre Experiment and Deliberative Democratic Theory”. Politics & Society, 29 (1): 43-72.

Cabannes, Yves. 2006. “Les budgets participatifs en Amérique Latine”. Revue Mouvements 47-48: 128-139.

Foro Económico Mundial. 2012. The Global Competitiviness Report 2012-2013. Ginebra: Foro Económico Mundial.

Goldfrank, Benjamin. 2007. “Lessons from Latin American Experience in Participatory Budgeting”. En Shah, A. (ed.) Participatory Budgeting. Washington D.C.: Banco Mundial.

Melo, Marcus. 2009.”Democratizing Budgetary Decisions and Execution in Brazil: More Participation or Redesign of Formal Institutions?” En Peruzzotti, E. y Selee, A. (eds.) Participatory Innovation and Representative Democracy in Latin America. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Vleugels, Roger. 2011. “Overview of all FOI laws“. Fringe Special 9 de Octubre de 2011.

Wampler, Brian y Avritzer, Leonardo. 2004. “Participatory Publics: Civil Society and New Institutions in Democratic Brazil”, Comparative Politics 36 (3): 291-312.

Fuente: http://www.condistintosacentos.com/la-participacion-ciudadana-en-america-latina/ 

Colombia explica su ‘Diplomacia para la Seguridad’ en el foro de expertos de Canadá

Infodefensa.com

(Infodefensa.com) E. Saumeth, Bogotá – Durante la celebración del Foro de Seguridad Internacional, que tiene lugar estos días en la ciudad de Halifax,Canadá, el Ministerio de la Defensa Colombianoha estado representado a través de la intervención de la viceministra de la Defensa para la Estrategia y Planeación, Diana Quintero. Quintero participa en este encuentro desde el sábado y hasta hoy lunes.

La doctora Quintero expuso en su ponencia un completo informe de la estrategia colombiana denominada Diplomacia para la Seguridad, ante un destacado panel de expertos mundiales en temas de seguridad y defensa. El informe revela los avances que esta nación ha tenido como referente regional en materia de cooperación y de lucha contra el crimen organizado transnacional.

En el citado evento ha participado también el Ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón Bueno, que ha sido el primer representante colombiano que ha intervenido en esta edición. Cabe añadir que, bajo la modalidad de cooperación triangular con Canadá, Colombia ha brindado capacitación a 529 funcionarios de organismos de seguridad de Honduras y 729 de Guatemala.

Fuente: http://www.infodefensa.com/latam/2013/11/25/noticia-colombia-explica-diplomacia-seguridad-expertos-canada.html